Brecha Digital

A la deriva y sin postores

“Estas diarreas son consecuencia de aquellos cólicos.” Tal era la gráfica conclusión de un docente grado 4, considerado como un incisivo analista político, que la noche del miércoles, poco después de finalizada la conferencia de prensa del ministro de Transporte, Enrique Pintado, comentaba con varios de sus colegas la impactante decisión de suspender la anunciada subasta de los siete aviones Bombardier de Pluna sa, que le permitiría al gobierno hacer frente a la deuda con el Scotiabank de Canadá por 136 millones de dólares.
El catedrático se refería a tres decisiones que a su juicio desembocan inevitablemente en el desespero presente: la elección del empresario Matías Campiani como socio del Estado en la privatización de Pluna; la decisión de otorgar una garantía del 100 por ciento del préstamo que Campiani había obtenido en el Scotiabank (con lo que se encubría el falso anuncio de que el argentino invertiría 177 millones de dólares); y la abrupta suspensión de todas las actividades de la aerolínea cuando, cinco años después, la señales indicaban que el empresario estaba haciendo las valijas.
Nada de lo que se hizo tiene explicaciones suficientes y transparentes: así como ahora se refuerza la impresión de que en el proceso de privatización a comienzos de 2007 el entonces ministro de Transporte Víctor Rossi estaba pintado (y sí, la referencia es intencional), es cada vez más robusta la convicción de que todo el paquete fue elaborado por el entonces ministro de Economía, y hoy vicepresidente, Danilo Astori.
La reciente respuesta de las autoridades de Pluna Ente Autónomo a un pedido de información solicitado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) introduce –aunque con cuentagotas– nuevos elementos para acceder a la verdad de toda esta historia, que resulta incomprensible porque se mantienen ocultas las intenciones y los objetivos. Entre muchas otras cosas (véase recuadro) el Cainfo quería saber “cuál fue la comisión abonada por el Estado a las consultoras Ficus y cpa Ferrere por el asesoramiento y otras tareas realizadas en torno a la asociación de Pluna”. La respuesta fue contundente: “No existe registro en Pluna Ente Autónomo de contratación o pago de la consultora indicada (y del estudio indicado) por ningún concepto”. Como se sabe, Ficus (y en especial su ejecutivo Paul Elberse) fue la que sugirió a Matías Campiani como futuro socio del Estado; y cpa Ferrere asesoró en la ingeniería que vinculó a la fábrica Bombardier y al banco Scotiabank con Pluna y que culminó, en principio lateralmente, con la adquisición del Nuevo Banco Comercial por parte de la institución que extendía a Pluna un crédito de 177 millones de dólares gracias a la garantía del Estado uruguayo.
Como la verdad se organiza cual las capas de una cebolla, se daba por hecho que el protagonismo del ministro Astori en la contratación de asesores (que al final resultaron determinantes) se había reducido a sugerir a las autoridades de Pluna Ente Autónomo que tomaran contacto con el señor Elberse; pero ahora se sabe –según la información brindada por una fuente de Pluna– que la contratación de Ficus y de cpa Ferrere fue hecha por el propio ministerio, de modo que allí está la información sobre el cuándo, el cómo y el cuánto, que Pluna Ente Autónomo no pudo ofrecer y que arrojaría más luz sobre los aspectos oscuros de esta historia.
En realidad, la dilucidación de aquellas decisiones iniciales son elementos clave para comprender algunos de los problemas más graves que enfrenta el gobierno, y para ofrecer explicaciones sobre el porqué de la suspensión de la subasta. El estallido de la crisis de julio dejó al gobierno sin línea aérea y con el peludo de regalo de siete aviones y una deuda de 167 millones de dólares (que representa el saldo de la deuda inicial de 177.014.248,90 dólares), lo que incidentalmente resultaba una ironía, porque en 2007 el Estado no quería saber más nada de administrar una aerolínea y menos aun asumir pasivos.
NI POR CIEN MILLONES. La solución concebida por los ministerios de Economía y de Transporte consistió en organizar una subasta cuyo piso era el monto de la deuda, y que ofrecía las frecuencias que controla el Estado a modo de incentivo para la puja. En caso de que se diera esa competencia, el gobierno estaba dispuesto a extender, nuevamente, la famosa garantía, ahora por el 100 por ciento del saldo, con lo que el nuevo escenario sería similar al de 2007, pero sin Campiani.
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