Difícil para sagitario

El lunes 11 Venezuela confirmó su salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh) y su denuncia de la Convención Americana. “Tenemos bastantes argumentos para justificar” esa decisión, dijo ese día el presidente Hugo Chávez. Y arremetió contra un organismo al que considera “un brazo del imperio para agredir a Venezuela”. Ya hacía meses que Caracas anunciaba el portazo. En mayo, en una reunión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), en Colombia, el canciller Nicolás Maduro había considerado a los organismos que integran el sistema (la Comisión, basada en Washington, y la Corte, establecida en San José de Costa Rica) como “controlados por una mafia”, y había llamado al resto de los países latinoamericanos a “desmontar el dispositivo” para dar lugar “a algo distinto”, integrado a la propia Unasur, y no a la oea. Venezuela había sido acompañada en el pedido por Bolivia y Ecuador, sus socios en la Alianza Bolivariana (Alba), que también integran Cuba y Nicaragua, y a la lejanía también por Brasil. Pero ni Quito ni La Paz, y menos que menos Brasilia, han anunciado su pronta salida del sistema. Al menos –así lo remarcó Ecuador– hasta que no “estén maduras las condiciones” para su remplazo por otro nuevo. El gobierno de Rafael Correa se propone “dar batalla” en todas las instancias regionales “adecuadas” para “ir hacia ese objetivo” y “reformarlo”, según dijo el canciller Ricardo Patiño. En junio, la eventual reforma del sistema interamericano de derechos humanos fue justamente uno de los temas planteados por Ecuador, Venezuela y Bolivia en la Asamblea General de la oea. Nada se resolvió allí, pero el Consejo Permanente del organismo quedó encargado de “recabar iniciativas”.
Lo que básicamente sostienen sobre todo Venezuela y Ecuador es que el sistema interamericano está siendo “manipulado” contra los gobiernos de izquierda de la región. No directamente por Estados Unidos –que no ha firmado la Convención Interamericana ni reconoce la competencia de la Corte– sino por “poderes fácticos y organizaciones supuestamente independientes pero afines al imperio”, según dijo un jerarca venezolano. El gobierno de Correa reprocha por ejemplo a la Comisión que haya dispuesto medidas cautelares para suspender la decisión de la justicia ecuatoriana de condenar a tres años de prisión y una multa de 40 millones de dólares a tres directivos y un ex editor del diario El Universo, sentenciados por “injurias” por haber tratado al presidente ecuatoriano de “dictador”. La Comisión levantó esas medidas cautelares luego de que Correa pidiera a la justicia de su país anular la condena.
Los reproches de Venezuela son múltiples. Los últimos tienen que ver con un pedido de la Comisión de investigar la probable masacre de un grupo de indígenas yanomani por buscadores ilegales de oro brasileños (garimpeiros). Organizaciones de los yanomani denunciaron que dos meses atrás un grupo de garimpeiros bombardeó y ametralló desde helicópteros una aldea en la que vivían 80 personas que se resistían a abandonar sus tierras. Dicen también los indígenas que el gobierno no los protege, a pesar de haber firmado con ellos un convenio en ese sentido. “La Comisión ya condenó a Venezuela. Califica de manera previa y se suma a las campañas internacionales contra el país”, dijo Maduro. “Esta inefable comisión, sin tener ninguna prueba, ya está exigiéndole al gobierno que investigue la masacre, ya la da por un hecho”, declaró por su lado Chávez. Los militares venezolanos aseguraron haber ido al lugar y no haber encontrado rastro alguno de ataque.
Otro signo de “acoso” contra su país Chávez lo vio en la reciente decisión de la cidh de responsabilizar a Venezuela de “tratos inhumanos” al opositor Raúl Díaz Peña durante los años que éste pasó detenido por haber atacado con bombas a las embajadas de Colombia y España, antes de fugarse y huir hacia Estados Unidos.
Los reproches de Brasil tienen que ver con decisiones de la Corte respecto a violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura y con otras referidas a la protección de los derechos de comunidades nativas amenazadas por la construcción de centrales hidroeléctricas. En 2010 la Corte condenó al Estado brasileño por su responsabilidad en la desaparición forzada de 70 integrantes de la llamada “guerrilla de Araguaia”, en los setenta. Y en ese mismo falló declaró nula e incompatible con la Convención Americana la ley de amnistía aprobada bajo la dictadura. Bajo la gestión de Lula, el gobierno brasileño resolvió sin embargo no tocarla.
En junio pasado, al margen de la asamblea de la oea en Bolivia, una treintena de ong llamaron a los gobiernos a “no atropellar” a los organismos regionales de derechos humanos, y a “reafirmar los principios de independencia y autonomía” de estas instituciones. Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, se “alarmó” por “los intentos sin precedentes de destruir a la cidh” que había “presenciado” en el encuentro. Y mencionó a Brasil entre los “atacantes”.
En Página 12 (7-VIII-12), el embajador Guilherme de Aguar Patriota, miembro de la Asesoría Especial de la Presidencia de Brasil, negó que su país persiga otro objetivo que no sea “mejorar el funcionamiento de la Comisión” e ironizó sobre la postura de Washington. “Estados Unidos no posee un marco regulatorio que defina la incorporación de las decisiones de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos a instancias domésticas, y ello a pesar de que no es inmune a las actividades de la cidh. En diversas ocasiones la Comisión se manifestó públicamente. Lo hizo, por ejemplo, sobre la detención indefinida y sin juzgamiento de presos en Guantánamo. El 5 de agosto de 2011 la cidh aprobó una resolución exhortando al gobierno de Estados Unidos a cerrar la prisión. Sin embargo, en general las resoluciones y las medidas cautelares emitidas por la Comisión siguen sin ser acogidas por Estados Unidos. (…) Como potencia militar que es, tanto en el plano interno como en el internacional enfrenta un creciente cuestionamiento respecto de la práctica de sumarios y ataques letales, sin juzgamiento y con efectos colaterales imprevisibles, por parte de vehículos aéreos no tripulados en áreas de conflicto bélico, como la frontera entre Pakistán y Afganistán.”