El peso de los más fuertes

El país se encuentra en una encrucijada política respecto de cuál será la postura que asumirá ante la compleja situación que atraviesa el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. Brasil y Venezuela están enfrentados a la Comisión y a la Corte interamericanas y esto puede incidir en la posición uruguaya. Organizaciones civiles se unen para evitar que el gobierno acompañe un debilitamiento de los mecanismos actuales.

 

Por un lado, el Estado uruguayo siempre ha apoyado la autonomía e independencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), organismo creado por la Organización de Estados Americanos (oea) hace medio siglo (véase recuadro).
De hecho, en el mes de enero, unas semanas después de que se conociera el informe del Grupo de Trabajo de la oea sobre el Fortalecimiento del Sistema Interamericano, la diplomacia uruguaya bregó por que los cambios no incluyeran limitaciones a los órganos del sistema que pudieran coartar sus posibilidades de actuación en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos. Una actitud similar adoptaron Costa Rica y Panamá, pero otros fueron protagonistas de un sugestivo silencio.
Ya para la Asamblea General de la oea, desarrollada en junio, Uruguay llevó una postura más laxa y esgrimió su disposición a negociar las modificaciones propuestas por el Grupo de Trabajo para el funcionamiento de la Corte Interamericana, de la cidh y de sus órganos más relevantes: por ejemplo, mayores requisitos para la admisión de casos, más posibilidades procesales para archivar una demanda, restricciones para la aplicación de medidas cautelares a cumplir por los estados, mayor énfasis en las soluciones amistosas que en los juicios, y profundas limitaciones al trabajo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, entre otros aspectos.
Si bien Uruguay se define desde el siglo xix como un país independiente de todo poder extranjero, esto se vuelve muy relativo a la hora de las negociaciones internacionales en las que se mezclan los intereses políticos y económicos de otros gobiernos que por su tamaño, riqueza o poderío comercial, resultan indispensables para un pequeño país sudamericano que necesita de las buenas relaciones con sus vecinos ricos del barrio.
Son notorias las desavenencias con la Corte Interamericana por parte de Brasil y Venezuela –el gobierno de Hugo Chávez se ha retirado del sistema interamericano de derechos humanos–, por nombrar dos de los países de especial importancia para Uruguay en cuanto al comercio internacional y a la inversión en el país. Pero también Ecuador ha sido protagonista de un enfrentamiento con el organismo. Todos los casos se vinculan a fallos o resoluciones que fueron interpretados por los gobiernos de estos países como ataques a la soberanía nacional, ya sea por razones políticas o económicas.
La presidenta Dilma Rousseff se molestó porque la cidh ordenó al Estado de Brasil la medida cautelar de detener la megaconstrucción de un sistema de 60 represas en la Amazonia, en virtud de los perjuicios que las obras podrían causar a las tribus indígenas locales y al ambiente.
La mandataria impulsó esta idea desde que era ministra en el período del presidente Lula da Silva, como una de las iniciativas energéticas más importantes para Brasil. Estaba previsto que la primera de estas enormes represas –la tercera más grande del mundo, con un costo de cerca de 11.000 millones de dólares–, a construirse en Belo Monte, quedara inaugurada en 2015. El gobierno brasileño entiende que la cidh entorpece el desarrollo del país en tanto este proyecto generaría más de 18 mil puestos de trabajo y electricidad para 23 millones de hogares.
Un tribunal brasileño entendió que la cidh tenía potestades para aplicar esta medida cautelar, pero un juez acaba de señalar lo contrario. El gobierno brasileño está buscando la forma de seguir adelante con su gran proyecto y eludir el mandato de la cidh de manera elegante. Quizá una forma de hacerlo sea modificando el funcionamiento del sistema interamericano. Algo similar sucede con el gobierno de Chávez, que ha acusado a la Corte Interamericana de actuar en “complicidad con la política de Washington de protección de los terroristas que atentan contra los pueblos libres” y de agredir a Venezuela “por atreverse a ser libre”. Esto porque la Corte condenó al Estado venezolano por violar los derechos humanos de un individuo que atentó contra el gobierno de Hugo Chávez y fue encarcelado en Caracas. En el caso de Rafael Correa, el juicio millonario que le inició y ganó en su país contra un medio local opositor fue considerado atentatorio contra la libertad de expresión por la Comisión Interamericana (véase nota aparte).

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