“Hoy se incide en la vida real de la gente”

Los estados quieren cambios en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Pero estas modificaciones, bajo el título de “fortalecimiento” de los mecanismos, pueden servir para quitarle dolores de cabeza a los gobiernos –que son condenados o deben cumplir con una medida cautelar– en detrimento del derecho de las víctimas a recibir respuestas eficaces a sus demandas. Se pretende limitar las potestades de la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión e incluso terminar con el sistema creado en la oea para refundar otro en la Unasur.

Por estos asuntos Brecha requirió la opinión de Tojo, directora del Programa para Bolivia y el Cono Sur del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). Es una especialista conocida en Uruguay por haber participado del proceso que determinó la condena de la Corte Interamericana en el caso Gelman.

 

—¿Cuáles son los procesos que están planteados para la reforma del sistema interamericano de derechos humanos?
—El proceso de reforma tiene dos espacios a nivel internacional. Uno es el espacio político de los órganos de la oea, cuyo documento de referencia es un informe que emite, a principios de 2012, un grupo de trabajo sobre fortalecimiento del sistema interamericano, con varias áreas de recomendaciones. En la Asamblea General de Cochabamba se aprobó una resolución que le exige a ese grupo de trabajo que debe elaborar propuestas para la implementación de las recomendaciones del informe. En forma paralela, se realiza otro proceso de reforma por parte de la Comisión Interamericana, que si bien tiene en cuenta las áreas de recomendaciones del informe del grupo de trabajo de la oea, lanza un camino propio de consultas para llegar a una propuesta en relación con aquellas recomendaciones. Por todo esto, aún no hay posiciones alcanzadas respecto de cuáles serán las modificaciones.
—¿Cuáles serían los riesgos para la defensa de los derechos humanos de llegar a adoptarse ciertos cambios en la aplicación de las medidas cautelares que hoy puede ordenar la cidh a los estados demandados?
—Hoy las pautas para aplicar las medidas cautelares están previstas en el reglamento de la cidh, porque los estados se habían quejado de que no había criterios claros para la aplicación de esas medidas. Pero incluso ahora algunos estados desconocen que la Comisión Interamericana puede aplicar medidas cautelares.
—Usted se refiere, por ejemplo, al caso de Brasil, donde el  Poder Judicial ha dictaminado que no debe cumplirse con la medida cautelar dispuesta por la cidh, que implica la paralización de la megaconstrucción de represas en la Amazonia.
—Sí, pero los tribunales locales no pueden decidir si un país cumple o no con las medidas cautelares dictadas por la cidh, porque el Estado es el que ha escogido someterse al escrutinio de un organismo internacional, entonces queda obligado a cumplir con lo que ese organismo –en este caso la cidh– le ordena.
—La justicia brasileña pone en tela de juicio que la cidh pueda dictar medidas cautelares.
—Claro, esa es la discusión, porque algunos estados entienden que la cidh no puede aplicarlas al no estar incorporadas a la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero, entre otros argumentos jurídicos, las medidas cautelares corresponden aunque no aparezcan en la Convención, porque se debe aplicar la lógica de la protección internacional de los derechos humanos. Lo central es que frente a la necesidad urgente de protección de un derecho que está en riesgo de ser violado de forma irreparable, la respuesta adecuada es la aplicación de una medida cautelar, y el Estado debe cumplirla porque es la única manera de que el recurso internacional presentado por los eventuales damnificados tenga un efecto útil.
—El grupo de trabajo recomienda en su informe profundizar la resolución de conflictos por medio de la llamada “solución amistosa” entre el Estado y el demandante, para evitar el juicio.
—Este procedimiento ya existe, y si los estados están dispuestos a resolver los casos de esa manera podrían comprometerse de verdad con la resolución por esta vía, para que sea efectiva.       
—¿Pero qué es lo que hacen los estados hoy con esta posibilidad de solución negociada?
—Varía un poco: hay estados que la aprovechan y abren discusiones interesantes que llegan a reparaciones muy valiosas, pero hay otros que emplean el mecanismo para eternizar los procesos de negociaciones, sin llegar a soluciones concretas.
—Se pide también un mayor rigor para la admisión de casos por parte de la Comisión Interamericana. ¿Qué opina usted?  
—Se está considerando que la cidh no es suficientemente rigurosa en la admisión de los casos, y esa es la lógica de la denuncia de la Convención por parte de Venezuela. Ya hay requisitos a cumplir, y algunos estados pueden estar cuestionando cómo interpreta la Comisión esos requisitos, por ejemplo en la parte que refiere al agotamiento del recurso interno (acudir a los tribunales locales) antes de que se plantee el asunto ante la cidh.     
—Otra de las propuestas de reforma busca otorgar mayor amplitud para que los organismos interamericanos puedan archivar una denuncia.
—Sí, una de las preocupaciones de los estados es el tiempo en que los casos permanecen inactivos. Habría que ver cuáles son las razones de la inactividad procesal, y si corresponde o no el archivo, porque el hecho de que un caso quede circunstancialmente inactivo no significa que el demandante haya perdido el interés en el asunto ni es sinónimo de que se haya reparado la violación alegada. A veces pasa que hay personas alejadas, se mueren, pero hay violaciones estructurales de los derechos humanos a las que se debe dar respuesta, por ello se debe verificar en cada caso qué fue lo que pasó.
—Por otro lado hay un tema de recursos. ¿Los órganos del sistema tienen el dinero suficiente como para funcionar sin problemas?
—No, eso está claro. No tienen la plata necesaria al punto de que hoy no sólo reciben fondos del presupuesto regular de la oea, sino que además cuentan con cooperación internacional y eso no es lo deseable. Los estados deberían poner más plata o asignar los recursos de la oea de otra manera.   
—¿Cómo ve las modificaciones que se pretenden realizar al funcionamiento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión?
—Ahí el problema de los estados es con el carácter justamente especial que tiene esa relatoría, porque su titular es un relator independiente y eso le da características particulares a su trabajo. Esto se traduce en que tenga mayor disponibilidad de fondos y probablemente mayor capacidad de trabajo, porque cuenta con personas dedicadas exclusivamente a la relatoría. Por eso puede mantener líneas de trabajo regulares y producir informes propios sobre situaciones específicas o generales de cada Estado, y librar, de manera independiente de la cidh, comunicados ante situaciones de violación del derecho de libertad de expresión.
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