La ley de la gravedad

La vida se ensaña con los gobernantes que recorren el calvario de Pluna. A pocas horas de una conferencia de prensa donde el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, hizo una encendida defensa de la transparencia con que se había actuado (exhibiendo una extrema vehemencia para poner ciertos puntos sobre las íes, defender con recriminaciones el trámite del aval bancario concedido a la empresa española Cosmo, y a la vez amagando con unas lágrimas por el dolor que le causaba la conducta de un ex amigo, piloto de Pluna), el cielo vuelve a desplomarse: Cosmo, que no había llegado siquiera a pagar la comisión al rematador, ahora anuncia que desiste de comprar los aviones. La novedad tiene por lo menos tres implicancias: va desnudando la tortuosa estrategia del empresario Juan Carlos López Mena, factótum de Buquebus; desbroza el camino para las alternativas que maneja el sindicato de Pluna; y revela cómo, en su desesperación, el gobierno se aferra a cualquier clavo ardiente.
Pocas horas después de la indiscreta foto de El Observador que documentó un embarazoso almuerzo, y fundamentalmente después de que se revelara que el apoderado de Cosmo en la subasta había actuado camuflando su identidad para esconder su estrecha vinculación con Buquebus, al ministro de Transporte, Enrique Pintado, no se le ocurrió otro argumento que decir que había legisladores que actuaban con el apellido materno, que eso no es ningún delito, y que no importa quién trae el dinero, sino que lo traiga.
Cuando hizo esa afirmación todavía resonaba la advertencia de López Mena en el sentido de que la forma en que se había organizado la subasta podía perfectamente encubrir maniobras del narcotráfico. Podía haber agregado que también permitía encubrir sus propias maniobras empresariales que, de alguna manera, fueron secundadas por el equipo ministerial que busca una salida a la crisis.
Aplicando una política que ya se ha vuelto ley, la dirección del Frente Amplio ha extendido su total respaldo a la gestión del gobierno y –no importa cómo, no importa qué– defendió la total transparencia de las actuaciones. La temeridad no soporta el más superficial análisis:
El ministro Lorenzo, que para el momento del dichoso almuerzo ya había mantenido varios encuentros con López Mena desde la suspensión de la primera subasta, debía conocer el vínculo entre Cosmo y Buquebus; y si no lo sabía su responsabilidad es aun mayor.
El presidente del Banco República, Fernando Calloia, sabía perfectamente que la identidad de la empresa que avaló la solvencia del representante de Cosmo –Hernán Calvo, alias Antonio Sánchez– no estaba protegida por el secreto bancario, como adujo para no aportar el dato.
El ministro Pintado sabía que sólo Cosmo estaba habilitado para intervenir en la subasta, pero sostuvo, hasta el momento mismo de iniciarse el remate, que había varios interesados. Sin embargo Calloia explicaba, simultáneamente, que otros interesados no habían logrado cubrir todas las exigencias para extender el aval bancario. (Esos trámites impulsaron al director blanco del Banco Central a reclamar una investigación.)
El ministro Lorenzo reiteró que estaba feliz por el resultado de la subasta, cuando ya se sabía que Cosmo ni siquiera había pagado la comisión al rematador.
El dúo ministerial al parecer no entró a sospechar de Cosmo y de su solvencia, pese a que todo el capital de la empresa es de 6 millones de euros, hace menos de un año que fue creada, y algunos de sus ejecutivos tuvieron que responder ante la justicia española por escándalos de vaciamiento de empresas y compraventa fraudulenta de aviones.
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