Brecha Digital

Dejar de correr de atrás

Durante todo el siglo xx el planeamiento en Uruguay fue una función objeto de discusión pero sin aplicación. El país solamente acompañó de manera lejana y desde los ámbitos académicos todos los grandes hitos del debate y las prácticas que a nivel mundial se desplegaban.
Los planes de la urss desde sus orígenes mismos, los planes en Estados Unidos desarrollados con motivo del New Deal como respuesta a la crisis de 1930, la planificación urbana y regional ensayada en casi toda América Latina desde los cincuenta, los impulsos renovados con motivo de la reunión de la Fundación Hábitat de onu en Vancouver en 1973 fueron, entre otros, etapas de la historia moderna del planeamiento de las que el país estuvo relativamente ausente.

Ello no fue casualidad. El Uruguay batllista inició tempranamente un camino de desarrollo relativo con márgenes destacables de bienestar social y redistribución de la riqueza que le permitieron sortear los requerimientos de las prácticas de planeamiento, por lo general vinculadas a grandes problemas y conmociones económicas o sociales.
Para fines de los sesenta, momento en el que ya se había instalado la crisis y por tanto se requería un planeamiento que racionalizara la salida a esa crisis, el pensamiento hegemónico de la época expresado primero por la dictadura y luego por los gobiernos de la apertura democrática no concebía una intervención estatal de estas características.
La doctrina neoliberal, fundamento conceptual del patrón de acumulación capitalista en curso en aquellos años, apostaba en exclusiva al mercado en tanto el único ordenador válido, entre otras cosas, de las actividades en el territorio.
Irónicamente, durante el gobierno de Lacalle –una de las administraciones más consecuentes con el neoliberalismo y el denominado Consenso de Washington– se crea el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, sin que ello se haya expresado en ninguna intervención significativa en materia de ordenamiento territorial.
Un ejemplo aislado fue el importante trabajo llevado adelante en los sesenta por la cide, que marcó un trascendental hito en la vida nacional, ya que supo detectar grandes problemas y visualizó alternativas estratégicas para su superación. Lamentablemente, el curso de los acontecimientos políticos hizo de los trabajos de la cide meros documentos casi sin aplicación.
Los escasos pasos dados por el país en la materia estuvieron vinculados con la urbanización, como fueron los planos reguladores o el propio Plan Director de Montevideo, que poco efecto tuvieron en el desarrollo urbano mismo, y en buena medida quedaron reducidos a la efectivización de una sistemática normativa urbanística, y que si bien permitieron buenas calidades urbanas no fueron propiamente modelos de una ciudad alternativa.
Recién con el Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo, de 1998, puede decirse que da inicio una práctica planificadora. Diez años después se sanciona la ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible (lotds), que inaugura un sistema de planeamiento nacional a diversas escalas.
Ello tampoco fue casualidad. El país no solamente había salido del marasmo aplastante de las décadas perdidas del neoliberalismo en todas sus manifestaciones sino que además estaba inserto en un proceso de desarrollo intenso y diferente. Crecimiento económico pautado por una diversificación de productos (mayoritariamente agropecuarios), recuperación de importantes inversiones directas e indirectas en los procesos productivos, renovación tecnológica, aumento significativo de las exportaciones fueron solamente algunos de los aspectos del nuevo ciclo de desarrollo iniciado en 2005.
Estas importantes transformaciones plantearon la ineludible tarea de regular los nuevos y viejos usos en el territorio, en un contexto muy dinámico y desafiante. Si bien los componentes sociales del proceso no se expresaban con virulencia, dada la acelerada disminución de la pobreza, el crecimiento del empleo, las mejoras en las políticas sociales y todo ello en un contexto de muy débil crecimiento demográfico, el territorio debe asumir importantes cambios, algunos con altos riesgos ambientales y en otros casos con dilemas productivos y sociales por resolver.

 

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