El día después

Este miércoles se acaba de procesar una decisión histórica en la lucha de las mujeres en Uruguay con la aprobación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (ive). El proyecto tenía un objetivo: despenalizar el aborto provocado dentro de las 12 primeras semanas; y una condición: que fuera por la sola voluntad de la mujer. Buscaba una consecuencia: que la interrupción voluntaria del embarazo constituyera una política sanitaria. Para ello obligamos por ley a todas las instituciones de salud a llevarlo a cabo.
Con algunas excepciones (Cuba y México df), el aborto sólo es permitido en algunos países, si es consecuencia de violación o existe riesgo de vida para la mujer. Nosotros lo despenalizamos, insisto, sin condiciones. Y cuando existe riesgo, violación o malformación, los plazos se flexibilizan (al igual que en México df).* Así, Uruguay tendrá una legislación de avanzada que lo pondrá a la cabeza de sus pares en ciertos derechos de la mujer.
Sin embargo, todo este logro es recién el primer paso. Es necesario ahora reglamentar el proyecto y hacer efectivo el derecho. En primer lugar, todas las mujeres del país deben saber que podrán interrumpir su embarazo en cualquier centro de salud, así como los requisitos y condiciones necesarios para hacerlo. En segundo lugar, deberemos asegurarnos de que todas las instituciones de salud estén en condiciones de prestar ese servicio en un tiempo que deberá ser estipulado. En tercer lugar, tendremos que trabajar para consolidar equipos interdisciplinarios de salud en todas las instituciones (algo de esto ya se viene haciendo desde la aprobación de la ley de salud sexual y reproductiva de 2008).
Huelga decir que también deberemos hacer frente a cuestiones más intangibles y difíciles de solucionar legalmente como la reticencia de la mujer a concurrir, por esta situación, a un centro de salud, la vulnerabilidad emocional y psicológica que cargarán las mujeres –aun cuando el aborto haya sido despenalizado– como resultado de décadas de vergüenza, negación y ocultamiento de la realidad del embarazo no deseado; y finalmente los prejuicios y valoraciones personales que tenga el equipo de salud de las instituciones, y que puedan constituirse en obstáculos “invisibles” a un trato adecuado a la mujer. Ni que hablar sobre la necesidad de operativizar tiempos, dado que los plazos son los plazos. Pero todo esto se puede hacer ya con el personal disponible si ponemos a las instituciones en línea con este derecho (y les damos los recursos y la capacitación necesarios).
He visto la desilusión en muchas compañeras que creen que este proyecto “rebaja” nuestros propósitos. Que sostienen que era mejor el proyecto originalmente aprobado en el Senado. Y que hubieran preferido que todos los diputados del fa lo hubieran votado, y no hubiéramos tenido que recurrir a la negociación con otro partido. Sí, es verdad, yo también hubiera preferido que Tabaré Vázquez no lo vetara… Pero desilusionarse con el “trámite político” no amerita a disparar contra el proyecto: porque el proyecto sigue siendo bueno, potente, y un antes y un después en el problema del aborto en Uruguay. Y si no, compañeras, ¡a leerlo! Es algo que les conmino a hacer a todas.** ¿Por qué hay que leerlo? Primero, para entender lo que se votó. Segundo, para no confundir “servicios de salud sexual y reproductiva” con “tribunales de inquisición”. Los compañeros de Diputados se esmeraron para evitar mediante la propia ley que los servicios de salud sexual y reproductiva pudieran “aconsejar” o “tomar partido” por alguna opción con relación al aborto. Consultar con un equipo de salud no es “someterse” a nadie. Tercero, hay que leerlo para entender que “obligar” a la mujer a recurrir a un centro de salud no es malo, sino bueno. Porque queremos que la interrupción del embarazo se haga en condiciones controladas y seguras. Cuarto: para que no se entienda el plazo de cinco días que la mujer tiene para tomar la decisión como un “desestímulo”. Porque todas sabemos que una mujer decidida a interrumpir un embarazo no se amilana porque tenga que volver en cinco días. Por otra parte, cualquiera sabe que más que ese tiempo toma hacerse una ecografía y los exámenes de sangre, y ni que hablar encontrar un lugar para comprar el Misoprostol, o conseguir la plata.
Se dice también que el proyecto no “legaliza” el aborto. Y es cierto. Lo despenaliza, y vuelve las penas “inaplicables”, pero no lo legaliza. El proyecto que fue votado en el Senado tampoco lo “legalizaba”. Esto quiere decir que una mujer que se practique un aborto fuera de las condiciones estipuladas por la ley sería virtualmente punible. Es correcto. Pero esto fue siempre así, desde el primer proyecto. Y ninguna de las legislaciones citadas legaliza el aborto sin circunstancias y requisitos. En todo caso, toda esta discusión jurídica no tiene tampoco mayores consecuencias prácticas.
Puede que exista una textualidad en el articulado que no nos gusta: a mí no me gusta que se hable del “valor social de la maternidad”, o de que “esta ley no constituye un instrumento de control de nacimientos”. Pero eso son sólo palabras; sin consecuencias jurídicas. Para las miles de mujeres que padezcan esta situación lo verdaderamente importante será que puedan abortar en condiciones seguras y con todo el apoyo necesario. Lo importante será que los servicios funcionen, y bien, y haya acceso universal. Si ahora vamos a por esto, seguiremos acumulando y ganando. Porque esto es un proceso de acumulación: hoy terminamos una etapa y se abre otra. Apenas terminamos de festejar, y ya estamos trabajando nuevamente. Para que se implemente, o para impedir que alguien, mañana, venga a cercenar el derecho que hoy conquistamos (a través de un referéndum o de un proyecto de ley derogatorio en el próximo período). Por eso, hoy debemos estar ciertas y seguras de que acabamos de conquistarlo. n

*     Entre otras, se puede consultar las experiencias de México df en www.df.gob.mx//index.php/interrupcion-legal-del-embarazo
**  El proyecto está disponible en http://www.parlamento.gub.uy/repartidos/AccesoRepartidos.asp?Url=/repartidos/camara/d2012090785-01.htm