Brecha Digital

Un cambio de pisada

La inflación y la intervención estatal en los precios

Economía se apartó de viejas recetas y logró que supermercados y proveedores aceptaran modificar a la baja y congelar el precio de los productos que venden. La medida promovida parece mostrar otra lectura, al menos transitoria, de las causas de la inflación. En el fa la iniciativa fue bien recibida. Para la derecha es una intervención que no ataca lo que considera la causa de la inflación: el gasto público y los salarios.

“Esto es heterodoxia”, dijo a Brecha el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, al describir las medidas tomadas para contener un brote inflacionario que en los primeros 15 días de octubre provocó un aumento del ipc de 1,39 por ciento y que, de seguir así, llegaría a fin de año a los temidos dos dígitos (en setiembre el porcentaje anualizado fue de 8,6 por ciento).
El pasado miércoles –flanqueado por el presidente de la Asociación de Supermercados del Uruguay (asu), Fernando Vieites, el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (ciu), Washington Burghi, y el director de Macroeconomía del mef, Andrés Masoller– Lorenzo anunció la rebaja de 10 por ciento en el precio de 200 productos de la canasta y la congelación de los precios de todas la mercaderías en las grandes superficies, hasta el 31 de diciembre. Si bien en un primer momento cambadu parecía excluido del compromiso, finalmente sus proveedores ofrecieron descuentos similares a los de los supermercados (véase recuadro).
Por otro lado, ni en la rebaja ni en el congelamiento se incluyen frutas, verduras y carne, aunque los frigoríficos unilateralmente anunciaron rebajas de dos o tres pesos por quilo en la media res.
Lorenzo presentó las medidas como “un conjunto de acciones que junto a las asociaciones comerciales e industriales quiere contribuir a moderar y actuar decididamente sobre algunas presiones inflacionarias, que en estos últimos tiempos se han convertido en la principal preocupación macroeconómica que tiene Uruguay”.
El ministro agregó que en los dos meses anteriores y probablemente en octubre el empuje inflacionario es consecuencia del “incremento de precios que netamente son problemas de oferta. Son circunstancias específicas de algunos mercados y circunstancias específicas de formación de precios en algunas actividades del país, que transitoriamente están provocando una presión”. Lorenzo justificó lo resuelto en que “las políticas macro y su accionar sobre estos fenómenos tienen menos potencia de la que necesitaríamos para atacar estos problemas”.
Asimismo descartó algunos planteos de economistas de la oposición referidos a la necesidad de contener los salarios, señalando que en esta ocasión los ingresos de los trabajadores no son la causa fundamental de la presión inflacionaria. Sin embargo, recordó que las medidas “son transitorias y no van a resolver todo el problema. Para eso está la consistencia entre la política monetaria y su rigor, la política fiscal y su alineamiento con los objetivos de estabilidad de precios, y obviamente algo muy importante –y es un llamado de atención para todos–: que las políticas de ingresos y negociación colectiva en el país internalicen la problemática al igual que el gobierno y algunos actores relevantes del escenario, para actuar de manera prudente y moderada”.

 

INFLEXIÓN. Hasta el anuncio del miércoles, el gobierno había actuado a nivel monetario, aumentando la tasa de referencia del bcu al 9 por ciento, como forma de contraer la circulación de dinero. Esta medida es típica de las iniciativas liberales ortodoxas y parte de la premisa de que esa circulación calienta la economía al aumentar la demanda. Las otras dos variantes de la ortodoxia liberal son la contención del gasto público y los salarios.
Por consiguiente, esa receta descarta la participación estatal en la fijación de precios. Lo acordado voluntariamente entre asu, ciu y Economía, a iniciativa del mef, supone apartarse del esquema mencionado, al congelar y bajar precios de las mercaderías por una decisión consensuada pero política al fin. Es decir, que no es el mercado el único formador de precios.
No es la primera vez, en los gobiernos del fa, que se actúa de esta manera. Durante la administración de Tabaré Vázquez hubo negociaciones entre José Mujica –por aquel entonces ministro de Ganadería– y los frigoríficos para bajar el precio de algunos cortes de carne vacuna. Así es que se llegó al “asado del Pepe”, un producto de menor precio, también de menor calidad, y más accesible a la población de menores recursos. La opp, dirigida en aquel momento por el hoy senador Enrique Rubio, hizo en ese período acuerdos para contener precios. La novedad es que quien encabeza actualmente el rango de medidas heterodoxas es el equipo económico, a diferencia del pasado, en que miraba de reojo las iniciativas de Mujica y Rubio.
En esta oportunidad se pronostica que habrá una contrapartida del Estado al esfuerzo privado. Masoller anunció que se estudia la eliminación del Imesi para una serie de productos de cuidado personal “que antes eran considerados suntuarios, como jabón líquido y máquinas de afeitar, entre otros”. Luego agregó que se mantendrá la exoneración del iva a la carne de aves, con la intención de negociar con esos productores la congelación o la rebaja de precios.
En cuanto a las tarifas públicas, Lorenzo dijo que se hará un esfuerzo para postergar los incrementos previstos para principios del año venidero, aunque ello dependerá de que no se afecte la economía de los entes.

REACCIONES. En la medida que –según reconoció Lorenzo– las iniciativas son heterodoxas, las críticas desde la derecha y de sectores académicos privados no demoran en llegar. El economista blanco Javier de Haedo escribió en el suplemento Economía y Mercado de El País, unos días antes del anuncio oficial de las iniciativas, que “a esta altura, el gobierno ha mostrado todas sus cartas. No está dispuesto a tocar las políticas salarial y fiscal (…) está dispuesto a persuadir a algunos comerciantes a aplicar determinadas políticas de precios. Pero no parece dispuesto a liberalizar mercados cerrados en donde los consumidores son rehenes de tener que pagar cualquier precio por determinados bienes. Curiosamente, no hace lo que estaría bien hacer y hace lo que está mal o no sería necesario hacer”.
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