El empresario y el lobbista

Entretelones de la denuncia de UTE por licitación millonaria

La precipitada denuncia judicial presentada por el titular de ute, Gonzalo Casaravilla, por eventuales conductas delictivas de parte del ex vicepresidente del ente Pedro de Aurrecoechea, no aportó elementos contundentes para la indagatoria, al saltearse la apertura de una investigación administrativa. Pero cobraron notoriedad algunos hechos que involucran al conocido negociador Mario Areán y al ex jerarca de la empresa eléctrica como integrantes de Ciemsa-csi, adjudicataria de una licitación por 7 millones de dólares.

Es remota la posibilidad de que en las próximas semanas se dilucide del caso por presuntas conductas dolosas por parte del ex vicepresidente de ute Pedro de Aurrecoechea, entre otros funcionarios o ex empleados del ente que se encuentran bajo investigación.
La denuncia presentada en abril por el actual presidente de la empresa pública, Gonzalo Casaravilla, ante la sede del crimen organizado no contenía elementos concretos que permitiesen allanar el camino de la indagatoria, y si bien en principio desde el organismo se buscó celeridad en la intervención de la justicia, aún no se aportó información testimonial ni documental de calidad, dijeron a Brecha fuentes vinculadas al sistema penal.      
Esto no quiere decir que se trate de un proceso cerrado o en vías de archivarse, pero la forma en que llegó el caso a la justicia revela que al menos no se agotaron las naturales instancias internas antes de judicializar el asunto. De hecho, en ute no se había iniciado una investigación administrativa al respecto hasta ese momento. Además la denuncia se basó de manera preponderante en una sola fuente testimonial que cumplió con su deber de alertar a sus superiores de que eventualmente podía existir falta grave o delito en ciertas licitaciones, sobre todo en la adjudicada a la empresa Ciemsa sa –de la que De Aurrecoechea posee el 4 por ciento de las acciones–. No obstante, varias de las consideraciones tenían la calidad de conjeturas y no eran concluyentes, puesto que a tal funcionario tampoco le correspondía el papel de investigador de los hechos.
Esa tarea sí es inherente a la división jurídica de cualquier empresa del Estado, pero los abogados de ute que se presentaron a declarar en mayo ante Crimen Organizado admitieron que no habían indagado el asunto, y que sugerían a la justicia interrogar directamente a la fuente de la que partió la sospecha, señalaron los informantes consultados por Brecha. La declaración del testigo calificado –quien según fuentes de ute pidió para declarar acompañado de su padre, a pesar de ser mayor de edad– no resultó esclarecedora a ojos y oídos de los investigadores.
Con este panorama, la investigación judicial procuró obtener de inmediato la documentación administrativa del proceso que se llevó adelante para la adjudicación de las seis licitaciones bajo sospecha, a fin de comenzar a estudiarlas. Pero desde ute se demoró el envío y la documentación fue entregada un mes después, bajo apercibimiento formal (se suele apelar a este tipo de herramientas cuando alguna parte del proceso se muestra reacia a colaborar; no suele pasar con el denunciante en tanto de manera natural aparece como interesado en que el caso se resuelva).
La denuncia de Casaravilla fue presentada en medio de acusaciones políticas por parte del diputado nacionalista Jorge Gandini, quien apuntaba a otras licitaciones y compras de ute sobre las que el dirigente sugería eventuales conductas delictivas, debido a irregularidades administrativas en la facturación y otros documentos vinculados a esos procesos.
El presidente de ute no informó al directorio del ente hasta el mes de agosto respecto de la denuncia que había entablado en el Juzgado del Crimen Organizado a cargo de la jueza Adriana de los Santos (Búsqueda, 25 de octubre).
Casaravilla presentó ante el Poder Judicial un escrito que narraba de manera genérica presuntos hechos con apariencia delictiva, sugiriendo por contexto pero no por identificación directa los nombres de los posibles indagados. Y si bien actuó con la anuencia del presidente José Mujica, éste no estaba al tanto del proceso interno que se seguía en el ente sobre el asunto: el mandatario se limitó a indicar que si había sospechas fundadas el caso debía ir a la justicia, indicaron fuentes oficiales.
Los intereses políticos –por mejor intencionados que puedan resultar– en determinadas circunstancias tienden a precipitar la judicialización de los casos: los jueces suelen quejarse de este tipo de situaciones al considerar que se trata de una actitud semejante a la de quien “se lava las manos” con la excusa de haber cumplido con su deber por el hecho de “pasarle el fardo” al Poder Judicial, recordaron a Brecha algunas fuentes del sistema.

 AREÁN, EL RETORNO. De todas maneras, el caso avanzó sobre ciertas aristas: se confirmó que Mario Areán –ex secretario personal del ex intendente Mariano Arana– procuró y concretó un sospechoso encuentro con un directivo de una de las empresas que impugnó la licitación adjudicada a Ciemsa-csi para el mantenimiento de las centrales térmicas de ute por un monto de 7 millones de dólares.  
El empresario en cuestión declaró en el expediente judicial que estaba en el Aeropuerto de Carrasco, a punto de partir hacia el exterior, cuando recibió en su celular un llamado de Areán. Éste le propuso tomar un café para conversar. Le comunicó entonces –según su testimonio– que podían reunirse en otro momento en virtud de que su vuelo no tardaría en salir. Areán no sólo insistió en encontrarse, sino que en 20 minutos se presentó en el aeropuerto. El directivo señaló que el avasallante individuo se presentó como asesor de csi y le pidió que dejara de actuar contra la empresa adjudicataria, en tanto podían arreglar un beneficio mutuo: es decir que Ciemsa-csi compartiera de alguna manera el negocio con su competencia, narraron a Brecha fuentes vinculadas al caso.
Al declarar en el expediente,  Areán negó que hubiera amenazado al empresario, e incluso dijo públicamente que no es empleado de Ciemsa-csi. Señaló que fue al aeropuerto para ofrecerse como asesor de negocios a la empresa dirigida por quien estaba a punto de tomarse un vuelo (lo que aparece como un exceso de abnegación por conseguir el trabajo, sobre todo para quien a simple vista no parece experimentar problemas de dinero, a juzgar por el lujoso Mercedes Benz que conduce). Areán muestra un flanco débil al señalar que no pertenece a csi Ingenieros, porque no es lo que surge de un diálogo que mantuvo Brecha con la persona que atendió el teléfono en la empresa el pasado jueves 25. “Trabaja acá, pero en estos momentos no se encuentra”, respondieron del otro lado de la línea. Y para mayores detalles aportó el e-mail de Areán, cuya terminación es “@csi.com.uy”.      
De Aurrecoechea declaró que trabajó en Ciemsa sa entre 1982 y 2005, y que si bien hoy es dueño del 4 por ciento de las acciones de la empresa, no se le puede imputar dolo porque él fue vicepresidente de ute hasta mayo de 2010 y la licitación por 7 millones de dólares se abrió en julio de 2011.
Ahora la investigación procura establecer si durante el período en que fue jerarca estatal hubo negociaciones con la firma de la que es accionista, ya sea por esta u otras licitaciones. Pero no se pierde de vista que De Aurrecoechea es actual gerente general adjunto de Gas Sayago sa –propiedad de ute y de ancap–, y que esta empresa pública, aun cuando funcione bajo el régimen de derecho privado, mantiene contratos con csi Ingenieros.