Brecha Digital

Un puzle de mil piezas

El proyecto que regula el nuevo estatuto del funcionario público y que se propone hincarle el diente a la carrera administrativa sería aprobado antes de fin de año. A pesar de restringirse a un bajo porcentaje de trabajadores, el gobierno busca que se convierta en una “referencia” para todo los órganos del Estado y que “agilice” la burocracia en un área sensible –la de los ministerios– donde se definen las políticas públicas.

El gobierno de José Mujica vuelve a la carga con un punto sensible en la tan mentada “reforma del Estado” a través de un proyecto de ley que se propone modificar definitivamente el actual estatuto del funcionario público –vigente desde 1943– de modo de concretar un “Estado fuerte, ágil, dinámico”, con instrumentos de gestión “adecuados” y funcionarios “eficientes”, según reza en la fundamentación.
Pero esas expectativas reformistas son “desmesuradas” para el presidente de la Confederación de Obreros y Funcionarios del Estado (cofe), Pablo Cabrera, quien explicó a Brecha que sería muy “pobre” creer que esto es parte de la reforma el Estado, pues el estatuto no se aplicará a los 264 mil funcionarios públicos que tiene el país sino a los 17 mil de la Administración Central (un 7 por ciento del total). “Sería una falta de respeto, por la cantidad de funcionarios involucrados, comparar esto con la reforma de la salud o la reforma tributaria, que son verdaderas reformas del Estado”, sentenció Cabrera.
Efectivamente el estatuto no abarcará a los empleados de entes y servicios descentralizados, de las 19 intendencias, de los poderes Legislativo y Judicial ni a los de la Corte Electoral, así como tampoco a diplomáticos, militares, policías y magistrados que se rigen por estatutos especiales. Tampoco a los 14 mil funcionarios públicos contratados (becarios, pasantes, arrendamientos de obra y contratos a término), para los cuales se está elaborando otro proyecto de ley que definirá sus derechos y deberes específicos.
No obstante, desde el gobierno se entiende que no se trata de una “cuestión de cantidades” –según explicaron a Brecha en la Torre Ejecutiva–, sino de que el estatuto se aplicará en un “área sensible” del Estado que no se reforma hace 70 años: “allí donde se promueven, fiscalizan y regulan las políticas públicas”.
En la misma línea opinó el director del Instituto de Ciencia Política (Udelar) y especialista en reforma del Esta­do, Pedro Narbondo. En diálogo con Brecha evaluó que “si bien es cierto que esto no es ‘la’ reforma del Estado, no caben dudas de que es parte de la reforma del Estado. Porque no es lo mismo un sistema clientelar que depende de los dictámenes del mercado o de las presiones de la sociedad civil y que hace políticas sociales o industriales clientelares desde los ministerios que un sistema de carrera ‘neoweberiano’ que mantiene los principios clásicos (subordinación a la política en el marco de la racionalidad legal y técnica) pero introduce aspectos novedosos como los compromisos de gestión o las funciones de dirección para incentivar el rendimiento de los funcionarios”
De modo que este estatuto podría servir de “referencia” a otros organismos estatales para que “ajustaran” los suyos a la “nueva filosofía” y a los lineamientos generales definidos allí, según los asesores de la Oficina Nacional de Servicio Civil (onsc) consultados. Además, mientras el estatuto permitirá “otra forma de gestionar los recursos humanos”, la reestructura administrativa que se está procesando en los ocho ministerios elegidos y que concluiría a mediados de 2013 permitiría “adecuar” y “uniformizar” los criterios que facilitarán en todas las carteras la puesta en marcha de los cambios.
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