Políticas regionales sobre sitios de memoria

Iniciativas: Mercosur y derechos humanos

Tras las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las dictaduras del Cono Sur, la implementación de políticas públicas en materia de sitios de memoria representa un compromiso ineludible de los estados democráticos de la región. Estos lugares son fundamentales para brindar reparación simbólica a las víctimas, contribuir a la construcción de memoria social sobre lo ocurrido, y para probar los crímenes de lesa humanidad investigados en los procesos judiciales en curso en varios países de la región.

 

En los últimos años se han creado en nuestros países múltiples sitios de memoria en lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, donde se resistieron o enfrentaron esas violaciones, o que por algún motivo las víctimas, sus familiares o las comunidades los asocian con esos acontecimientos, y que son utilizados para recuperar, repensar, y trasmitir procesos traumáticos, y para homenajear y reparar a las víctimas.
Estos sitios adquieren un valor pedagógico destacado al ayudar a trasmitir información y conocimiento a las nuevas generaciones, y al activar discusiones públicas sobre las condiciones sociales y políticas que favorecieron esos procesos históricos. En este sentido se han creado sitios de memoria en diversas guarniciones militares y policiales donde funcionaron centros clandestinos de detención y en los cuales hubo torturas, desapariciones y ejecuciones sumarias de dirigentes políticos o militantes sociales. En muchos casos, además, la implementación de estos espacios se enmarca en proyectos que procuran trazar diferencias, puentes y relaciones entre el pasado autoritario y los problemas de derechos humanos aún pendientes en nuestras democracias, como la violencia policial y la tortura en las cárceles.

PAÍS POR PAÍS. Por cierto, hasta hace algunos años la preservación de estos predios no era entendida como responsabilidad de los estados ni objetivo de las políticas públicas gubernamentales. Afortunadamente el contexto político e institucional regional hoy es bastante diferente.
En Argentina, por ejemplo, el ex presidente Carlos Menem (1989-1999), dentro de su estrategia de “dar vuelta la página”, procuró demoler la Esma, el centro clandestino de detención más grande y emblemático de la dictadura. En 1998 un grupo de familiares de víctimas logró una medida judicial que obligó a preservar el lugar como parte del patrimonio cultural de los argentinos. Fue recién en 2004 que el presidente Néstor Kirchner (2003-2007) tomó la decisión histórica de afectar el predio para el desarrollo de un espacio de memoria y promoción de los derechos humanos, desalojando a las unidades de la Armada que funcionaban en el lugar. Como un paso más allá en la institucionalidad de estas iniciativas, en 2011 se sancionó la ley 26.691, denominada de “Preservación, señalización y difusión de sitios de memoria del terrorismo de Estado”.
En Brasil funciona desde el año 2009 el Memorial de la Resistencia, en San Pablo, y en 2012 la Secretaría de Derechos Humanos propuso al Mercosur la construcción de un memorial sobre el Plan Cóndor en Porto Alegre, entre otras iniciativas en curso. Cabe destacar también que la presidenta Dilma Rousseff ha creado recientemente la Comisión de la Verdad, la cual brinda un nuevo impulso a la problemática, fortaleciendo su marco institucional y ubicando a Brasil en sintonía con las acciones llevadas a cabo por sus pares del Mercosur.
En Paraguay, luego del informe de la Comisión de Verdad y Justicia que documentó las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Stroessner, el gobierno del presidente Fernando Lugo promovió la creación de la Red de Sitios Históricos y de Conciencia, con el fin de preservar archivos y lugares con valor histórico, obligando en algunos casos a desalojar unidades policiales y militares para instalar allí museos. Un ejemplo de esta política es la creación de un sitio de memoria en donde funcionó el Departamento de Investigaciones de la policía, en la capital, utilizado como cárcel clandestina y centro de tortura de presos políticos durante la dictadura.
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