Impunidad y corrupción, dos caras de la misma moneda

Con el ex magistrado español Baltasar Garzón

El ex juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, se mueve con un aire de celebridad. La suspensión de 11 años para ejercer el cargo que le impuso el Tribunal Superior español no ha hecho sino añadir más lustre y controversia a su mítica carrera. En una entrevista con Brecha realizada en Brasilia al margen de una mega conferencia internacional sobre corrupción, Garzón abordó su situación y explicó la denuncia que presentó contra el Estado español ante la Corte Europea de Derechos Humanos, la estrategia que sigue como abogado defensor de Julian Assange (el líder de Wikileaks refugiado en la embajada de Ecuador en Londres), la vinculación de la situación española actual con la impunidad de los crímenes del franquismo y su idea de que la corrupción internacional debería considerarse como un crimen contra la humanidad.

A Garzón lo separaron de su cargo por abrir la caja de Pandora de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo y por ordenar escuchas para investigar una red de corrupción que envuelve a dirigentes del Partido Popular. También han desempolvado un expediente archivado en el que se lo acusa de solicitar fondos a empresas españolas para financiar actividades académicas en la Universidad de Nueva York. Pero si el establishment español creyó que una condena por prevaricación lo sacaría del ruedo, se ha equivocado. Garzón ha cobrado otra vez notoriedad por sumarse de lleno a la lucha global contra la impunidad y la corrupción. El viernes 9 fue el principal orador de la decimoquinta Conferencia Internacional Anti Corrupción, organizada por Transparencia Internacional en Brasilia. Un auditorio con más de mil personas lo recibió como una víctima del poder político español, no como el juez arbitrario y jactancioso que se pretende mostrar. Allí, en un alto de ese mega evento, conversó con Brecha. —Usted fue removido de su cargo como juez de la Audiencia Nacional y acusado de prevaricato en el momento en que iniciaba una profunda investigación sobre los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo. ¿El proceso que culminó con su remoción tuvo que ver con su decisión de abrir esa investigación? —Sin duda. Hay una relación inmediata en el caso de las investigaciones por los crímenes franquistas, que determinó la suspensión inicial que se me aplicó en forma arbitraria y sin justificación. Era evidente que en el caso de los crímenes franquistas no puede haber una responsabilidad del juez por hacer una interpretación de la ley vigente. Es una represalia que va contra los fallos de la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Interamericana y un acervo de doctrina enorme en la materia. Si a esto se le añade que quien promueve la acción contra mi persona es una organización de derecha, que participó en los crímenes que se pretende investigar, como es la Falange, parece claro que la suspensión de funciones está motivada por razones políticas y por el gran problema que España sigue teniendo: no enfrentar la historia de impunidad por los crímenes franquistas. —¿Cuál es la situación del proceso al día de hoy? —El proceso por los crímenes franquistas terminó en una absolución, pero he planteado una denuncia en la Corte Europea de Derechos Humanos contra España por la suspensión en ese caso. Argumento allí que no sólo se atacó la independencia judicial, sino que se privó a los propios justiciables de su derecho a acceder a la justicia. —¿Qué objetivo tiene esta denuncia? ¿Busca ser reinstalado en el cargo? ¿Quiere reabrir los casos de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Franco? —En principio busco que se reconozcan mis derechos. Acepto el dictamen del sistema judicial pero lo estoy combatiendo en las cortes internacionales por las gravísimas irregularidades que existieron. Quiero reivindicar la justicia frente a estos abusos, pero no reasumiré el cargo en caso de triunfar. Seguiré trabajando desde el llano, desde la sociedad civil. En lo que respecta a los crímenes franquistas, luego de mi remoción, la Corte Suprema cierra en forma amplia la posibilidad de investigarlos, aunque permite, con una fórmula muy escabrosa, la exhumación de fosas comunes. Las propias víctimas han recurrido a la corte europea de Estrasburgo para buscar derribar la impunidad, mientras nosotros y las víctimas estamos pidiendo la conformación de una Comisión de la Verdad para dar lugar a una reparación integral. Garzón hace una pausa en la entrevista. Carraspea, tiene la voz cascada por los efectos de una agenda agitada con viajes, conferencias y casos ante tribunales internacionales. Los diez minutos que concedió a tres periodistas latinoamericanos se han estirado, pero no acusa molestia. Sigue siendo un personaje controversial, pero cada pregunta sobre las causas que siempre ha asumido le apasiona y uno piensa que no puede estar actuando solamente por notoriedad, como sostienen sus detractores. —¿Cuál es la causa profunda de esta amnesia que padece el sistema político español, teniendo en cuenta además que el Partido Socialista gobernó más de la mitad de los casi 40 años de democracia? —La verdad es que España todavía no ha superado el trauma de la guerra civil. En el fondo el problema es que no ha habido una verdadera reconciliación. Se dice que ha existido, pero es falso. La prueba es que inmediatamente después de la apertura de esta causa se abrieron a la vez todas las cajas de los truenos, con posturas desquiciantes. Me acusaron de atacar la sacrosanta transición; pero es que la transición no abordó para nada los crímenes franquistas y la ley de amnistía ni siquiera se ha discutido. Hay un capítulo pendiente que es el de las víctimas de la dictadura. Creo que ya es tiempo de reconocerlas, por encima de la confrontación civil. Tienen que operarse los reconocimientos y las reparaciones necesarias. —¿Por qué sigue siendo un tema tabú, pese al cambio generacional que hubo en el sistema político? —El sistema político considera que es un tema menor, pero muchas de las cosas que están sucediendo en la España de hoy se vinculan a la impunidad. La corrupción, la falta de consolidación de algunas instituciones democráticas, la falta de transparencia, están relacionados con la falta de resolución de este tema y con el mantenimiento de la impunidad. —Usted investigó los crímenes de Pinochet desde el Poder Judicial español aplicando el principio de jurisdicción universal en los crímenes de lesa humanidad. ¿No ve con buenos ojos que se abra una investigación contra el franquismo en otras jurisdicciones? —Por supuesto, creo que es un camino a profundizar, veo con muy buenos ojos que la justicia argentina ya haya abierto una causa por estos crímenes basada en el principio de jurisdicción universal que ya constituye un principio de protección del derecho internacional de los derechos humanos. —Brasil y España han quedado a la zaga del esclarecimiento y persecución de los crímenes de las dictaduras. En ambos casos están vigentes las leyes de amnistía dictadas en las respectivas transiciones. ¿Cree que seguirán el camino del resto de Iberoamérica? —No estoy tan de acuerdo con igualar la situación de Brasil a la de España. El 24 de noviembre de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia histórica en el caso de la Guerrilla de Araguaia y muy claramente dijo que una ley de amnistía no puede impedir la investigación de esos crímenes.* Por tanto, hay un sustrato ya establecido que permite que los fiscales vuelvan a investigar y debería de cumplirse por parte de las instancias judiciales el espíritu de la sentencia; la presidenta Dilma Rousseff ha anunciado además la creación de una comisión de la verdad. En España no hay ningún precedente de ese tipo. —¿Usted cree que toda América Latina ha avanzado mucho más que España en el esclarecimiento de estos hechos? —Sin duda, ocurrió otro tanto con la sentencia del caso de la nuera de Juan Gelman (María Claudia García) contra Uruguay. Un caso que durante tanto tiempo no se pudo investigar y en el que la Corte ordenó remover los obstáculos. Uruguay ha ido más lejos y ya ha anulado estas leyes. España jamás ha hecho nada. Es absolutamente vergonzante que 150 mil víctimas que no tuvieron nada que ver con la guerra civil sigan sin ser reivindicadas. Cuando inicié la investigación pensé que iba a ser fácil encontrar los archivos de esa época, y no hay mucho, no hay nada después de 35 años de democracia, y no es que el Consejo de Europa no le haya hecho recomendaciones a España para que abra una investigación seria. Garzón sigue siendo un jurista preciso. .. 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