Homicidio estadístico

Vamos Uruguay y los números de la inseguridad

La presentación de un informe de la Fundación Propuestas (Fundapro) –el observatorio sobre seguridad ciudadana de Vamos Uruguay (vu)– relativo a la evolución de los homicidios durante 2012 generó, esta semana, un fuerte cruce entre dirigentes del sector de Bordaberry y el Ministerio del Interior (mi). Y, sobre todo, mucho malestar en la Policía.

Pedro Bordaberry alentó la tenencia de armas de fuego bajo la premisa de “no de-sarmar a los honestos” y “no darle aliento a los delincuentes”. Fue a finales de julio de 2011, el día previo al “Firmazo” llevado adelante por su partido para promover una reforma constitucional y bajar la edad de imputabilidad. Unos meses después, la tragedia: un hombre armado confundió dentro de su casa de Carrasco a su hija con un ladrón. Y la mató. La justicia consideró que el hombre actuó en legítima defensa pero, según el criterio de Vamos Uruguay (vu), ahora sería un homicida. Al menos así se desprende del último informe del observatorio sectorial Fundación Propuestas (Fundapro) presentado el pasado 21 de noviembre, donde se contabilizan por igual los homicidios dolosos y los que no configuran delito, como el caso de la legítima defensa o las muertes provocadas por policías en cumplimiento de la ley. De acuerdo a los números oficiales del mi, al 21 de noviembre de 2012 hubo un total de 247 homicidios.
La cifra es un tanto inferior a la difundida por el observatorio de vu, que contabilizó 267 casos, aunque con parámetros diferentes a los establecidos internacionalmente, entre otros por la Organización de Estados Americanos (oea) y el Banco Interamericano de Desarrollo (bid). Quizá el caso más emblemático sea el de homicidios relacionados con las rapiñas. Para Fundapro, los homicidios cometidos por rapiñeros, los asesinatos de delincuentes a manos de comerciantes y los muertos por disparos efectuados por la Policía son todos la misma cosa: homicidios a secas. Pero, claro, la ensalada cayó pesada en la Policía, tanto a nivel de la oficialidad –el Círculo Policial– como entre los sindicatos policiales. Venía condimentada. “Nos molesta profundamente que los policías en cumplimiento de su deber amparados por la Constitución y las leyes que rigen al cuerpo policial sean tenidos en cuenta dentro de esa lista de homicidios. Es una ofensa gratuita a la que no le encontramos ninguna justificación. En ésta acompañamos al ministerio. No se puede especular con cifras que no reflejan la realidad”, explicó a Brecha Luis Murin, del Sindicato de Policías de Montevideo. Fuentes del Círculo Policial dijeron que el tema está siendo analizado al más alto nivel.
No se trata sólo del debate por una diferencia de 20 casos entre las cifras propias y las de vu. Lo que está en juego, sostienen desde el ministerio, es la credibilidad misma de las estadísticas oficiales justo cuando las rapiñas –el delito de mayor impacto en la población– comienzan a mostrar un descenso por primera vez en 30 años. Salvando las distancias, en la cartera de Eduardo Bonomi temen que desde las huestes de Bordaberry comiencen a gestar la idea de que el gobierno dibuja las cifras vinculadas a la seguridad ciudadana, y así mostrar al mi como una especie de “Indec” del gobierno frenteamplista, comparando lo que sucede en Argentina con los números de la inflación. Con una diferencia: cuando fueron gobierno, ni blancos ni colorados informaban a la ciudadanía sobre la evolución de los indicadores de violencia y criminalidad. No había observatorio. Para el sociólogo Rafael Paternain, ex director del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad del mi, en su intento por desacreditar al mi Fundapro “aparece directamente destinada a minar los soportes de credibilidad en un aspecto donde la estadística de homicidios tiene que ser oficial”.
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