La objeción como denegación de un derecho

En Italia cada año es más difícil para una mujer ejercer el derecho a interrumpir el embarazo. Hoy en día más del 70 por ciento de los médicos se declaran objetores de conciencia, un instituto previsto por la ley 194 de 1978, que permitió la interrupción del embarazo. Con el paso de los años la garantía de la objeción de conciencia ha revelado ser un verdadero impedimento a la posibilidad de ejercer ese derecho. En algunas regiones del sur católico del país, la objeción entre los médicos trepa hasta el 85 por ciento. En decenas de casos se ha descubierto que médicos –por cierto muy católicos– oficialmente objetores de conciencia en los hospitales públicos, practicaban abortos ilegales en estructuras privadas. Los pocos médicos que aceptan cumplir con la ley se encuentran en situaciones profesionales difíciles, hostigados y frenados en su carrera y obligados a dedicarse exclusivamente a la interrupción de embarazos, catalogados como “abortistas”. En 2012, frente a una situación de vaciamiento de la ley por la aplicación estricta de un solo artículo de la misma, la Consulta Bioética lanzó por primera vez una campaña que cuestiona directamente el instituto de la objeción de conciencia en la profesión médica. “El buen médico no objeta y respeta la elección de la mujer de interrumpir su embarazo”, dicen sus promotores, que denuncian el cada vez más turbio clima creado por la Iglesia Católica para atentar contra la laicidad del Estado e impedir un derecho garantizado por ley. Para la Consulta Bioética el “buen médico” es aquel que nunca deja sola a la mujer, aunque ésta tome una decisión que él no comparta. Algunas otras asociaciones laicas también se han comprometido en un proyecto para la plena aplicación de la ley 194, que incluye concursos públicos reservados a médicos no objetores, algo que rompe la hipócrita postura según la cual el derecho a la objeción del médico prevalecería sobre el derecho de la mujer a ver respetada la ley. Se trata de un terreno por cierto resbaloso ya que el médico objetor fácilmente podría denunciar ser objeto de discriminación en el caso de concursos reservados a no objetores.
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