Que deje de ser cosa ajena

Balance en torno a la violencia doméstica

Es como si, a pesar del discurso progre y preocupado, el país no lograra comprender la real dimensión del problema. A Uruguay le urge encontrar soluciones a la violencia doméstica porque ésta se convirtió en uno de los mayores riesgos para mujeres y niñas. Y al decir “riesgo” se dice sufrimiento, violencia, golpes, amenazas, orfandad. Y sobre todo, muerte.

Los números siempre incompletos registraron este año más de 30 mujeres muertas. Las hubo asesinadas con armas de fuego y a golpes de puño; las hubo con arma blanca también; algunas murieron delante de sus hijos, otras murieron con ellos. Muchas de ellas habían realizado denuncias ante la Policía y la justicia; y otras más las presentaron y las retiraron, víctimas del laberinto de incomprensión que atrapa a las mujeres en sus intentos desesperados por liberarse. El mismo laberinto opresivo que las encuentra un día disparando a su victimario para terminar con la no vida que les imponen y las condena a una nueva cárcel, ésta sí de barrotes, porque no existe figura legal que contemple su situación.
Hasta tedioso es volver a escribirlo, pero cuán necesario es decir que cada diez días muere una mujer, o es víctima de un intento de homicidio, en un país donde, a pesar de que el tema logró colarse en la lista de “preocupantes”, al hablar de inseguridad todavía no se la asocia con ella. En los delitos contra la persona, corre segunda, sólo superada por el hurto. Sin embargo, aún parece asunto doméstico donde impera el no te metás. De eso dan cuenta las denuncias, de las cuales el porcentaje realizado por terceros –ese vecino que escucha los gritos, esa parienta que ve los golpes– es marginal.
{restricrt}Este año Brecha se sumó a la campaña Nunca Más a mi Lado, junto a la Bancada Bicameral Femenina, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y la banda No Te Va Gustar. Lo hizo desde el compromiso periodístico: sus artículos al servicio de la comprensión del problema, en un intento de desentrañar ese “laberinto” que hace que las mujeres vayan y vengan, denuncien y se arrepientan, resistan y permanezcan; porque esto de pasional no tiene nada, y porque de ello depende que las políticas públicas estén bien dirigidas. Porque, en definitiva, entender la violencia doméstica es entender el vigor y la permanencia del patriarcado dominante en nuestro país, entender sobre los derechos y resistencias, la cultura atávica, la salud pública… No fuimos los únicos que lo intentamos, por cierto. Uruguay cuenta con varias campañas, esfuerzos más o menos articulados por visibilizar el tema. Y sin embargo, no alcanza.

 

SUCEDIÓ. A modo de balance de año puede ¿celebrarse? que a fines de noviembre la Suprema Corte de Justicia (scj) reconoció en conferencia de prensa que 11 puntos señalados por las organizaciones sociales en cuanto a las malas prácticas de la institución son reales. Hablamos de malas prácticas de la justicia. Los puntos dan cuenta de las fallas, pero sobre todo hablan de cuánto cambio cultural debe imponerse entre los jueces y funcionarios judiciales para que la ley de violencia doméstica, que ya tiene 10 años, resulte efectiva. “Lo que se naturaliza no se desarma. Si no se conoce lo que produce la violencia nos vamos a encontrar con una mujer desestructurada que no logra hilar dos frases y te dicen ‘está loca’. No está loca, la está volviendo loca la situación. Pero no necesariamente lo que dice es falso”, dijo este año la ex jueza Ana Lima a este semanario. La falta de presupuesto no es siempre el problema excluyente para los cambios. Al dar la razón a las ong, la scj reconoció que hay jueces que resuelven por teléfono situaciones de urgencia, que hay quienes estampan “soluciones” como “intímese a las partes a evitar conflictos”, como si la violencia doméstica fuera un asunto entre iguales, y hay magistrados que fundan sus resoluciones en nada, y si lo fundan en algo no lo dejan por escrito. Los jueces tampoco acostumbran hacer audiencias de evaluación para asegurarse de que las resoluciones hayan sido cumplidas. “Insisto en que la ley de violencia doméstica es de orden público y por tanto ajena a la voluntad de las partes. Ese ‘arreglo’ puede significar volver a la situación de violencia. No deberían archivarse sino que correspondería un informe del equipo social para saber si cesó la violencia, o si cada cual hizo su vida aparte y se terminó el problema, o es que están viviendo juntos y sigue el fenómeno”, admitió el ministro Ricardo Pérez Manrique, en una entrevista con Brecha publicada meses atrás. El propio jerarca reconoció que muchas veces el derecho de familia es visto como una rama menor, por lo que los errores y los criterios difusos son mucho más tolerados que en otras ramas de la justicia. Hubo que hacer explícito el sentido común, a través de una acordada (que entró en vigencia a fines de noviembre) para advertir a los jueces que deben abandonar estas prácticas.

SIN CERTEZA. En este 2012 que se va, un informe del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo) dejó chiquitos los datos conocidos sobre violencia doméstica revelando, luego de estudiar cómo trabaja el Ministerio del Interior (mi) en torno al tema, que existe un importante subregistro de casos. Incluso algunos de ellos son anotados como “problemas familiares”, una figura inexistente pero decididamente cómoda, que se utiliza en Montevideo y Canelones; es decir, en buena parte del país. “La denuncia se realiza de acuerdo al criterio del personal policial y de las directivas que se le den en cada unidad” y “no existe un protocolo que defina conceptualmente el alcance de cada categoría”, se leía en las páginas de Brecha en marzo, cuando dio cuenta del informe mencionado. Es que el mi está junto con el Poder Judicial (pj) en el centro del problema de la violencia doméstica. Ambas instituciones cumplen roles centrales pero siguen sin lograr articular políticas que las conviertan en efectivas. Las unidades especializadas del mi “son insuficientes debido a que no están dotadas de la jerarquía, los recursos y el presupuesto necesarios”, señaló el informe, mientras desde el ministerio se reconoció que “no existe en la estructura policial una dependencia que coordine, articule y brinde unidad y criterios de acción”, según consignaron en ese entonces las autoras del trabajo.
Si coordinar una institución es engorroso, cuánto más difícil parece ser la coordinación interinstitucional. Este año culmina con el sabor amargo que deja la negativa de cinco de los seis jueces de familia especializados de utilizar las pulseras electrónicas. Tal vez este haya sido el colmo del absurdo en cuanto a coordinación. La solución, estudiada por una comisión interinstitucional durante un año, es una herramienta para cumplir la medida cautelar de no acercamiento del agresor a la víctima que en muchos casos dispone la justicia. Sin embargo, una vez aprobada, los jueces de familia consideraron que es violatoria de los derechos del agresor y manifestaron su negativa a aplicar la medida aduciendo, además, que no habían sido consultados. ¿Por qué el pj no integró a estos jueces en la comisión? ¿Por qué los jueces de familia esperaron que la decisión fuera tomada para manifestar sus discrepancias en lugar de reclamar el derecho a la participación desde un principio? ¿Qué harán estos jueces para asegurarse de que la medida de no acercamiento se cumpla? No hay que olvidar que en buena parte de los casos de muerte y agresiones los hombres desconocen la prohibición que les rige.

HACIA ADELANTE. Pasados diez años de la ley, tanto el pj como el mi parecen decididos a emprender cambios. Las facultades de Derecho y de Ciencias Sociales harán un estudio crítico del estado del Poder Judicial (a pedido de éste) en cuanto a la lucha contra la violencia de género, tanto a nivel penal como de familia. La intención es que los resultados permitan sugerir cambios en la forma de trabajo (algunos de los necesarios ya fueron detectados por las organizaciones sociales). Algo similar hará el Ministerio del Interior, que firmó un convenio con el latu para realizar un relevamiento y diagnóstico de las unidades especializadas en violencia doméstica, con la intención de proponer un modelo de atención, recuperando las perdidas (o nunca tenidas) buenas prácticas. También se firmó un convenio con la Facultad de Psicología para que trabajen en las unidades especializadas desarrollando estrategias de cuidado, de auto cuidado, espacios de contención grupal y de formación para los funcionarios de esas oficinas.
Pero falta. Uruguay sigue sin tener una política clara, contundente y coordinada, que asegure a las mujeres que el Estado no las dejará a la deriva si denuncian una situación de violencia. ¿A dónde pueden ir hoy si deben salir de su casa? ¿A qué casa, a qué centro de salud, a qué juzgado o comisaría pueden llegar con la certeza de que existe un protocolo de actuación coordinado y sólido que no dudará cuando ellas mismas estén en medio de sus dudas, en medio del laberinto en que el orden patriarcal las encierra?  {/restrict}