¿Educadores o guardacárceles?

Mientras buena parte de la sociedad apuesta a encerrar a más adolescentes, los criterios de selección del personal que debería contribuir a su rehabilitación generan interrogantes. Para el último concurso realizado por el Sirpa se bajaron los requerimientos mínimos de formación, se otorgó un peso decisivo a la entrevista personal en la selección. En los legajos de los miembros del tribunal que define los ingresos constan varios sumarios.

 

En el concurso que este diciembre incorporó a 300 funcionarios con la categoría de “oficial V” al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), alcanzaba con acreditar educación primaria completa para postularse. Las contrataciones, de carácter eventual, corresponden al escalafón E de oficios. Éste comprende tareas en las que predomina el esfuerzo físico y/o la actividad manual. Pero si se revisan las bases del llamado, el perfil del cargo define un amplio rango de competencias, algunas vinculadas a la seguridad y una mayoría estrechamente relacionadas con un mandato educativo.
En este sentido queda a cargo del funcionario: “estimular el aprendizaje de normas de convivencia, educación y trabajo”, “favorecer un adecuado relacionamiento social desde una perspectiva de resolución no violenta de los conflictos”, “estimular la reflexión sobre la responsabilidad del hecho infraccional” y “colaborar en la realización de actividades educativas, recreativas, sociales y culturales”. En la evaluación se puntúan grados mayores de educación formal, así como la formación específica. Pero para competir alcanza haber terminado la escuela.
Las funciones que en la órbita del Sirpa cubre un “oficial”, anteriormente eran cumplidas por un “instructor” o “educador”, cuya diferencia estriba en si su contratación es eventual o permanente. Ambos cargos pertenecen al escalafón D especializado. Éste comprende tareas en las que predomina la labor intelectual y cuyo desempeño requiere conocer técnicas impartidas por centros de formación de nivel medio o en los primeros años de cursos universitarios. La clasificación concuerda con las actividades detalladas en la descripción del cargo, pero no se refleja dentro de las “especificaciones” para el ítem “Conocimientos”.
La histórica escasez de aspirantes a cumplir funciones en centros de privación de libertad ha frustrado varios intentos por elevar el nivel requerido para ingresar a éstos. Pasó en 2011 cuando se pidió Ciclo Básico terminado y no se llegaron a cubrir los cargos.

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