Bienvenidos al paraíso
- Última actualización en 21 Enero 2013
- Escrito por: Tania Ferreira
Con Nicolás Iglesias*
Bienvenidos al paraíso
La herencia batllista de que el Estado no se mete con la religión de los individuos, más la exoneración de impuestos a las iglesias, hacen que Uruguay sea un “paraíso fiscal y religioso” para los grandes mercaderes de la fe. Somos el único país de la región que no cuenta con su propia secretaría de culto que advierta o al menos se informe de las maniobras de grupos económico-religiosos como Pare de Sufrir o Dios es Amor.
—Se ha hablado de la creación de una secretaría de culto en Uruguay. ¿Cuáles serían sus alcances?
—La propuesta presentada por la Mesa de Diálogo Interreligioso en Uruguay es que exista una oficina dentro del Estado que dialogue con las religiones, un espacio de interlocución válido y designado por el Estado. Y este organismo debería primero conocer cuáles son los cultos en nuestro país –Uruguay no tiene esa información sistematizada–, reconocer su existencia, saber dónde están, qué hacen, quiénes son y cómo actúan. Eso permitiría ver si hay grupos religiosos que están actuando fuera de los fines que supone y declara una organización religiosa en el momento de su registro.
Todos los países de América latina cuentan con su secretaría de culto, y unas de sus primeras tareas es registrar a estos grupos religiosos, habilitar la construcción de edificios, reconocer a los sacerdotes, pastores, pais, mães.
Definir cuál es un culto religioso y cuál no ya es una discusión teológica un poco más compleja. Por eso estos organismos reguladores no son rectores de las teologías, sino que reconocen y regulan el accionar dentro del ámbito religioso. Es decir, más que definir qué es un culto, el Estado uruguayo deberá vigilar que esas asociaciones religiosas admitidas como tales y exentas de impuestos sólo se dediquen a la religión y no a otro tipo de actividad lucrativa.
Un aspecto que en Uruguay no ha sido lo suficientemente supervisado o problematizado es el manejo de los recursos económicos provenientes en su mayoría del exterior. Algunos casos de iglesias o grupos más económicos que religiosos son bien emblemáticos. Dios es Amor y Pare de Sufrir claramente reciben dinero de afuera, y el Estado uruguayo no está al tanto de dónde provienen esos fondos. Si el gobierno no pudiera regularlos o al menos tener mayor información sobre sus movimientos, podría ser cómplice de situaciones de lavado de dinero.
—Si es tan evidente para todos que Uruguay es como un “paraíso fiscal” para esos grupos, ¿por qué no hay repercusiones legales al respecto?
—Creo que se explica por un tema cultural: en nuestro país existe una concepción de que lo religioso es privado, la dimensión de la fe es un tema solamente de los individuos. El Estado, desde su separación de la Iglesia Católica, cien años atrás, ha instalado una matriz muy batllista de que sobre lo religioso no hay que meterse. Todo se ha dejado a la libertad del mercado, y en ese vacío empiezan a moverse estos grupos que se valen de esas leyes económicas.
En pocas palabras, en Uruguay estas religiones corren con esa doble suerte: el paraíso fiscal y la ventaja cultural de que lo religioso es un tema donde el Estado uruguayo no debe meterse.
Los que se benefician con esta libertad del mercado o esta libertad religiosa entre comillas son los que tienen poder económico, compran y compran espacios en los medios de comunicación y edificios para hacer su negocio de la fe.
—¿En algunos casos se debería terminar con la exoneración impositiva de que gozan todos los cultos religiosos según la Constitución?
—Sería saludable la discusión sobre ese punto, no porque crea que hay que sacarle la exoneración a algunas religiones sino porque falta un control para que los que no pagan impuestos hagan lo que dicen que hacen.
Existen lagunas jurídicas e institucionales, el Estado debería capitalizar lo bueno de las religiones y controlar lo que se escape del bien común: si hay personas que son víctimas de la manipulación de un grupo religioso-económico hasta el punto de perder los títulos de su casa en una donación... El Estado debe garantizar los derechos de todas las personas, incluso de los que creen en estos tipos de religión.
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¿Libertad para las megaempresas de la fe?
Mãe Susana Andrade*
Los nuevos tiempos exigen enfrentar nuevos desafíos sociales con repercusiones legislativas y de normativización del quehacer colectivo en beneficio de todas y todos. Si bien las reglas no son panacea de males universales, suponen una importante herramienta de convivencia donde convergen diferentes perfiles y culturas que deben amalgamarse para comprendernos, participar en la ciudadanía y contar con la necesaria inclusión que traerá paz para el desarrollo.
ANTECEDENTES. Resultado del Diálogo Interreligioso del que participamos desde el año 2006, llegamos pluralmente a la conclusión de la necesidad de que nuestro Estado practique una laicidad inclusiva y no negacionista o casi prescindente del fenómeno religioso como hecho social, tal cual ha sucedido hasta ahora. El mecanismo o espacio que atendiera estas cuestiones -unidad o secretaría que se ocupara de los asuntos vinculados a los cultos- probablemente debería “colgarse” del Ministerio de Cultura o de Desarrollo Social, o de la propia Presidencia. Sería un reconocimiento a las encuestas que hablan de la sensibilidad religiosa presente en un 80 por ciento de la población uruguaya.
Naturalmente las religiones son acervo de valores socialmente aceptados por la moral no religiosa incluso. El Estado es laico pero no la ciudadanía, el pueblo, por lo que sería bien importante que aquel tuviera un lugar donde se sostuvieran estos legados vivos, un sitio que fundamentalmente apunte a mostrar la diversidad cultural reflejada en la diversidad de creencias, de modo que no sean solamente patrones históricamente hegemónicos los que impongan modelos de visiones de lo trascendente propias de elites dominantes como sucede desde los inicios de las instituciones. El diálogo nos hace iguales y lo estatal, visibles.
Dada la proliferación hace aproximadamente dos décadas de megaempresas de la fe en Uruguay, seudorreligiones de corte neopentecostal y fundamentalista, ostensibles industrias basadas en la intolerancia religiosa difundida por grandes medios de comunicación y en la explotación de las necesidades humanas, siendo ostentosos dueños de capitales multimillonarios de dudoso origen, se impone separar la paja del trigo y de allí cierta necesidad de regulación que anteriormente pudo obviarse.
CONCLUSIONES. Si algunas empresas llamadas “iglesias” o “cultos” están inscriptos en el mec como “asociaciones civiles sin fines de lucro”, debería definirse por parte del Estado qué topes de montos pueden integrar el patrimonio en bienes y efectivo de dichas organizaciones anotadas con ese estatus. Fundamentalmente porque dicha categorización les permite exonerar impuestos y otro tipo de controles fiscales, lo cual se transforma en invitación al blanqueo, entre otras ilegalidades, pues se trata de dinero “no vigilable”, ya que como “donaciones” se recibe de donde sea sin importar los orígenes reales, o sea el primer emisor. Si no tienen fines de lucro: ¿cómo entonces manejan cifras siderales con las que adquieren inmuebles millonarios en dólares? Deberían pagar impuestos, como mínimo, porque caen en la lógica del mercado. El fundamento de la exención impositiva a cultos no es el enriquecimiento desmesurado, sino para facilitar el cumplimiento de la labor social que tradicionalmente cumplen las iglesias.
Tal como estamos, en el discurso se declaran “sin fines de lucro” pero en los hechos acumulan y acumulan fortunas, y en países vecinos muchas veces -como es el caso en Brasil de la iurd, hoy con proceso abierto, y antes Dios es Amor- son investigados por lavado de dinero y fraude al fisco. Tendría que ser absolutamente comprobable la legalidad del origen primero de la plata, de lo contrario se vuelve una simple argucia para violar leyes.
Las arengas basadas en lograr la prosperidad económica exclusivamente, como las que realizan los “neopentecostales” multimillonarios que están comprando a Uruguay, atentan contra valores de solidaridad, altruismo, convivencia, etcétera, pues fomentan la competencia malsana, la carrera frenética por “las cosas”, el valor del dinero como fin en sí mismo, el consumismo y el endiosamiento del poder adquisitivo a costa de todo. O eres rico o no eres. En cambio la religión basa su prédica en valores espirituales y los cultos desde siempre hablan de armonía humana y de lo económico en función de la superación del ser interior y no viceversa.
Para estas sectas mediáticas y ostentosamente adineradas, el poder del dinero compra y puede todo, y su entronizamiento en lugares céntricos de la ciudad son símbolo de su imperio. Probablemente, como en Brasil, van por el poder político para luego usarlo a favor de su “negocio” y en contra de sus detractores, o de quienes simplemente cuestionen tal impunidad social instaurada como “costumbre”.
Al parecer nuestro sistema jurídico electoral aleja la posibilidad de que estos grupos con ideas fundamentalistas financien campañas políticas; sin embargo, es necesario estar atentos.
Dadas entonces estas nuevas realidades, la libertad de cultos sin ciertos controles, que se deberían evaluar y pensar con los distintos actores involucrados, podría estar amparando desigualdades arbitrarias e ilegalidades. No evolucionamos como sociedad si nos basamos en leyes penales solamente sin actuar en legislaciones o normativas que actúen en la génesis de los problemas y tiendan a su prevención o profilaxis.
SOBRE EL CINE PLAZA. Concretamente en el caso de los cines céntricos hay otros problemas. En los mejores puntos de nuestra ciudad, inmuebles costosísimos dejan de pagar impuestos y se reducen en mucho las arcas estatales necesarias para mantener la ciudad justamente en los polos de atracción turística que llevan más gastos de mantenimiento. El centro de la capital es nuestra imagen como país. Si realmente son iglesias (aquí deben hablar los grupos evangélicos que se han desmarcado de ellos) y sin fines de lucro (es el mec el que debe poner topes de manejo de finanzas) está bien que no paguen impuestos. Pero al menos que no ocupen los mejores lugares del país. ¿La principal avenida para qué? ¿Por qué? ¿Porque representan su dominio en Uruguay? ¿Porque “venden” mejor? ¿O por todo eso junto? Esto es peligroso. Además, ¿cómo se mantienen las principales avenidas si justo los edificios más caros no pagan impuestos?
* Procuradora, cofundadora del grupo Atabaque, así como del periódico homónimo, y de la Federación Afroumbandista ifa del Uruguay.