Brecha Digital

Con o sin patente, un asalto es un asalto

Propiedad intelectual

Pocos temas son tan áridos y están rodeados de tantos intereses como el de la propiedad intelectual. A caballo del modelo neoliberal, Estados Unidos y la omc han impuesto un conjunto de condiciones especialmente onerosas para pequeños países como Uruguay.

 

“El tema es muy complejo, hay muy pocos entendidos y abarca muchos subtemas, como patentes, licencias, derechos de autor, marcas. Hay una avanzada de las multinacionales del entretenimiento y de los gobiernos de los países centrales para asustar a los usuarios que ven como algo natural compartir conocimientos y cultura”, esgrime el informático Ismael Castagnet. Agrega que esa política “perjudica a la industria nacional, desde las pequeñas hasta las más grandes”.
Una postura bien diferente es la que defendió Juan Eduardo Vanrell, dirigente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (Asipi), para quien “un país es desarrollado cuantas más patentes se presentan” (La Diaria, 7-II-13). Aunque a renglón seguido aclara que el aserto “es difícil de demostrar”, defiende la tesis de que la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Industria, debería ser un ente autónomo. O sea, que el Estado debe tener menos incidencia en la misma.
Unos hacen hincapié en el poder de las grandes multinacionales frente a los estados débiles, y los otros en que no se debe limitar la libre competencia. Así, los defensores de la protección a ultranza de la propiedad intelectual sostienen, como Vanrell, que su limitación implica que “se está expropiando el derecho que tiene una persona o una empresa”. Pone un ejemplo: “Internet fue pensada por ingenieros y en el medio entraron los abogados con una cabeza totalmente diferente, y es imposible acompasar Internet con los aspectos jurídicos”.
La idea de no legislar, o de legislar de forma muy laxa, incluye un problema que Vanrell no elude: “Si el consumo es bueno o es malo, para mí es secundario”. De forma muy explícita, pensando en el juicio que Philip Morris interpuso contra el Estado uruguayo, sostiene una posición casi extrema al señalar que “no estoy viendo el tema de la salud y tampoco lo quiero poner en la balanza, porque no es el tema”.
ESTRUCTURA GLOBAL. Que hay una guerra por las patentes parece evidente. Hace muy poco Apple litigó contra Samsung en relación con la tecnología de las telecomunicaciones inalámbricas. En un solo juicio Apple recibió 1.000 millones de dólares por una sentencia en California contra Samsung. El año pasado Google acusó a Microsoft y Nokia de abusar de patentes de dispositivos móviles de una manera que generará un incremento en los precios de teléfonos celulares y otros equipos inalámbricos. La denuncia se centra en 2 mil patentes que Nokia y Microsoft vendieron a una compañía que se especializa en cobrar regalías sobre propiedad intelectual.
El gobierno chino está preocupado por la “guerra de los juzgados”, que amenaza sus exportaciones a Estados Unidos. “Cuando los productos chinos entran en el mercado estadounidense frecuentemente se los culpa de cometer dumping, de amenazar la seguridad nacional o de infringir patentes, entonces o bien se les aplican altos aranceles punitivos o se los expulsa del mercado de Estados Unidos”, dice el oficialista Diario del Pueblo (28-I-13). Considera que se trata de una excusa para bloquear o eliminar a los competidores de ese país.
Hay datos que llaman la atención. Parece normal que los países más desarrollados, aquellos que cuentan con mayores presupuestos para investigación y tienen grandes empresas que realizan enormes inversiones en la materia, tengan mayor cantidad de patentes pedidas y concedidas. También parece normal que los países emergentes, como China, estén desplazando a los demás. De los casi dos millones de solicitudes para patentar presentadas en 2010, último dato difundido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (ompi*), 51,3 por ciento provienen en Asia, 26,6 por ciento de América del Norte y 17,4 por ciento de Europa. A América Latina y el Caribe les corresponde un magro 2,6 por ciento.
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