El mundo encima

La visita a Uruguay de miembros de la Comisión Internacional de Juristas

La declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la de caducidad preocupa también afuera. La primera misión de juristas que llega a interesarse por el caso no fue recibida por la Corte (ni siquiera por el ministro discrepante). Aunque los togados sigan jugando a las escondidas, jueces de la región y de aquí mismo parecen decididos a impedir que todo siga como está.

 

Los últimos movimientos de la Suprema Corte de Justicia (scj) ya atrajeron la atención de organismos internacionales que, preocupados y presurosos, desembarcaron en Uruguay para “entender” una situación que no se puede explicar desde “el punto de vista de la lógica”. Dos miembros de la Comisión Internacional de Juristas (cij), organización con una reconocida trayectoria de 60 años que vela por el “cumplimiento del Estado de derecho y de la promoción de los derechos humanos” a lo largo y ancho del mundo, volaron hasta Uruguay para entrevistarse con diferentes actores involucrados en la discusión. Brecha se entrevistó con los dos delegados, el brasileño Belisario dos Santos Junior (B D S) y el chileno Alejandro Salinas (A S), a mitad de su estadía, para conocer sus primeras conclusiones.
—¿Qué motivó la visita?
B D S —Nos preocupa que en Uruguay, donde ha habido tantos avances en materia de derechos humanos, se produzca una situación que no entendemos.
—Y luego de las entrevistas que han realizado, ¿logran comprender la situación?
A S —Nos hemos reunido con fiscales, con la jueza Mariana Mota, ayer mantuvimos reuniones con los senadores Enrique Rubio y Ope Pasquet y también con la gente de la Dirección de Derechos Humanos de la cancillería. El objetivo es tener un panorama más global y entender cuáles son las razones detrás de estas decisiones que eran tan poco previsibles unos meses atrás. De hecho, cuando conversamos con el senador Rubio él señaló que en el momento en que presentaron el proyecto de interpretación habían analizado que era una buena oportunidad, porque la opinión pública y las condiciones políticas estaban maduras. La sorpresa fue el cambio de opinión de la scj, que ya se había manifestado a favor de declarar inconstitucional a la ley de caducidad. Si ya había emitido una opinión, si ya tenía una doctrina sobre esa materia, era poco previsible que se volviera atrás. Pensar que los crímenes de lesa humanidad existen solamente a partir del momento en que el país los reconoce y los incorpora a su derecho interno (lo que sucedió en 2006 y fue usado como argumento para declarar inconstitucional la ley interpretativa por la scj) es un absurdo. Es como sostener que la desaparición forzada se transforma en un crimen contra la humanidad cuando la reconozco como tal. Y antes, ¿qué es lo que era? La comunidad internacional ya se había pronunciado al respecto y todos esos tratados fueron ratificados por Uruguay. Por eso hay sectores de la cancillería que dicen que a nivel internacional van a tener problemas, y seguro que los habrá.
—¿Cómo se explica el cambio de postura, entonces?
A S — Eso es lo que no se explica desde el punto de vista de la lógica. El razonamiento que hace la scj es muy reduccionista al desconocer la validez de la doctrina emanada de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh). Es ir a contrapelo de todo lo que se ha declarado y del avance que ha tenido el derecho internacional. Parece que hubiésemos vuelto a los años setenta u ochenta, porque el de hoy es el mismo criterio, el mismo tipo de mirada que había en plena dictadura. Parece que no se aprendió mucho en los últimos 25 años.
B D S —Intentamos una entrevista con la scj pero no nos contestaron. Intentamos una con Pérez Manrique (el único ministro de la Corte que votó en contra de la inconstitucionalidad de la ley interpretativa), y había sido confirmada para el jueves, pero luego llamó para cancelarla.
La sentencia de la Corte, que es muy larga pero dedica apenas cuatro o cinco líneas a cuestiones de lesa humanidad, argumenta que hubo dos momentos en que la ciudadanía uruguaya se pronunció a favor de la ley de caducidad. Eso parece fuerte a primera vista, pero hay temas que no pueden ser objeto de un referéndum. Son conquistas de años. No se puede llamar a un referéndum para determinar si estamos de acuerdo con la evolución cultural de un pueblo. Es una perversa apariencia democrática afirmar que puede hacerse un plebiscito sobre conquistas de la civilización.
A S —Todos estamos de acuerdo que los delitos penales deben prescribir, esas son garantías del debido proceso, que también es un derecho humano. Pero lo que aquí se juzga no son delitos comunes. Lo que la Corte está diciendo es que en Uruguay no se cometieron crímenes contra la humanidad durante la dictadura.
B D S —El derecho no es un fenómeno que se creó en Marte para cosas que pasan en la Tierra. El derecho tiene que estar atento a lo que sucede en la realidad. No se pueden considerar esas violaciones masivas, sistemáticas, cometidas en un corto período, por una razón muy definida de conservar y mantener el orden establecido, como si fueran hechos aislados. Es algo de sentido común.
—Se argumenta que la soberanía nacional está por encima de los acuerdos internacionales…
B D S —Esa es la argumentación más antigua que existe. Ni siquiera bajo la dictadura –frecuento Uruguay desde los años ochenta– un ministro se negó a recibirme arguyendo que debería ocuparme de temas de Brasil.
—¿Ese fue el argumento para no recibirlos?
A S — Simplemente no nos contestaron. Es un momento muy delicado para Uruguay, que creo que los uruguayos van a saber enfrentar, pero la comunidad internacional tiene que reaccionar.
—Si la lógica no explica las idas y venidas de la Corte, ¿pueden ser entendidas como una respuesta a algún tipo de presión de otros actores?
A S — Yo soy enemigo de las teorías conspirativas. Sin embargo, me llama la atención la seguidilla de hechos que se han ido sumando.
Primero el traslado de la doctora Mariana Mota sin una razón aparente, hecha además sin cuidar las mínimas formas administrativas que debiera tener cualquier traslado de un funcionario público. Por lo menos en los ámbitos que conozco, todos los funcionarios públicos están resguardados por ciertas normas que evitan la discrecionalidad y el abuso. En este caso, una jueza que tenía un porcentaje significativo de las causas importantes en materia de derechos humanos, y con un grado considerable de avance, es trasladada sin mayor razón, sin motivo aparente... PARA LEER EL CONTENIDO COMPLETO DE LA NOTA SUSCRIBITE A BRECHA DIGITAL, arriba a la derecha.