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Cómo prevenir el Alzheimer colectivo

La fotografía muestra el antiguo centro de torturas conocido como “300 Carlos”. Otros espacios, como el edificio del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, el de la Unidad del Servicio del Aeródromo Capitán Boiso Lanza y el del Cuerpo de Fusileros Navales, siguen allí, aparentando inocuidad, indiferentes a un pasado que la memoria intenta recuperar.1
Como señala la investigadora argentina Claudia Feld, coordinadora académica del Núcleo de Estudios sobre Memoria del Instituto de Desarrollo Económico y Social en Buenos Aires, de aquellas paredes han sido borradas “las huellas de los crímenes” y, sobre lo limpio, los espacios se vaciaron y se resignificaron con escritorios y oficinistas.2 Son los discursos los que devuelven a la vida lo que las baldosas oprimen; es la palabra de quienes fueron torturados allí la que usa como referente los cuartos, pasillos, fachadas o patios reconstruyendo un (otro) sentido del espacio y volviendo el pasado, presente. Porque, como dice Beatriz Sarlo, “el tiempo propio del recuerdo es el presente: es decir, el único tiempo apropiado para recordar y, también, el tiempo del cual el recuerdo se apodera, haciéndolo propio”.3
Pero los espacios en que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura no son los únicos “sitios de memoria”. Una investigación realizada por el Instituto de Política Pública en Derechos Humanos Mercosur (ippdh) incluye también, bajo este rótulo, los lugares especialmente construidos para la memoria (museos o monumentos) que pueden no estar ligados física, emocional o simbólicamente a algún hecho del pasado.4
Un recorrido por los edificios y monumentos de la ciudad, y de otras capitales cercanas, muestra los avances y dificultades que existen para recuperar las huellas de los espacios y crear nuevos sitios desde los que recordar y construir memoria.

SIN ESPACIO PARA LA HISTORIA. “El Estado aún no definió políticas del trabajo en la memoria. Hay iniciativas por un lado o el otro pero todavía no se conjugan en un gran planteo”, sentenció Elbio Ferrario, director del Museo de la Memoria (Mume). Algunas de estas medidas concretas han sido la búsqueda de restos óseos realizada por el equipo de arqueólogos en los centros militares, la investigación sobre historia reciente llevada adelante por el equipo de trabajo de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, la creación del Mume y de la Institución Nacional de Derechos Humanos (indh).
Pero los incipientes avances no se han logrado sin traspiés. Acceder a la documentación que encierran los archivos estatales –sobre todo la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia– continúa siendo difícil para los investigadores. De igual forma, la puesta en práctica e instalación de la indh enfrenta varias dificultades. Ya por agosto de 2010 Luis Rosadilla, el ex ministro de Defensa Nacional, se comprometió con distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos a convertir, en menos de un año, la sede del Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) en un “espacio de la memoria” vinculado a los episodios de la dictadura. Más tarde, en enero de 2012, el gobierno resolvió sacar al Calen de la órbita del Ministerio de Defensa y pasarlo a Presidencia con la intención de convertirlo en la sede la indh.
No se ha concretado ni una cosa ni la otra. La institución aún no se mudó del Parlamento, y el futuro espacio de la memoria –lejos de instalarse– ni siquiera ha sido pensado en su diseño. 
Mariana González Guyer, presidenta de la indh, explicó a Brecha que el traslado está muy atrasado porque el lugar todavía no está en condiciones y las reparaciones dependen de un llamado a licitación que sigue pendiente. “Todavía no sabemos las características que va a tener el espacio de la memoria; el acuerdo va a surgir del diálogo con las organizaciones de derechos humanos”, agregó. Para Gastón Grisoni, presidente de Crysol (asociación de ex presos políticos de Uruguay), primero hay que poner a funcionar plenamente la indh y luego continuar las conversaciones sobre la conformación del futuro espacio de la memoria.
Por lo pronto se piensa instalarlo en el subsuelo de la casona, una gran pieza con piso de madera que ocupa toda la planta. Allí, hace 30 años, se alojaba a los prisioneros. Todas las paredes del Calen sudan historia: la residencia de tres niveles, ubicada en bulevar Artigas y Palmar, fue sede del Servicio de Información de Defensa (sid) durante la dictadura y funcionó como cárcel clandestina al menos entre agosto y diciembre de 1976. Allí fueron vistos, entre tantos, María Claudia García de Gelman y los hermanos Julien Grisonas.
La creación de ese espacio implicaría materializar lo que la norma mandata desde hace rato. La ley de reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado –promulgada en 2009– dispone en su artículo ocho varias responsabilidades que éste debería cumplir, pero pocas se han concretado: identificar con placas recordatorias y visibles para la ciudadanía los edificios o sitios públicos donde se violaron los derechos humanos, determinar entre esas instalaciones o edificios cuáles servirán de memoriales y definir fechas conmemorativas en homenaje a las víctimas.
Para Grisoni uno de los problemas centrales en su aplicación es que “no hay un órgano que implemente esas tareas. Está la ley pero no está reglamentada y no hay nadie asignado para hacerse cargo. Por ahora son sólo formulaciones vagas e incumplimientos”.
Podría pensarse que hay otras razones que dificultan la implementación de la norma. La sistematización realizada por el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos (ippdh) muestra que existen actores que sostienen que el señalamiento de los espacios donde se violaron derechos humanos que siguen perteneciendo a las Fuerzas Armadas no es viable “hasta que no se termine de procesar lo sucedido y no se renueven completamente las instituciones,(pues) no resulta conveniente exponer a las víctimas y sus familiares a tener que compartir con aquéllas su espacio de duelo, homenaje y memoria”.

CONSTRUCCIÓN DEL RECUERDO. Un lío de apartar a caballo se armó en Argentina allá por 1998 cuando las Madres de Plaza de Mayo amenazaron con destruir a pico y martillo los futuros monumentos si se incluía en ellos el nombre completo de sus hijos y nietos desaparecidos. Denunciaban que los representantes del gobierno encargados de tomar esa decisión eran antiguos colaboradores de la dictadura. La instalación del Parque de la Memoria en Buenos Aires trajo consigo largas discusiones, y los integrantes de la comisión pro monumento –organizaciones de derechos humanos, academia, gobierno– no se ponían de acuerdo.
En el libro Monumentos, memoriales y marcas territoriales, las investigadoras Elizabeth Jelin y Victoria Langland se preguntan si “existe una estética ‘más apropiada’ que otras para representar el horror”. Resulta que el debate estético es una parte constitutiva de este tipo de proyectos basados en la memoria. El cómo representar siempre está en cuestión: “Si la representación del horror sólo puede hacerse en una estética realista, si hay géneros más ‘apropiados’ que otros, y quién tiene el poder para dictaminar”.5
Son varios los emprendedores de proyectos que “luchan por el poder estético”: por un lado las víctimas, sobrevivientes, y actores del movimiento por los derechos humanos, por otro los expertos y académicos (curadores, artistas, museólogos), y por último el gobierno. ¿Es posible un consenso entre las expectativas de todos los actores?
Claudia Feld y Luciana Messina, coordinadora del grupo de trabajo sobre “Espacios, lugares, marcas territoriales de la violencia política y la represión estatal” que funciona en esa institución, hablaron con Brecha sobre la experiencia Argentina en torno a este debate.
Según las investigadoras, “las políticas vinculadas a los derechos humanos y a la búsqueda de verdad, justicia y memoria sobre el pasado reciente fueron impulsadas, en primer lugar, por los organismos de derechos humanos, los sobrevivientes y las organizaciones sociales y políticas”. Pero la escucha que hicieron de estas demandas los poderes políticos fue variando con el tiempo.
Los primeros avances se dieron en la etapa de la transición democrática con la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) en 1984 y la realización, al año siguiente, del juicio a los ex comandantes. “En esos primeros momentos –explican Feld y Messina– parecía más urgente hacerse cargo de las demandas de verdad y justicia, que erigir sitios conmemorativos o lugares de recordación.”
En la década del 90 los reclamos del movimiento de derechos humanos fueron menos escuchados por las instituciones estatales, salvo casos concretos. Por ejemplo, algunas ciudades y pueblos del interior colocaron placas conmemorativas y comenzaron a pensar en lugares de memoria o nombraron sitios con los nombres de las víctimas de la dictadura... PARA LEER EL CONTENIDO COMPLETO DE LA NOTA SUSCRIBITE A BRECHA DIGITAL, arriba a la derecha.