Brecha Digital

Por ahora, una entelequia

La conveniencia de implementar un programa nucleoeléctrico en Uruguay se estudia desde 2008. La iniciativa surge en un contexto de crisis energética, en el que en paralelo a la incipiente puesta en marcha de una política diseñada para impulsar fuertemente la utilización de energías renovables, desde el sector político algunas voces reivindicaban la opción nuclear como “la” alternativa para superar la situación. Es por esto que el Poder Ejecutivo decretó la conformación de una comisión para analizar el tema, integrada por representantes de los partidos políticos y de los ministerios de Salud, Industria y Energía, y Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Desde ese momento la multipartidaria trabaja en la fase uno de análisis, según el protocolo que establece la Organización Internacional de Energía Atómica (oiea) para emprender un programa nuclear. En esta fase se evalúa una serie de aspectos a fin de reunir insumos que fundamenten la decisión, y en caso de que ésta sea afirmativa continuar con las siguientes etapas que el protocolo exige hasta la puesta en marcha del reactor, lo que –según estima el organismo internacional– no llevaría menos de 15 años.
Según Ramón Méndez, director nacional de Energía, la comisión estaría próxima a cerrar una primera etapa de análisis y aproximadamente dentro de un año estará en condiciones de presentar a la ciudadanía los resultados de su trabajo. “No serán conclusiones sino elementos para que otros saquen las conclusiones”, precisó Méndez. Sin embargo, el director aseguró también que antes de 2030 no será necesario pensar en la opción nuclear y remarcó que aunque se está analizando el tema –“como se analizan en paralelo una cantidad de otras opciones que hoy no están en la matriz energética pero que sería irresponsable no estudiar”– la política impulsada desde su cartera va por otro camino.
Según Méndez las condiciones que en 2008 rodearon la discusión cambiaron; a la luz de la evidencia –“que refuta algunos preconceptos, como la necesidad desesperada de la energía nuclear para salvar al país”– y de las lecciones que dejó el accidente nuclear ocurrido en Japón en 2011. “Fukushima mostró la fragilidad económica del negocio nucleoeléctrico. Inversiones millonarias quedaron en nada de la noche a la mañana. El cambio más significativo que se disparó después del accidente fue la percepción del costo de la inversión. Si bien sigue siendo cierto que el costo de mantenimiento de una planta es muy bajo, el costo de la energía que produce a lo largo de su vida útil depende de la tasa a la que se devuelva el dinero invertido. Hoy en día ningún organismo de financiación multilateral otorga préstamos para plantas nucleares por el riesgo económico que representa. Sólo se puede acceder en el mercado privado y a tasas muy altas.”

No ha lugar. Según Méndez en el largo plazo se podría cubrir el 100 por ciento de la demanda de electricidad con fuentes renovables, por lo que no habría necesidad de recurrir a la energía nuclear. “Se trata de una opinión que será refrendada en función de los datos que se terminen de recopilar. Pero hay otras opciones, más autóctonas, que no generan ningún tipo de residuo como sí genera la industria nuclear, y hasta donde hemos probado son bastante más baratas y adaptadas a nuestra realidad”, indicó.
Tal y como está planteada la política energética, el sistema estaría diseñado para que por lo menos hasta 2030 el desarrollo del país se realice en base a una adecuada combinación de fuentes renovables. Incluso se podrá responder adecuadamente a la eventualidad de nuevas inversiones que disparen un crecimiento de la demanda de hasta 20 por ciento.
Este análisis deja afuera la generación de electricidad a partir de la energía solar, cuya inclusión fortalecería aun más el sistema respecto de la dependencia de los combustibles fósiles. En este sentido Méndez afirmó que se estudian opciones de almacenamiento. “Es un tema a analizar, estudiar y comprobar, pero con el avance tecnológico perfectamente se podría llegar a prescindir en un futuro incluso del gas natural”, complemento de las fuentes renovables para los próximos 20 años, tal como proyecta la actual política. Indicó además que las exploraciones a fin de determinar si existen yacimientos de este gas en el territorio nacional no condicionarían la apuesta por las fuentes renovables, ya que de estar disponible el país contaría con un respaldo autóctono, como asimismo un producto de exportación hacia los países vecinos. “Aprovechando estas décadas en las cuales todavía hay petróleo y gas en el mundo, sería una formidable fuente de ingresos.”

En el debe. Uno de los puntos que el protocolo de la oiea establece para la fase uno refiere al “involucramiento de los implicados”, aspecto que sugiere el “inicio de un programa de información pública y de educación”, así como la “necesidad de una comunicación abierta y temporalmente adecuada respecto a los planes del programa nuclear que está siendo evaluado”. A título personal, Méndez considera que este punto ha sido un debe en el trabajo de la comisión pero que esto no responde a una actitud reacia a adelantar información. “Es un tema que muy fácilmente se politiza, y muy fácilmente se apasiona el debate. Lo que la comisión quiso fue tratar de preservar un clima de trabajo que sea lo menos contaminado posible con enfrentamientos políticos.”
Vale recordar que una de las recomendaciones que surgieron del juicio ciudadano en referencia a la energía nuclear, realizado en 2010, era hacer públicos los informes que desde la comisión se elevaran al Poder Ejecutivo, tal como estaba estipulado, cada tres meses. La asiduidad en la presentación de los informes no fue tal debido a un enlentecimiento en el ritmo de trabajo, y además la comisión entendió que la comunicación pública de la información no le corresponde a ella sino a la Presidencia de la República. Y a propósito de las recomendaciones surgidas en el seno del deliberativo, la comisión no las consideró vinculantes, porque no creyó conveniente participar como tal de dicha instancia, a pesar de que algunos de sus miembros sí lo hicieron.
Según indicó el director de Energía, el involucramiento de la ciudadanía “es un tema importante porque el mandato de la comisión es generar las condiciones para tomar una decisión, no solamente técnicas y económicas, sino sociales, y eso quiere decir brindar información”. Para eso una de las consultorías contratadas con el presupuesto que le fue asignado a la multipartidaria viene trabajando en cómo preparar la información para presentarla de la mejor manera posible a los distintos actores involucrados... PARA LEER EL CONTENIDO COMPLETO DE LA NOTA SUSCRIBITE A BRECHA DIGITAL, arriba a la derecha.