Te vendo, pero si te veo te interno

Tras el sorprendente planteo del gobierno de regular la venta de marihuana, cayó como un balde de agua fría el proyecto de internación compulsiva de adictos y el aumento de algunas penas. En este informe Brecha intenta echar luz sobre las virtudes y riesgos del consumo de cannabis y sobre el discurso social y político acerca de esa sustancia a través de los años. Además, en la otra cara de la moneda presenta apuntes para entender el proyecto que Mujica agregó al paquete "por la vida y la convivencia".

Con el argumento pragmático de que "Algo hay que hacer, dejate de biru biru", su vieja idea de que a los adictos hay que "agarrarlos del forro y meterlos en una colonia, (para) sacarles el vicio a prepo" y siguiendo su olfato político que le indica que se debe dar una señal con relación al puñado de consumidores problemáticos de pasta base que deambulan por las calles como zombies, el presidente José Mujica presentó al Parlamento –descolgado del paquete de 15 medidas "por la vida y la convivencia"– un proyecto de ley que establece la posibilidad de que "brigadas especiales y especializadas para la tarea" salgan a "localizar a las personas que, en la vía pública o espacios públicos o privados no habilitados, se encuentren consumiendo estupefacientes, o se presuma que acaban de hacerlo, o portando los mismos y que tal situación signifique un riesgo para sí mismos o para terceros".

El proyecto –redactado según supo Brecha por el abogado de la Presidencia Homero Guerrero– cayó como un balde de agua fría en la interna del gobierno, en filas del Frente Amplio (FA) y también en vastos sectores de la sociedad que entienden que no es el camino para solucionar el problema, y que además es un planteo inconstitucional y regresivo.

Hace algunas semanas el Gabinete de Seguridad, creado para dar respuesta al ruidoso tema de la inseguridad, presentó su "Estrategia por la vida y la convivencia" que incluía 15 medidas para comenzar a zurcir el tejido social y mejorar la seguridad ciudadana. Si bien el documento contenía algunos aspectos polémicos, como el aumento de los mínimos de algunas penas, permitió abrir una ventana de esperanza –sobre todo en su fundamentación–, con la idea de que los problemas de seguridad iban a intentar abordarse desde una lógica distinta al facilismo ineficiente de la mano dura.

Pero la improvisación, la terquedad o la falta de métodos y procedimientos claros reeditaron la confusión y el malestar otra vez por el tema de la forma y el contenido. Según supo Brecha, el asunto de la internación compulsiva había estado en el debate del Gabinete de Seguridad y se había acordado que no iba a ser presentado. Incluso en una reunión previa a la presentación que se realizó en la residencia de Suárez algunos sectores como Asamblea Uruguay y el Partido Socialista propusieron reformulaciones a los aspectos más polémicos, aunque finalmente el tema había quedado fuera.

EL PROYECTO FUE. Pero sorpresivamente el 27 de junio el proyecto de ley –basado en la ley 14.294 de estupefacientes, del año 1974– igual entró al Parlamento. De acuerdo a las consultas realizadas por este semanario, el planteo, así como está, naufragará no sólo por su inconstitucionalidad sino porque ya existe acuerdo en la bancada del FA para cambiarlo. Asimismo se percibe un sólido hermetismo en el gobierno sobre el punto. Porque para muchos resulta incomprensible que se haya hipotecado el resto de las medidas por un proyecto que no va a salir "porque es impresentable". Off the record se lo califica de disparate, barbaridad, mamarracho jurídico, adefesio.

Resulta incomprensible, incluso, cuando se lee la "Estrategia nacional para el abordaje del problema drogas (2011-2015)". Un documento que contiene una serie de lineamientos clave que el gobierno diseñó a través de la Junta Nacional de Drogas (jnd). Allí se establece "la integración de principios e instrumentos de derechos humanos con la política de drogas. Respeto de derechos y garantías en todas sus dimensiones"; también se asegura un "abordaje complejo, interinstitucional, cooperación con la sociedad civil y ampliación de las visiones y modalidades de intervención", y "políticas de drogas basadas en información de base científica y de buenas prácticas evaluadas debidamente". En el mismo documento la jnd "asume su responsabilidad en la construcción de las políticas públicas de drogas desde el respeto de los derechos humanos individuales y colectivos". Más adelante, entre los lineamientos estratégicos se propone "iniciar la revisión" de la "ley 14.294 sobre estupefacientes del 31 de octubre de 1974". El actual proyecto parece desconocer una a una las bases con las que se plantea trabajar la jnd, y lejos de revisar la vieja ley de estupefacientes de la dictadura, la ratifica.

Pero, ¿por qué Mujica, a pesar de que casi todas las opiniones especializadas aseguren que no es una medida útil, a pesar de que no se condice con los lineamientos ni con la estrategia sanitaria establecidos por la jnd, y que además contiene un talante autoritario que atenta contra las libertades individuales, mantiene su idea? Puede ser porque se siente ninguneado por los técnicos que le niegan todo y no le ofrecen nada, porque las leyes están pero nadie las aplica, puede ser porque los servicios han sido diseñados en función de los intereses de los profesionales y no de los usuarios (como ocurre en la educación y en la salud). Quizás la explicación sea más sencilla –sin perjuicio de todas las demás–: cuando un tema permanece sin que se resuelva nada, surgen propuestas como esta. Y a un problema tan complejo no se le puede dar una respuesta fácil.

GARÓFALO, TERRA Y UNA LEY DEL 74. Según Gianella Bardazano, abogada del Ielsur, no se está proponiendo nada nuevo. La redacción del proyecto evoca las concepciones de los higienistas de fines del siglo xix que consideraban que por criterios médicos se podía justificar la reclusión en hospitales de personas consideradas peligrosas porque tenían algún tipo de mal que podía ser contagioso para el resto de la sociedad. "El proyecto no agrega ninguna novedad a lo que ya está previsto en algunas leyes viejas. En el artículo 40 de la ley 14.294 de estupefacientes del año 1974 está prevista la internación compulsiva. Ese decreto remite a su vez a la ley de asistencia a psicópatas del año 36, de la dictadura de Terra."

Más allá de que no es algo novedoso, dice Bardazano, que venga acompañado de esa presentación "que remite a aquellas ideologías y que se justifique en la prensa como si se estuviera hablando de leprosos, ya es preo­cupante. Habría que revisar si es necesario que siga existiendo y no proponer una reformulación". Para la abogada del Ielsur, la propia redacción del artículo 4 del actual proyecto, "que es donde está la hipótesis de esta privación de libertad administrativa, de esta privación de libertad sin que se haya cometido delito (eso ya es inconstitucional: reprimir sin que exista delito), es casi idéntica al artículo 40, de manera que quien redactó esto conoce el antecedente y sabe de donde viene".

Viene, según explica, de un jurista como Garófalo, "lo más conservador y de derecha, (...) inventor de la noción de 'sujeto peligroso' o 'delincuente natural'. Juntaba los criterios médicos y jurídicos y proponía el aislamiento de esos sujetos que podían contagiar al resto probo y decente". Según indica Bardazano, en el proyecto están presentes Garófalo, el higienismo del siglo xix, Terra, la ley del 74...: "Que eso suceda en 2012, en la segunda administración del FA, parece algo doloroso, desmoralizante e ideológicamente imposible de concebir".

¿Y cómo se relaciona esta medida regresiva con la idea progresista presentada casi en simultáneo, la de regulación de la marihuana? Parecen bichos de distintas jaulas. Bardazano cree que la medida relacionada con la marihuana es muy buena y efectivamente parece progresista, "la pena es que fue presentada en el marco de un paquete de medidas vinculadas a la seguridad y no en un paquete de medidas sociales". Cree que se coló para reducir el impacto de las medidas represivas, ya que no todas "las medidas son coherentes y consistentes con el discurso de la convivencia que se dio desde un punto de vista sociológico".

Para la abogada se han "electoralizado" hasta las políticas criminales y de derechos humanos. "En ese esquema polifónico, donde no se sabe si habla la sociología o la política, parece que pusieron un poco de esto, un poco de aquello, para atender a todas las sensibilidades y no perder votos. Hay medidas de mano dura y medidas más simpáticas dichas en un discurso más amigable. La electoralización del tema te lleva a dar respuestas que la gente quiere, aun sabiendo que tu respuesta no sirve, lo que hace es no trabajar contra la generación de ese miedo brutal y la creación de esa hiperrealidad violenta. No le puedo pedir racionalidad a las víctimas ni a los familiares de muertos en rapiñas, pero al Estado sí."

Consultada sobre la posición pragmática del gobierno de que la delincuencia y el miedo son reales en la población y que el discurso tradicional de la izquierda que situaba las razones del delito en causas sociales y económicas es infantil y fuera de época, Bardazano opina que "la 'izquierda realista' viene con el mismo discurso que la derecha más conservadora a decirte que te dejes de embromar con la de­sigualdad y la injusticia social, que hay que hacer algo ahora, y hacer es reprimir. Se desconoce la incapacidad del sistema penal para resolver conflictos que se vinculan a la injusticia social. Ese es un postulado que no puede ser llamado de bobalicón y seguirse diciendo de izquierda". Sacar de la vista de la gente y de los gobernantes a los que molestan, encerrarlos, meterlos presos "cada vez por más años y en peores condiciones, no es más que una forma de no querer reconocer que la injusticia social está ahí y no se ha podido hacer nada". n