Los números y las ideas

Con Leonardo de León, director de Alur

Ya están lejos los días en que el suplemento salmón de El País definía a Alur como “seudópodo de un monopolio del Estado”, “una agrupación de empleados públicos con la seguridad garantizada [...] con una sustentabilidad de pacotilla”; aquellos tiempos en los que el diputado Pablo Abdala se sentía obligado a emprenderla anualmente contra el proyecto sucroalcoholero. Ahora la crítica es sibilina pero a veces logra instalar “datos” que Brecha recogió en su edición del 22 de marzo. El viernes pasado De León repasó con este semanario la evolución económica del proyecto.

 

—La semana pasada, en la Comisión de Industria del Senado, Bordaberry hizo cuestión de lo que ancap paga a Alur por sus compras de biocombustibles. Dijo que en 2010 los precios fijados eran los costos de producción más un 5 por ciento, pero que después y retroactivamente Alur subió su margen de ganancia al 35 por ciento. En cambio en 2011 los biocombustibles se vendieron calculando el costo más un 15, y en 2012 al costo más un 10. ¿Qué explica estas variaciones?
—Los números son esos y el margen se va a mantener en el 10 por ciento. La ley de agrocombustibles, votada por todos los partidos, prevé que –para el desarrollo de los agrocombustibles– se tienen que trasladar los costos de producción nacionales. La ley también indica que para producirlos es imperativo usar materias primas nacionales. La norma establece que ancap debe aceptar esa transferencia de costo cualquiera sea quien le venda agrocombustibles. En 2010, cuando empezamos a producir en forma, ni siquiera estaba pronta la paramétrica que determinara el precio. ancap y Alur acordaron una paramétrica base en función del concepto de que los márgenes se irían reduciendo a medida que aumentara la capacidad de producción de la empresa. ancap plantea este criterio también para el caso de proveedores privados. Por eso empezamos con un margen del 35 por ciento y fuimos descendiendo hasta un 10.
Lo interesante de esto es que un 10 por ciento es un margen normal en productos como estos, y que el precio de los biocombustibles –a diferencia de lo que pasa en otros países de la región– refleja totalmente los costos de producción. El biodiesel argentino se produce sobre una materia prima cuyo precio ha sido reducido en un 35 por ciento por el tema de las retenciones. Si estuviésemos en las mismas condiciones no habría diferencia de precio.
—El mismo día en que Bordaberry hacía su planteo, el senador Abreu fundamentaba en El Espectador un proyecto de ley que busca que sean controladas por el Tribunal de Cuentas las empresas que, como Alur, son públicas pero de derecho privado. Y decía lo siguiente: “Usted va a Alur, a ancap, a Gas Sayago o a alguna de estas empresas y puede encontrar en su contabilidad algunos números escalofriantes. Si van a hacer una planta de etanol o lo que fuere no tienen el control de la licitación, se hace un llamado de precios y se gasta sin ningún tipo de control”. ¿Qué comentarios le merecen el proyecto y estas afirmaciones?
—Las afirmaciones son un disparate. Primero hay que recordar que esta categoría de empresas no existe desde el gobierno de Tabaré Vázquez. Pero además en los llamados que realizamos han participado las principales empresas del mundo en materia de tecnología de biocombustibles, y empresas nacionales de distinto tipo. Hacemos llamados de precios, pero éstos se publican. En el que hicimos para la planta que se está construyendo en Paysandú participaron ocho empresas internacionales en un proceso que duró un año y medio, pues no se hace en dos días un competitivo para un proyecto de 147 millones de dólares. Hay un procedimiento establecido y es transparente. Alguna vez alguna empresa ha planteado dudas y le hemos abierto nuestras evaluaciones, sin tener por esto ningún tipo de problema. El senador Abreu parece buscar que estas empresas sean sometidas a los mismos controles que las estatales de derecho público. Puede ser una alternativa. Es cierto que el actual régimen permite que las de derecho privado vayamos más rápido. Está bueno que haya otro tipo de controles. En este período la oposición tiene un lugar en el directorio de ancap, y sus asesores están permanentemente por acá, pidiendo información pero con un enfoque propositivo. Ellos mismos han señalado que con Alur trabajan muy cómodos. Han colaborado. Hoy lo señalaba el senador Larrañaga en una entrevista, y es así. La idea de Abreu de que todos tengamos los mismos controles puede ser una alternativa, pero cuando hace afirmaciones como la que usted me leyó sería bueno que al menos pudiese citar algún ejemplo que las confirme.
—Abreu también dijo estar inquieto por saber cuántas empresas han sido creadas por las empresas públicas de derecho privado. Dijo no saber cuántas son ni qué hacen. ¿Cuáles son las que tiene Alur?
—Alur tiene sólo una empresa, y está vinculada a la actividad agrícola: Agroalur. Alur es un emprendimiento industrial pero su base está en el agro. Agroalur maneja una pequeña extensión dedicada a la caña azucarera, tiene sorgo en Paysandú, también algo en el sur dedicado a materias primas para la elaboración de biodiesel. Además ofrece servicios a los productores que proveen a Alur. Pero se ocupa de tareas agrícolas que nos pareció conveniente diferenciar de las industriales de Alur.
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