Semillas del Edén

V Fiesta de la Semilla Criolla

La defensa del modo tradicional de hacer y el reclamo de más apoyo estatal para la conservación y reproducción de semillas criollas estuvieron instalados por unos días en Valle Edén. Una resistencia al modelo comercial internacional que se impuso a la generación y distribución de semillas se hizo visible en Tacuarembó, pero se basa en una organización que recuerda el trabajo de hormiga: pequeñas voluntades intercambiando y coordinando cotidianamente en pos de su supervivencia.

El paisaje de la mitad norte del país desafía la idea de la planicie oriental. Los cerros van sucediéndose a los costados de la carretera, con sus alturas diversas y un posible pasado indígena silenciosamente resguardado.
Veintidós quilómetros separan Valle Edén de la ciudad de Tacuarembó. Primero el camping, en medio el puente colgante y a continuación las vías del tren que marcan el camino hasta la estación en desuso. Bajo el sol del mediodía la gente se explaya a piacere sentada en las vías, en la misma estación o en algún pastito cercano. Es la hora del almuerzo y el rápido movimiento del cucharón va llenando todo tipo de platos con buenas dosis de suculento guiso. Pan, y manzanas de postre incluidos. Subiendo una cuesta a la derecha, frente al museo Carlos Gardel, la posada y la escuela, está montada la feria de semillas y una gran carpa para las actividades de la V Fiesta de la Semilla Criolla.
Y se ve como una fiesta. Puede que sea la sonrisa de todos ante el humeante plato compartido, aunque no parece ser sólo eso. Siendo estrictos, el origen de la fiesta debería buscarse casi diez años atrás, cuando 20 productores orgánicos junto a la organización Redes Amigos de la Tierra y un grupo de la Facultad de Agronomía decidieron recuperar el chícharo. Este tipo de poroto, tradicional del Santoral canario, se había dejado de plantar en el país y se importaba. Su harina mezclada con la de garbanzo son los elementos base del fainá. Finalmente el chícharo fue encontrado en el jardín de una señora en un pueblo de Canelones. Tras un convenio con el Molino Santa Rosa, cuando había sido recientemente recuperado por sus trabajadores, empezó la tarea de multiplicación de la semilla, que abrió el camino para el rescate y revalorización de distintas variedades criollas.
Fueron los primeros pasos de una red actualmente integrada por 160 productores familiares que mantienen, en forma colectiva, un banco vivo de 300 variedades de semillas criollas. Después del chícharo empezaron a identificar otros cultivos que, a pesar de ser locales y estar adaptados al ambiente, se cultivaban muy marginalmente y se estaban abandonando. Actualmente manejan cinco tipos de cultivo: agrícolas, hortícolas, frutales, aromáticas y medicinales.
El funcionamiento básico de la red implica que cada familia que recibe semillas se compromete a volver a producirlas para ponerlas a disposición del resto de los productores asociados. No hay un acopio centralizado sino que se funciona a partir del intercambio directo –en el que no media el dinero, ya que no se cobra por pertenecer a la red ni por el material intercambiado–, según las necesidades de producción. Las únicas dos contrapartidas exigidas son la participación en las instancias grupales de capacitación y en las reuniones del grupo al que cada familia pertenece. En este sentido, su funcionamiento es una joyita de organización autónoma y de gestión de la propiedad colectiva.
El encuentro bianual es el gran evento en el que todos se reúnen. El primero fue en 2005, al año siguiente de haber empezado el trabajo con el chícharo canario. Ya en el segundo encuentro decidieron que tamaña labor merecía una fiesta, y toda esta gente alrededor festeja ahora la quinta.
El encuentro de productores se desarrolló el viernes 12 de abril. Los 25 grupos en que están organizadas las 160 familias fueron poniendo al tanto de su situación al resto, y también se evaluó lo realizado desde el último encuentro. Luego cada grupo discutió su proyección hacia el siguiente encuentro en torno a cinco ejes: cultivos estratégicos, alianzas, organización interna, capacitación y difusión.
Hay un segundo anillo organizativo que se reúne tres veces por año y que evalúa la marcha a corto plazo de las estrategias trazadas. Una tercera pata consiste en una especie de ejecutivo que se reúne una vez por mes para tomar las resoluciones más concretas y cotidianas.
“Si la familia vive en el campo y produce alimentos, si la producción significa un ingreso importante para el predio, se integran al toque a la dinámica porque estamos en sintonía. En campaña, por lo general, los productores familiares están medio solos, la demanda de apoyo técnico y compañía es muy alta”, comentó a Brecha Marcelo Fossati, uno de los técnicos que trabaja junto a los productores de la red.
“Nosotros no queremos de ninguna manera ser una fundación que dona semillas para todos lados, de la que no se sabe cómo les llega ni quién las manda. Tenemos que ir construyendo ladrillito por ladrillito todo lo que vamos haciendo, para apropiarnos de lo que está pasando. Cada semilla tiene detrás el trabajo y el esfuerzo de una familia”, agregó.
El crecimiento sostenido de la movida avala esa afirmación. Desde el último encuentro en 2011 se integraron cinco grupos nuevos de productores, lo que implica unas treinta familias más. En promedio manejan unas 16 hectáreas por productor, pero el rango oscila entre establecimientos de tres a 30 hectáreas. La cantidad de tierra que poseen es ínfima, si se considera la tendencia concentradora actual del país. Los datos preliminares del último censo agropecuario denotan un avance hacia el modelo agroexportador de granos que hizo crecer la franja de las explotaciones que superan las mil y 2 mil hectáreas, a la vez que desaparecieron más de 8 mil establecimientos menores a 20 hectáreas y unos 2 mil de los que están en la franja de las 20 a las 100 hectáreas. En total, más de 10 mil explotaciones de menos de cien hectáreas se esfumaron en los últimos diez años.

 EL ENCUENTRO. Habiendo atendido la panza, el mate sacudió la modorra para el comienzo de la primera mesa de discusión, cerca de las tres de la tarde. Sobre semillas y legislación expusieron un integrante de la red, un delegado de la Comisión Nacional de Fomento Rural, una docente de la Facultad de Agronomía, un representante del Instituto Nacional de Semillas (Inase) y una delegada de Córdoba en representación de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (cloc), Vía Campesina. El clima empezó distendido pero las palabras de los invitados empezaron a indignar a unos cuantos.
La docente Mercedes Rivas hizo una presentación del anteproyecto de ley de recursos fitogenéticos para el que fueron necesarios largos años de elaboración y sobre el que hay rumores de que estaría por salir del cajón que lo guarda (véase recuadro “La génesis y la espera”).
Pero lo que quedó resonando luego fueron las palabras de Gerardo Camps, gerente del Inase, que fue directo al grano en varios momentos de la discusión y empezó aludiendo a “las otras semillas”, en referencia a las semillas criollas que son distintas a “las semillas de las empresas”. La intervención de Camps demostró que el trabajo del Inase en relación con las semillas criollas ha brillado por su ausencia, o por lo menos hasta el año pasado, “cuando con un grupo empezamos a interiorizarnos sobre el tema porque ustedes se están haciendo visibles y se están organizando”. El ingeniero agregó que “sólo está permitido comercializar en el país los cultivares que están registrados, y veremos qué hacemos con las variedades criollas” que están fuera de ese mecanismo. En ese sentido, hizo referencia al código de comercio y planteó que “la gente que habla de variedades criollas apela al intercambio, pero esa es la primera forma de comercialización. Está espectacular lo del intercambio, pero sepamos que legalmente eso es comercialización”. El referente del Inase manifestó que el objetivo del instituto es promover y asegurar la calidad de las semillas comercializadas. “Una de las cosas más importantes es definir qué es una variedad criolla, porque (el concepto) tiene zonas grises. Lo mismo respecto a la calidad de las semillas y a la posibilidad de establecer un registro de variedades criollas.” Para el ingeniero, “será a otra escala, pero puede generarles ganancias a sus establecimientos”.
La idea chocó inmediatamente con otras miradas presentes en el encuentro. Dos modelos se enfrentaron, y se puso en evidencia una larga lista de matices y de visiones. Cuando el micrófono se abrió a las preguntas, se escuchó hasta la palabra “mercenarios”. Los principales cuestionamientos respecto a las intervenciones de Camps y Rivas fueron que planteaban un esquema mercantil para el intercambio de semillas, partiendo de la base de que “los bienes naturales” son “recursos de explotación del hombre” pasibles de configurar propiedad privada. Otros reclamaron el aporte del Estado para promover y proteger a las semillas criollas. Para muchos fue positivo el acercamiento, aunque surgieron dudas respecto a los criterios que se toman para regular la materia. La respuesta de Camps, en este sentido, fue: “Estamos pensando y entendiendo este mundo, pero tienen que entender de dónde vengo yo, que es de donde la semilla es un negocio. Yo tiendo a ver la posibilidad de que se complemente el ingreso de las familias con ese negocio, pero si no están de acuerdo, no”.
Una integrante de Bionatur, la cooperativa de producción de semillas agroecológicas del mst de Brasil, resumió parte del debate, muy parecido al que vienen dando en el país norteño: “O resgate da autonomía e direito dos agricultores de fazer o que fazem, e principalmente como fazem”.*
La primera instancia dejó la sensación de un encuentro al que no se va a hablar entre convencidos. Lo mismo ocurriría horas más tarde en la mesa que trataba del acceso a la tierra. Las voces se identificaban con el grupo, con el nombre de la localidad en donde está la tierra a la que se aspira o a la que se ha accedido. Frente a ellos, dos representantes del Instituto Nacional de Colonización disculparon a los integrantes de la dirección del instituto, ya que ninguno había podido concurrir, por lo que se perdieron la oportunidad de ponerle carne y palabra a muchos de los proyectos de producción que llegan a sus oficinas (véase recuadro “Tierra, se necesita”).
No hubo participante que al tomar la palabra no reconociera que el acceso a la tierra se logra mediante la puja de la movilización y la organización. Que los tiempos que maneja la estructura del inc para el otorgamiento de las tierras distan bastante de los tiempos de los pequeños productores y asalariados que las esperan. Que los tamaños de los predios, así como los tiempos, tampoco se ajustan a las necesidades. Si bien también se reconocía el lastre heredado de las administraciones anteriores, los actuales colonos y aspirantes sentían que además de resolver las dificultades de su propia organización para producir colectivamente debían actuar como fiscales de las irregularidades en las adjudicaciones pasadas, denunciándolas a las autoridades del instituto.
Cuando ya el frío había abrigado a todo el mundo y ardían varios fogones en el predio, la polenta de la cena volvió a calentar todos los ánimos; mientras, en el escenario se sucedían los cantores invitados. A pesar de que esa noche caería una de las primeras heladas del año, Valle Edén cobijó entre sus cerros silenciosos el festejo y el orgullo de una resistencia.

*     “El rescate de la autonomía y del derecho de los agricultores de hacer lo que hacen, y principalmente, cómo lo hacen.”

Tierra, se necesita

• Grupo Encarnación Benítez, Tacuarembó.
Empezaron a movilizarse en el año 2007. El grupo explota en régimen de pastoreo desde 2011 parte del predio de la estancia La Lata, que colonización recuperó hace dos años. En total tiene 2 mil hectáreas y está siendo utilizada por tres grupos de 27 productores en total. El régimen de explotación les impide afincarse en el predio, y cualquier modificación o mejora que pretendan hacer en él requiere permiso de Colonización. El llamado abierto para la adjudicación del predio aún no se abrió.
• Colectivo Tierra Pa Todos, Guichón, Paysandú.
Es de los de formación más reciente, de fines de 2011. En mayo pasado accedieron a una fracción de 832 hectáreas en la Colonia Rubino, a 70 quilómetros al este de Guichón. En esa fracción se instalaron las 40 familias que integran el grupo, mientras que las 10 mil hectáreas restantes que completan el predio total de la colonia están en manos de apenas siete colonos beneficiados por anteriores gobiernos.
• Payspaso, Bella Unión.
El grupo está conformado por 96 familias y tiene un estrecho vínculo con la utaa. Al cierre de esta edición esperaban la respuesta de la adjudicación de las primeras 500 hectáreas para el cultivo de caña de azúcar. Sin embargo, su proyecto original requería un predio de 2.900 hectáreas que les permitiera diversificar la producción y salir de la zafralidad.
• Colonia Arerunguá, Salto.
Accedieron al predio en 2008 tras el llamado abierto del instituto. En su momento eran 14 familias y hoy son diez en un predio de 760 hectáreas. Es uno de los grupos más afianzado, que ya genera utilidades para sus integrantes y cuyas mejoras son todas de propiedad colectiva.
• Grupo Pyporé, Empalme Olmos, Canelones.
Su situación es de las más complejas entre las que se presentaron en el encuentro. Llevan siete años organizados pero recién a comienzos del corriente accedieron a trabajar en una hectárea de un predio que pertenece a la Facultad de Medicina, en el que no pueden instalarse. Son cinco familias con un proyecto de agricultura orgánica.

La génesis y la espera

“Se pierden variedades criollas y eso no le duele a nadie porque no es de conocimiento público”, argumenta la ingeniera agrónoma Mercedes Rivas, integrante del comité que elaboró el anteproyecto de ley de recursos fitogenéticos. “Nadie habla de esto, por ejemplo en las evaluaciones de impacto ambiental: ¿cuánto se afecta los recursos genéticos cuando se pierde un millón de hectáreas de campo natural?”, prosigue la especialista.
La aprobación de esta ley fue catalogada como prioritaria por el actual Consejo de Ministros en los últimos meses. Pero el anteproyecto tiene una larga historia de postergaciones.
A fines de la década del 70 la empresa Pioneer robó centenares de variedades de maíz criollas uruguayas que utilizó en sus programas de mejoramiento genético. Así, se vendieron en todo el mundo maíces híbridos que tuvieron como base a las variedades nacionales. Nada pudo reclamarse. Esa apropiación comenzó con una tesis de la Facultad de Agronomía: estudiantes de aquella época hicieron una colecta de más de 800 variedades de todo el país que, como no existía un banco de germoplasma adecuado en Uruguay, fueron a parar en parte a Argentina y en parte a México, donde se encuentra el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. “Los centros internacionales son financiados y conducidos por los países poderosos. Lo que nos enteramos después fue que habían dado los materiales a la Pioneer. No teníamos ningún respaldo internacional o nacional para reclamar”, recuerda Rivas.
Pero existen también ejemplos más cercanos en el tiempo, aunque de difícil comprobación: “En Australia se plantan Paspalum originarios de Uruguay. El guayabo del país es un frutal nativo que hoy se planta Nueva Zelanda, en Estados Unidos y en los países de Europa del este. Lo mismo con la congorosa, de la que los japoneses han aislado moléculas anticancerígenas, y con la marcela. Pero como no tenemos un registro, es complicado de demostrar”, explica la especialista.
Con la intención de evitar la apropiación de los recursos genéticos del país, pero también con el objetivo de amparar “los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica”, se comenzó en los años dos mil a elaborar el anteproyecto de ley, que habla de de los materiales fitogenéticos “de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo”, salvo humano.
El Comité Nacional sobre Recursos Fitogenéticos funciona desde 1995 asesorando al Estado sobre las políticas a implementar en la materia, pero su proyecto mayor fue la ley, que se terminó de redactar a fines de 2008. En el comité están presentes el mgap, el mvotma y el Ministerio de Relaciones Exteriores, además del inia y la Facultad de Agronomía. Con la campaña electoral pisando los talones gubernamentales, Ernesto Agazzi, ministro de Ganadería en aquel momento, suspendió su envío al Parlamento hasta el siguiente período de gobierno, relata Rivas. El proyecto empezó a añejarse.
Las discusiones para lograr una redacción consensuada se hicieron largas, y la incertidumbre de algunos de los que participaron de ese proceso radica en lo que mantendrá el proyecto de su versión original cuando finalmente llegue al Parlamento.
La estructura que se propone es similar a la que hoy analiza la liberación de transgénicos en el país, con un gabinete interministerial a la cabeza del sistema. Rivas explica que en un principio se había pensado crear una institución paraestatal, “porque no queríamos que fuera asunto de un solo ministerio. Pero nos dijeron que era imposible, por un tema de presupuesto y recursos”. En ese escenario, “la única opción era construir un gabinete que, por un tema administrativo, tenía que depender de un ministerio”. Se acordó que a la cabeza estuviera el mgap, pero eso generó un nuevo freno. “A mitad del año pasado el mgap convocó al comité y se nos comunicó que era prioritario sacar el proyecto”. Allí el mvotma reclamó la vicepresidencia o la copresidencia del gabinete, además de un mayor énfasis sobre el eje ambiental, y el proyecto “se volvió a trancar”. Fue lo último que se supo de él.
La gran diferencia con el sistema que evalúa a los transgénicos se encuentra en dos aspectos. Rivas plantea que “lo máximo que logramos fue que la comisión asesora (que sería la continuación del actual comité) tuviera opinión preceptiva. Es importante y llevó mucha discusión pero finalmente quedó, por lo menos hasta hoy, porque si no ni siquiera tienen que darte corte. Lo otro que costó mucho fue que esta comisión pueda convocar a todo tipo de actores para hacer consultas”. Entre anuncios de prioridad y disputas interministeriales, el proyecto sigue en stand by.