Alguien tiene que ceder

Suspenso por la instalación de la aceitera en Soriano

Mientras se le inicia sumario al director de Impacto Ambiental de la Dinama y el intendente de Soriano aparece como vocero de la inversión cuestionada, el asunto pasa de una autoridad a la otra sin que nadie tome una decisión definitiva. La Comisión de Patrimonio sí tiene una posición nítida.

El sumario con separación del cargo que recae desde el martes pasado sobre el director de la División de Impacto Ambiental de la Dinama, el ingeniero Andrés Saizar, a raíz de la denuncia que lo vincula a Cereoil en carácter de asesor de la empresa (véase recuadro), levantó suspicacias en el ámbito de la Junta Departamental de Soriano. Y sin duda se trata de un punto oscuro, que paradójicamente se revela claro en medio de la troja de información confusa, dimes, diretes y el silencio oficial en torno a la instalación del proyecto aceitero en La Agraciada. La concreción de la inversión –estimada en 150 millones de dólares– está por ahora en el aire. Y es por causa del terreno elegido para su localización, un padrón municipal de 39 hectáreas en el paraje La Agraciada, que estaría amparado por las normas relativas a la protección del patrimonio histórico y cultural de la nación.
Según un vocero de la empresa inversora, se espera en estos días una definición del Poder Ejecutivo sobre si puede instalarse o no en ese padrón.
Pero el asunto no parece estar aún resuelto, y a menos que se estén negociando alternativas, nadie asume la responsabilidad de meter mano en el conflicto patrimonial.
La papa caliente empezó a circular desde que la solicitud de anuencia del boleto de reserva a favor de Cereoil –a consideración de la Junta de Soriano el 18 de marzo pasado– quedó en suspenso. El expediente volvió a la Comisión de Legislación y Peticiones, y la Junta resolvió pedir al mec que se expida sobre la posibilidad de desafectar el sitio protegido. Esto en el entendido de que es dicho organismo el que tiene la potestad de pronunciarse sobre lo patrimonial, objeto del debate hasta el momento. Con la palabra del mec sobre la mesa, la solicitud de la Intendencia sería nuevamente puesta a consideración de la bancada.
Pablo Álvarez, director nacional de Secretaría de esa cartera, dijo a Brecha el pasado 10 de abril que se estaba dialogando con otros ministerios que tienen parte en el proyecto. “Hay una situación planteada en la que diferentes actores están de acuerdo en la instalación de un proyecto productivo pero el punto de conflicto es el espacio para su localización. No hay otra razón (que explique la demora del ministerio en expedirse) que no sea de público conocimiento. No hay plazos pero es obvio que esto no puede demorarse, la velocidad está implícita ya que se corre peligro de que la empresa tome una decisión de retirar la voluntad de invertir.”
En tanto, la Comisión de Patrimonio –dependencia asesora con competencia específica sobre la gestión y protección del patrimonio– no demoró en manifestar su postura a través de un informe elevado al ministro Ehrlich en el que desaconseja la desafección del predio y solicita varios pedidos de informes.
Sin embargo para su director, Alberto Quintela, al margen de la postura de la comisión respecto del tema, es excesivamente simple decir que el mec tiene la última palabra en la decisión. “Que hay un monumento histórico es sólo parte de la realidad. Creo que es un problema territorial, que los actores involucrados, en este caso el gabinete departamental, deben resolver de manera coordinada articulando la diversidad de intereses. Y por encima de todo es un tema que involucra tanto a Soriano como a Colonia. Hay una dinámica muy fuerte entre Nueva Palmira, Dolores y Carmelo. El territorio y la población exigen que los gobiernos locales coordinen entre sí necesariamente.”
Por su parte, Diego Cánepa afirmó que la decisión la tiene que tomar Soriano. El prosecretario de Presidencia cuestionó a la Junta por “pasarle la pelota al Poder Ejecutivo”, dijo desconocer que el tema se estuviera manejando a nivel interministerial y que nunca pasó por el gabinete productivo. Se mostró molesto por las declaraciones del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, recogidas días atrás por el semanario El Eco cuando sostuvo que el proyecto era irrefrenable porque venía con “línea de arriba”, y que detrás estaba Cánepa. El prosecretario dijo además que jurídicamente el padrón donde quiere instalarse la aceitera no es patrimonio histórico. Afirmó que “hay quienes buscan la manera de trancar el desarrollo del país” y que “el problema es más profundo e implica un debate de fondo”.
En este contexto, la respuesta que la empresa espera no se visualiza, y la indefinición plantea especulaciones de todo tipo.

dudas y terquedades. Una de ellas, tal vez la principal, tiene que ver con la existencia de un plan B: un terreno alternativo para la ubicación de la planta, que pertenece al Instituto de Colonización y que saldría a la venta próximamente. Este predio fue incluso mencionado por el presidente de la República durante una de sus visitas a la Playa de la Agraciada.
Sin embargo Cereoil, cuyos directores han decidido nombrar voceros para comunicarse con la prensa, se mantiene firme en la postura de que no existe otro lugar posible para localizar la aceitera. “Los demás predios ya se analizaron, son más chicos y tienen humedales. Los terrenos de Colonización que se ofrecieron al norte o al sur se descartaron hace mucho tiempo porque no son adecuados. La cota que tiene el río en ese lugar no la tiene ni hacia arriba ni hacia abajo”, indicó uno de los voceros.
De ser así no habría negociación posible. El punto es que quien marca esa postura en el ámbito de la Junta es el intendente, y eso genera malestar entre los ediles; malestar que se ensancha en la medida en que se trata de corroborar si existe o no el terreno alternativo. Y son varios los convencidos de su existencia.
Según el nacionalista Fernando Vélez, llama la atención el rol que el intendente asume en la defensa del emprendimiento, como intermediario entre la Junta y la empresa. Comparó la situación con la instalación de isusa, en la que Besozzi respaldaba la inversión pero desde una postura “políticamente correcta”. En aquel caso “la que hizo la defensa del proyecto fue la empresa”, sostuvo. Y una de las diferencias que destacó en relación al proceso que se está dando con Cereoil es que la empresa en este caso no aparece para evacuar dudas. Es el intendente el que aparece como su “portavoz”.
Según el colorado Osvaldo Celio, el lugar de mediación en que se ha colocado Besozzi no le hace bien a la deliberación. Más aun cuando empiezan a aparecer puntos oscuros, como es el caso de lo ocurrido con Saizar. “El proyecto pierde credibilidad y si se confirma el sumario la Dinama debería volver el trámite a fojas cero.”
Ambos ediles concuerdan en que si la empresa retira la inversión del departamento tendrá que explicar muy bien sus motivos. Para Vélez sería una contradicción “porque en el proyecto dice claramente que hay otras posibilidades”. En una nota publicada en el portal Tiempo esta semana el edil nacionalista sostiene que, en base a la lectura del apartado “Criterios de localización” del texto del proyecto presentado a la Dinama, se infiere que el padrón 4.264 no es la única opción viable. “Si bien no es un límite rígido, se puede tomar el entorno de punta Arenal como límite hacia el norte para su localización, ya que a partir de ese punto se produce un brusco descenso del calado natural del río Uruguay. Al sur de punta Chaparro se entra en zona de influencia de Nueva Palmira, por lo que en este punto la localización es entre punta Chaparro y punta Arenal”, dice en las páginas 21 y 22 del documento citado. Vélez confirmó que desde el padrón 4.264 hasta punta Chaparro hay 13 quilómetros de costa. Y es allí donde se ubica el famoso predio de Colonización que al parecer reuniría las condiciones de logística exigidas por el proyecto, entre ellas la profundidad del río y las condiciones de navegabilidad. Cereoil habría manifestado interés en comprar el terreno, dato que surge de una conversación informal entre Andrés Berterreche, presidente del Instituto de Colonización, y algunos miembros de la Junta, según confirmó el curul frenteamplista Boris Yoffre.

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