El semillero de la tevé

Más productoras, más profesionales, más inversión y ganancia. La realización nacional de programas de televisión crece y se escuchan pronósticos auspiciosos para el futuro. Pero la ausencia de una ley de servicios de comunicación audiovisual y la incipiente aplicación de la norma de televisión digital tienen a todo el mercado expectante. España muestra un ejemplo de camino exitoso que requirió una fuerte inversión privada y pública.

Cuando era una joven estudiante de audiovisual, Elena Quirici y otros compañeros de clase imaginaron hacer un programa de televisión para niños sobre ciencia y tecnología. Llevaron la propuesta a varios canales, pero la crisis de 2002 frenó la iniciativa. En 2009 el proyecto se concretó con la ayuda económica de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (anii). Pero aquella idea primaria motivó el surgimiento de la productora Aceituna Films.
Esta historia no es una excepción. En los últimos años muchos otros emprendedores se han lanzado al desafiante proyecto de la producción nacional: Contenidos tv, Coyote, Zur, Oz Media, La Mano, Nepal, son algunas de las empresas que resuenan en un ambiente ya no dedicado exclusivamente al cine y la publicidad –las vedettes de la producción–, sino también a la televisión.
Estas empresas se han nucleado en la Cámara Audiovisual del Uruguay, integrada por 70 productoras dedicadas a cine de ficción y documental, publicidad, videojuegos, animación, televisión y compañías que brindan servicios de producción audiovisual. Pero esto es sólo una muestra. Rodrigo Márquez, coordinador del Clúster Audiovisual, estima que en el mercado ya hay alrededor de 200 empresas.
“Es un semillero tremendo que está creciendo mucho. La gente se dedica a esto porque es un sector en el que se paga muy bien”, explicó a Brecha. De hecho, las cifras parecen ser alentadoras: según los datos que maneja el Clúster, en 2011 la producción del sector audiovisual generó aproximadamente 360 millones de dólares de valor bruto de producción –aunque los canales concentran casi un 70 por ciento de esa facturación–. De esta forma, la realización audiovisual no sólo promueve la cultura e identidad nacional, sino que se trata de un mercado que potencialmente puede generar riqueza. Para Márquez, la apuesta está en la producción de videojuegos y, sobre todo, de programas para televisión.
El avance tecnológico ayudó a que montar una productora no sea un proyecto tan disparatado como antes, porque no es necesario contar con grandes y costosos equipamientos. Y Uruguay tiene además, las facilidades que motivaron el crecimiento del cine: una población concentrada, distancias cortas para filmar en distintas locaciones y un grupo de profesionales cada vez más formados y demandados por el mercado. Para Helena Nosei, directora de egeda en Uruguay, se trata de un “sector ideal para un país como el nuestro porque es una industria esencialmente creativa”.
Algunas experiencias internacionales, como la española, muestran los resultados de invertir en la realización de programas de televisión nacional. Y muestran también la importancia de las regulaciones y fomentos estatales para que el sector crezca, produzca con calidad, se diversifique en contenidos y se evite la concentración de ganancias.
DEL BOLSILLO PRIVADO. Hacia 1995, en España no había empresas que se dedicaran exclusivamente a la producción de contenidos de televisión: hacían cine y eventualmente incursionaban en otros medios. Pero en ese año, el canal privado Telecinco apoyó una producción nacional, Médico de familia, que tuvo gran éxito de audiencia.
Según José Antonio Suárez Lozano, abogado español especializado en derecho audiovisual e integrante de la corte de arbitraje de Ibermedia, “se descubrió algo que muy poca gente creía: entre una serie estadounidense –que incluso son dobladas en España–, es decir, entre los problemas de los csi de Las Vegas y los de una farmacia en una ciudad española, el público masivamente deserta hacia la producción española”. De hecho, se expulsó del prime time a las series estadounidenses y quedaron muy pocas en televisión abierta, porque pasaron a la de pago. El fenómeno se repitió también en otros países de Europa.
Con el tiempo, España consolidó un sector nacional de producción para televisión que es siete veces más grande que el cinematográfico, genera más cantidad de empleo –que además es más estable– y deja grandes beneficios económicos.
Según explicó Suárez en la conferencia que dictó en Montevideo el jueves pasado –“Ley de medios y fomento a la producción audiovisual nacional: la experiencia europea”–, se estima que, como media, cada serie nacional permanece en pantalla cuatro años –algunas menos y otras tienen más de diez–, en base a lo cual se calcula que “en los primeros 13 capítulos se amortiza la inversión que necesita la serie, en la segunda temporada se empieza a ganar dinero, y en los últimos 26 capítulos ya es un caso de fortuna”.
De esta forma las compañías de producción en televisión se convirtieron en las empresas más fuertes del sector audiovisual –que constituye el 4,5 por ciento del pbi español– y a medida que se fueron consolidando comenzaron a incursionar en otras áreas, como el cine, fomentando también su desarrollo.
Una de las llaves del éxito parece consistir en conjugar “la empresa de televisión como emisor y la producción desde fuera”, es decir, que los canales contraten productoras nacionales independientes. Y el beneficio es para ambas partes porque se impulsa el sector de la producción –que ya tiene los medios y la experiencia–, al tiempo que el canal ahorra dinero y esfuerzos contratando el servicio afuera.
Por lo tanto, el crecimiento de la producción para televisión no estuvo ligado a un mayor gasto público, ni siquiera del canal estatal. Para Suárez, lo que se hizo fue “efectivizar el dinero privado y el dinero público que se dedicaba a otras cosas: dejamos de financiar la producción estadounidense y de generar empleo en Estados Unidos y lo hicimos internamente, generado valor añadido”.
En Uruguay muchos productores reclaman que es necesario fortalecer el producto nacional más que los enlatados centroamericanos o los programas argentinos. Ciertamente, entre una y otra opción, hay una diferencia de costos. Pero Márquez asegura que no siempre se manejan números ajustados: producir localmente no cuesta diez veces más que comprar una lata. Además, en la medida que se producen series masivamente, la inversión necesaria es menor, se incentiva el empleo, crecen las productoras y los propios canales.
Suárez aseguró que no es disparatado pensar este escenario de crecimiento de la producción en Uruguay: “Hay regiones que tienen su televisión y cuentan con pocos habitantes. Por ejemplo, Cataluña tiene 4 millones de habitantes y produce series de televisión que pasan del 30 y 35 por ciento de audiencia, porque le están contando a la gente lo que pasa a la vuelta de la esquina”. De hecho, en Uruguay el ciclo de películas nacionales en televisión abierta tuvo mucho éxito.
Por otra parte, el producto nacional tiene buena calidad y puede dirigirse no sólo al mercado interno, sino también al internacional. No todas las productoras pueden vender sus programas en el extranjero, pero hay algunos casos exitosos. Además, espacios como el DocMontevideo ayudan a la promoción. El evento, que hace varios días se está desarrollando en la ciudad, permite que televisoras extranjeras –y algunas nacionales– escuchen propuestas de proyectos para televisión y, eventualmente, compren alguno que les interese.
Tímidamente, algunos canales privados comenzaron con la apuesta a la producción nacional. Pablo Arriola, de Oz Media, cuenta que su empresa trabajó en algunas coproducciones con Canal 10, por ejemplo. Considera que los programas nacionales aumentaron su tiempo en pantalla, sobre todo en la mañana y primeras horas de la tarde, pero los operadores aún tienen reticencias en dejarlos competir en horario central. Aceituna viene produciendo hace tiempo sin colaboración o inversión de canales privados. Más aun, algunos de sus productos fueron desestimados en el mercado comercial nacional pero premiados en festivales internacionales.
Las pequeñas y medianas productoras logran parte de su salvación en el Estado. Históricamente, el cine fue el sector que recibió más ayudas económicas por su constante crecimiento. El Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay (icau) estimula desde la realización de guiones hasta la formación de profesionales, apoya producciones nacionales, promueve la presencia de películas y proyectos a nivel internacional; también hay incentivos fiscales para la inversión en el sector con la exoneración del iva, entre tantas medidas.
En televisión, los fondos son aún incipientes. El icau brinda algunas ayudas en coordinación con Televisión Nacional del Uruguay (tnu); la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) también hace llamados para financiar hasta el 50 por ciento de los costos para producir programas de televisión o videojuegos; anii y Uruguay XXI, realizan igualmente convocatorias para ayudar a las productoras.
Quirici cuenta que el proceso es lento y se necesita paciencia: “Ganás una plata acá, después lo presentás en otro llamado para más financiación, y cuando querés terminar un proyecto te postulás para obtener otras ayudas”. De todas formas, el apoyo estatal creció. Márquez asegura que “se apostó al sector, pero partíamos de cero”: se pasó de un fondo casi nulo en 2007 a una colaboración estatal que ronda entre los 6 y 7 millones de dólares entre las distintas instituciones.

CRECIMIENTO, PERO CON ORDEN. Por más que el Estado aporte fondos, parece claro que sin la inversión privada el camino hacia el desarrollo es difícil. Para Nosei, “no se puede desarrollar un mercado audiovisual nacional sin la participación de las televisiones abiertas y por cable”. No se trata de establecer una regulación estatal del mercado para “sacarles” dinero o censurar contenidos –fantasmas que se ponen en el tapete todo el tiempo en el debate sobre la regulación–, sino de comprender que “son las que tienen el escaparate para que la producción audiovisual sea una realidad”, y como agentes fundamentales del mercado, deben invertir. De hecho, el auge de la producción española no nació de la buena voluntad de los privados, sino de las obligaciones que impusieron el Estado y los gobiernos supranacionales.
Ya desde 1989, la Comunidad Europea adoptó la Directiva de Televisión sin Fronteras, que establece un mercado único y sin barreras de circulación de contenidos, donde los estados debían velar por que los operadores de radiodifusión dedicaran una parte mayoritaria de su emisión diaria a contenidos europeos, sin considerar el tiempo dedicado a deportes, juegos, publicidad o noticieros.
De este contenido, al menos el 10 por ciento debía ser realizado por productores independientes, “porque no se trataba de reforzar el oligopolio de las cadenas”, explicó Suárez, “sino de crear un espacio para el productor independiente” y local. Estas productoras, para ser consideradas independientes, no podían tener entre sus accionistas a una cadena de televisión, ni participación en acciones en ningún canal, ni vender el 80 por ciento de su producción a una sola empresa.
La directiva fue evolucionando y adaptándose a los distintos países, pero siguiendo sus principios básicos. En Francia se estableció que para obtener sus licencias los canales debían invertir en producción europea en francés, y en el Reino Unido se les exigió tercerizar gran parte de su producción de ficción. En España, desde 1996 se reserva el 51 por ciento del contenido de antena a la producción europea; de este porcentaje, la décima parte debe ser realizada por productores independientes y la mitad de estos programas deben ser producidos en los últimos cinco años. Además, los canales están obligados a invertir el 5 por ciento de su facturación anual en producción de cine y programas de televisión.
En 2010, una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual agregó nuevas exigencias: la mitad de los contenidos europeos que se emitían debían estar en alguna de las cinco lenguas oficiales de España. Las empresas de televisión “se alzaron en armas contra la industria del cine y plantearon una demanda judicial, de carácter administrativo, que llegó hasta el tribunal supremo”, explicó Suárez. España derivó el problema al Tribunal de Consulta de la Unión Europea, que finalmente falló a favor de la nueva regulación y declaró nulos los reclamos de las cadenas.
Por si fuera poco, la nueva norma establecía también que los canales públicos y privados debían emitir películas nacionales en su programación, ya fuera que compraran sus derechos para trasmitirlas o que las produjeran ellos mismos. En cualquier caso, se fomentó notablemente la industria del cine, ayudado también por varios incentivos fiscales sobre los inversores.
Según Suárez, España logró “un tipo de arquitectura jurídica y financiera que posibilitó el desarrollo de una industria local”. En Uruguay aún queda camino por andar para llegar a este modelo de regulación o cualquier otro. Recientemente hubo algunos avances con la aprobación del decreto de televisión digital, que abre un nuevo panorama para el sector.
Según Arriola, estamos ante “un momento histórico, comparable a la primera trasmisión de televisión. Realmente este cambio va a dinamizar el sector audiovisual de las productoras independientes”. En la misma línea, Márquez augura que la televisión digital implicará un gran reordenamiento del mercado, no sólo por los avances tecnológicos que implica sino porque cambian las formas de crear los contenidos, la lógica del negocio y de la industria.
Recordando la experiencia española, Suárez es cauteloso sobre las posibilidades que traerá la televisión digital. Cuando comenzó la transición desde lo analógico en su país, se creyó que la nueva televisión, “por el solo hecho de existir, iba a amplificar exponencialmente y mejorar la calidad de la oferta. Pero es simplemente un desarrollo tecnológico que permite que un mismo operador tenga más posibilidades de comunicación hacia el público”. Para el abogado, la televisión digital en España generó una renovación tecnológica, pero más allá de eso “no ha aportado nada especialmente novedoso”.
Lejos de cualquier determinismo tecnológico, el avance de la nueva televisión parece estar más vinculado a las políticas que lo motiven. El decreto de televisión digital, además de repartir el espectro entre el sector comercial, público y comunitario, introduce dos posibles caminos para el fomento de la producción nacional audiovisual.
En el artículo 13, el decreto establece que los criterios de evaluación de las solicitudes para las licencias serán, entre otros, “los compromisos de inclusión de producción audiovisual nacional y local propia; la participación de productores independientes y empresas nacionales de la industria audiovisual en la cadena de producción y difusión”; y “los compromisos de creación de empleos directos”.
Pero solamente se trata de criterios de evaluación que no generan una obligación sobre los operadores. Sergio de Cola, director de la Dinatel, explicó que no pudo avanzarse más en el decreto porque otras exigencias, como las cuotas de pantalla, deben establecerse por ley. La tan anunciada ley de servicios de comunicación audiovisual, que según De Cola se enviará a la Presidencia en las próximas semanas, “definirá los instrumentos de promoción de la industria audiovisual, televisiva en particular”.
Además de la cuota de pantalla, la ley posiblemente cree fondos para el fomento de la inversión. De hecho, el proyecto del decreto de televisión digital había introducido un canon como contraprestación para obtener las licencias, que iba del 0,5 al 1 por ciento de la facturación bruta, según los ingresos de las empresas. Este dinero se destinaría al Fondo de Producción Audiovisual y Aplicaciones de Televisión Digital. Pero tras las quejas de los operadores privados, que reclamaron la inconstitucionalidad de la creación de un impuesto por decreto, se optó finalmente por encomendar al Ministerio de Industria que defina esta obligación por ley.

Sí, me interesa

Tras la aprobación del decreto de televisión digital, el Estado comenzó a escuchar ofertas. Por un lado, se abrió un llamado –que aún está en curso– para aquellos operadores actuales que están interesados en obtener una señal espejo digital de su canal analógico. Además, se convocó a interesados en obtener la licencia para un canal digital en el sector comunitario y comercial –para cada uno de los cuales el espectro reserva siete canales–. Algunos de los interesados hasta ahora son el pit-cnt y la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (cuta), y por tanto se prevé abrir los llamados para obtener licencias en ambos sectores. n