Brecha Digital

Hay derecha, centro e izquierda en educación

A propósito del artículo “Hacia un verdadero sistema nacional de educación pública”, de Álvaro Díaz Maynard y Roberto Markarian, publicado en Brecha el 29 de junio.

Se intervenido en estas páginas en otros debates sobre educación. Recuerdo el último, en respuesta a Germán Rama, que titulé “Derecha, centro e izquierda en educación”, que considero todavía vigente y que puede consultarse en la web.*
En este caso, a los respetados y queridos colegas, con quienes tengo mayores acuerdos, mi texto, que menciono, les es menos aplicable, pero también lo es en alguna medida. Por ejemplo, cuando al defender la autonomía citan en un mismo plano la Constitución, la ley general de educación y la ley orgánica (de la Universidad), como si los tres textos merecieran el mismo respeto.
La realidad jurídico-política es diferente. La Constitución (desde 1952) consagró muy amplias garantías de autonomía a los entes de la enseñanza, y la ley orgánica de la Universidad, que aplica correctamente la Constitución, también organizó una forma de cogobierno muy participativa. Pero no es el caso de la ley 18.457, que legisló para la anep. Esta ley, según el doctor Horacio Cassinelli Muñoz, tiene (y no taxativamente) 18 inconstitucionalidades, la mayoría de las cuales reducen la autonomía, y el gobierno del ente autónomo se confía a un Codicen de cinco miembros: tres nombrados por el Poder Ejecutivo y dos electos por los docentes. Esta mayoría asegura no perder el control ideológico y protege el clientelismo.
Dicho esto, hay en el aporte de los dos universitarios varias reflexiones acertadas, relativas a posniveles de Primaria y de Secundaria, que no suelen encontrarse en otros análisis de educadores que se dedican al tercer nivel. Por ejemplo, cuando dicen: “Entre las causas de la actual situación anotamos: la persecución política durante la dictadura y la entrada en ese período de un cuerpo docente de pobre formación, la subinversión crónica –durante más de 50 años–, el empobrecimiento en la formación, la desmotivación de los docentes y el desquiciamiento de los locales.(...) A esto se agregó un crecimiento de la matrícula, positivo de por sí, pero que encontró al sistema público sin capacidad de cubrirlo con adecuados patrones de calidad”.
A esas observaciones compartibles es posible agregar que desde hace más de 40 años, y para aprovechar los locales insuficientes, las clases de Secundaria se redujeron de 45 a 35 minutos. Y, para destacar uno de los factores sociales supervinientes, ahora tenemos ya dos generaciones que llegaron a los 25 años de edad televisadas por un sistema mayoritariamente comercial, esto es, interesado en el lucro y no en la formación educativa. Ahora el Estado sigue intentando educar unas horas al día, mientras el sistema productivo actúa, en forma incesante, deseducando.
Los estimados colegas tienen también otros aciertos, pero descuento que ellos mismos preferirán que se señalen las discrepancias, porque saben de nuestras coincidencias. Ésta es la fundamental: el acuerdo promovido en febrero de este año entre los partidos políticos, aunque no es explícitamente legitimado por Álvaro Díaz y Roberto Markarian, es mencionado casi como un aporte plausible. Ese acuerdo, muy publicitado por los medios de comunicación, fue en realidad un claro ataque a la autonomía de la educación pública, porque incidía en los contenidos. No se trata de que la educación sea una república aparte, como sugiere a veces la derecha. El Poder Ejecutivo y el Parlamento tienen siempre funciones que cumplir: el primero posee en exclusividad la iniciativa presupuestal, el segundo aprueba la o las leyes presupuestales. Ambos deben tutelar los derechos individuales de todos los habitantes (incluyendo alumnos y docentes). A nadie se le puede ocurrir que si, violando la Constitución, en una escuela o liceo se aplicaran castigos corporales, o si alguna autoridad de la educación dispusiera (también inconstitucionalmente) que el laicismo está superado, los tres Poderes del Estado no pudieran intervenir. Deberían hacerlo, pero dentro de las normativas existentes, que prescriben las competencias de cada órgano. Al respecto, se puede consultar en la web.**
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