Brecha Digital

Cambio libertad por seguridad

Un ángulo posible, también infrecuente, del análisis y explicación de los fenómenos delictivos que caracterizan nuestro presente consiste en tratar de establecer cierta conexión con sus antecedentes, es decir, con fenómenos delictivos similares verificados en el pasado reciente, en particular durante el período previo al golpe de Estado en Uruguay. […]
En ese sentido, llamamos la atención acerca de que, al menos en nuestra experiencia pre-golpe (1968-1973), el delito común, su represión y penalización constituyeron una condición necesaria para que se instalara un doble proceso de “criminalización” y “prisionización” que le aseguró al Estado un plus de poder institucional –real y simbólico–, por sobre ciertas limitaciones institucionales, controles parlamentarios y garantías legales del Estado de derecho (1968-1973).

Asimismo, los procesos delictivos y los discursos construidos a su alrededor fueron uno de los componentes desestructuradores del tradicional relato social integrador –y estatal benefactor–, y dejaron paso, gradualmente, al discurso de los mal nacidos (bajo Pacheco Areco) y del enemigo interno (bajo dictadura) como contrarrelato conservador dominante. Las respuestas al incremento de los delitos y crímenes a través de modificar la legalidad y las prácticas estatales en un sentido cada vez más punitivo fueron acompañadas de transformaciones en los relatos de cohesión e identidad sociales que, a la larga, incidieron negativamente en la percepción de sectores importantes de la sociedad uruguaya y en las relaciones interpersonales, cada vez más estigmatizados y culpabilizados. Así, camino al autoritarismo, una mayor permisividad, indiferencia o aceptación de la violencia institucional y los castigos del Estado a los delitos y sus sujetos definidos por el propio Estado llegaron, incluso, a cambiar y redefinir los “límites de lo humano” para los uruguayos.
Pero, antes de proseguir los razonamientos, pongámonos de acuerdo en la siguiente constatación empírica.
Los procesos de criminalización y prisionización, más allá de las razones coyunturales que los determinaron en el pasado o los determinan actualmente, aunque diferentes, igualmente tienen una continuidad en la duración media del país. Las distintas etapas históricas, modelos económicos y formas políticas que se sucedieron desde 1968 al presente –de la crisis del Estado de derecho al autoritarismo y del régimen dictatorial al democrático, así como los gobiernos que se alternaron y las políticas públicas que se aplicaron desde 1985 hasta hoy, independientemente de las distintas adscripciones ideológicas o partidarias y de las diferentes alianzas o mayorías parlamentarias– no lograron erradicar la existencia ni al menos atemperar el impacto de los fenómenos delictivos sobre la población, ni su difusión por los medios de comunicación ni su influencia sobre las decisiones del mismo sistema político-parlamentario-gubernamental. […]
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