Brecha Digital

Todos mudos

“Con pies de plomo” hay que moverse en este caso, fue –palabras más, palabras menos– la respuesta que Brecha recogió una y otra vez de autoridades de los órganos estatales que investigan las irregularidades –y presuntos delitos– cometidos por Javier Fernández y Nathalie Manhard, dos conocidos empresarios que residen en Carrasco.
La Inspección General de Trabajo del mtss halló durante una inspección (que debió realizarse a través de un allanamiento) a dos trabajadoras bolivianas que cumplían tareas domésticas sin estar registradas en el bps y sin tener permiso de residencia y trabajo en el país.
Los testimonios de varias ex trabajadoras de la casa presentados por Brecha el pasado viernes dan cuenta de la situación de abuso y explotación laboral a la que eran sometidas. Eran contratadas por la dueña de casa a través de la empresa de colocaciones Verónica, ubicada en la capital boliviana, y una vez en Montevideo realizaban jornadas de más de 16 horas, con sólo cuatro horas de descanso a la semana, hostigamiento y amenazas de denunciar su condición de migrantes irregulares, y el regreso inducido e incluso forzado a su país de origen si decidían abandonar el trabajo. Estos abusos fueron testimoniados ante el semanario.
Días después del allanamiento se supo que el Juzgado de Crimen Organizado de 1er Turno investiga desde hace varios meses la posibilidad de que detrás de estos hechos esté actuando una red de trata de personas. Por este caso son indagados los empresarios.

MUY MAGNÍFICO. Este miércoles el abogado de la familia, Jorge Pereira Schurmann, llamó a no magnificar lo sucedido. El profesional reconoció que la familia cometió una “falta administrativa” al no inscribir a sus empleadas en el bps, pero catalogó la situación como un “descuido” del matrimonio, a quienes justificó así: “Algunas (extranjeras) no se terminan de adaptar, por eso a veces no las anotan (en el bps) inmediatamente” (El Observador, ayer, jueves). El representante de los trabajadores ante el bps, Ariel Ferrari, recordó a Brecha que “no existe período de adaptación” ni cosa similar que exonere del registro, y que, aunque un trabajador se encuentre en período de prueba, debe ser dado de alta inmediatamente ante la institución; si el vínculo luego no funciona, el trabajador será dado de baja. Cabe recordar que tanto Fernández como Manhard dirigen importantes empresas con personal a cargo. Sólo el grupo Parisien –del cual Nathalie es “pilar”, según la web corporativa de su empresa– tiene mil empleados. La pregunta que circula es, entonces, cómo empresarios con tanto personal a cargo pueden desconocer normas laborales básicas y cotidianas para ellos. Por otro lado, tampoco se comprende aún por qué no conminaban al personal a regularizar su situación en tanto migrantes. Ernesto Murro, presidente del bps, explicó a este semanario que los extranjeros pueden trabajar formalmente si obtienen el documento uruguayo, sea permanente o provisorio. Los convenios firmados con casi todos los países sudamericanos permiten que un trabajador migrante pueda obtener su cédula provisoria presentando certificado de buena conducta emitido en el país de origen, carné de salud y un domicilio fijo en Uruguay.

SILENCIO TOTAL. La información difundida la semana pasada fue recibida con un silencio casi monolítico en el ámbito político, así como en los grandes medios de comunicación (véase contratapa). Las novedades vinieron del entorno de los empresarios. El martes, un abogado de la familia Fernández Manhard se presentó ante el embajador boliviano junto a dos de las mujeres que hoy día trabajan en la residencia, para ofrecer su testimonio sobre las buenas condiciones de trabajo (versión que no pareció convencer al embajador, según supo Brecha) e invitar al diplomático a conocer la casa.
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