Sin censura

En cierta parte de la opinión pública –sobre todo la internauta– existe una suerte de histeria colectiva en torno al tema de la censura y la libertad de expresión. Un proyecto de ley del senador Pedro Bordaberry demostró la semana pasada que cualquier iniciativa que apunte a introducir mecanismos de regulación de contenidos, aunque sea un intento más bien tibio, es tachado automáticamente de “censura”.

Al senador colorado Pedro Bordaberry le dieron a probar la semana pasada una cucharada de su propia medicina. Está bien. Se lo tiene merecido. Luego de fustigar al gobierno acusándolo de querer instrumentar mecanismos de censura sobre los contenidos informativos de los medios de comunicación, terminó siendo él mismo objeto de acusaciones análogas.
Ninguna de ellas tiene mayor asidero: ni las acusaciones que Bordaberry y otros lanzaron primero contra las iniciativas del gobierno, ni las que el senador de Vamos Uruguay recogió más tarde por el proyecto de ley que busca extender el derecho de respuesta a los medios digitales, pero la experiencia quizás sirva de enseñanza. En cierta porción de la opinión pública uruguaya (sobre todo la que se expresa en plataformas como Facebook o Twitter) hay una suerte de histeria colectiva en torno al tema de la censura y la libertad de expresión. Cualquier iniciativa que apunte a introducir mecanismos de regulación de contenidos (aunque sea muy mínima y muy tibia) es tachada automáticamente de intento de “censura”, como si una especie de reflejo pavloviano se activara cada vez que el tema se pone a discusión. Sería un gran aporte al debate público que los dirigentes políticos y los opinadores en general se abstuvieran de apelar a conceptos como “libertad” o “censura” con la alegría y la irresponsabilidad intelectual con que lo vienen haciendo.

 

EL CONTEXTO. Todo empezó hace algunas semanas, cuando tomó estado público el hecho de que la ley de servicios de comunicación audiovisual en que había estado trabajando el anterior director nacional de Telecomunicaciones, Gustavo Gómez, había sido sacada del cajón en que acumulaba polvo desde que su mentor fuera destituido del cargo. Ya no iba a ser tirada a la papelera, como había prometido en su momento el presidente José Mujica. Antes de que nadie hubiera leído el texto, Facebook y Twitter ya estaban atiborrados de mensajes de repudio y llamados a defender la libertad de expresión presuntamente amenazada por el gobierno.
Poco después, el 20 de junio, el secretario de la Presidencia y los ministros de Interior, Defensa y Desarrollo Social anunciaron un paquete de medidas para mejorar la convivencia ciudadana. Entre las medidas planteadas, una refería a los medios de comunicación. Lo que se proponía era modificar el decreto que crea el horario de protección al menor (que data de la primera presidencia de Julio María Sanguine­tti) para incluir a los noticieros de la tevé.
Una semana más tarde, el filósofo Pablo da Silveira (de notoria vinculación al Partido Nacional) dijo en su columna del diario El País (26-VI-12) que “al gobierno no le gusta que los medios hablen de los problemas de inseguridad que padecemos” y que por eso “ha decidido servirse del horario de protección al menor para amordazar a los informativos”. “Lo que está en juego es la libertad y el Estado de derecho. Lo que está en juego es la República”, agregó, con gravedad y circunspección dignas de una catástrofe mayor.
El propio Da Silveira, más cauto, menos panfletario y menos apocalíptico, admitió explícitamente en otra columna, publicada esa misma semana por el semanario Voces (28-VI-12), que los medios de comunicación transgredían límites que no debían ser transgredidos. “La sangre, el dolor, la muerte, siempre despertaron el morbo de los seres humanos. (...) El problema no lo crearon los medios. Simplemente, los medios son la manera en que hoy se vehiculiza algo que siempre existió. ¿Esto significa que no debemos hacer nada? De ningún modo”, afirmó entonces. También admitió (esta vez implícitamente) que la regulación estatal de contenidos era una alternativa democráticamente legítima, aunque a su juicio inconveniente. Da Silveira exaltó entonces (como lo ha hecho muchas veces) las virtudes del gobierno limitado y de la autorregulación. “En muchos países, la autorregulación de los medios, las decisiones de los profesionales que trabajan en ellos (expresadas frecuentemente en códigos de ética a los que pueden apelar para resistirse a hacer ciertas cosas) y hasta la presión de grupos de consumidores, ayudan a que ciertos límites sean respetados”, apuntó.
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