Natural killer

El reciente convenio firmado entre la multinacional Monsanto y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria reafirma el rumbo del Uruguay sojero. Las nuevas evidencias que vienen de Europa sobre la potencialidad contaminante y cancerígena del maíz transgénico nk603 –de venta libre en Uruguay– y del herbicida estrella de la compañía, cuestionan la liviandad con que se resuelve su liberación comercial en el país.

Monsanto viene ganando terreno hacia el sur. Porque ya es tiempo de generar escenarios latinoamericanos que faciliten el cobro de regalías. Y en ese plan los países de la región
–los mayores productores de soja transgénica– son lógicamente su prioridad. Pero además se acerca una fecha clave: en 2014 vence su patente mundial por la tecnología en soja transgénica (denominada rr1), y en ese contexto la multinacional lanzó un nuevo producto (la Intacta rr2 pro) que intentará imponer. Previsora, la empresa ya comenzó a hacer su campaña comercial y política. Uruguay está comprendido en sus objetivos.*
Aunque la polémica respecto a que se puedan patentar tecnologías que usan genes como “materia prima” está lejos de resolverse, en los hechos Monsanto y las otras cinco empresas que controlan el mercado de los transgénicos –Syngenta, DuPont, Bayer, Basf y Dow– ya cobran regalías por sus “inventos”. Monsanto empezó a hacerlo en la década del 70 cuando patentó el glifosato, un poderoso herbicida para el que fue necesario “crear” plantas (transgénicas) que lo sobrevivieran (véase recuadro). Pero la expansión e imposición de los sistemas de cobro de regalías no fueron parejas para todo el mundo. Lo que pretende ahora Monsanto es que Uruguay “mejore” su sistema, al menos eso puede inferirse de las conversaciones que mantiene con el gobierno y de un acuerdo que firmó con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (inia). Lo mismo quiere para Argentina, Brasil y Paraguay, donde desde hace tiempo se difunden y denuncian negociaciones y presiones.

CONFIDENCIAL. El convenio Monsanto-inia fue gestado por la anterior dirección del instituto, encabezada por el actual subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech. Según informó La Diaria, la Comisión Nacional de Fomento Rural (cnfr), integrante de la Junta Directiva del instituto, no concurrió al acto del pasado 16 de mayo, donde se firmó el convenio. El presidente de esta gremial, Mario Buzzalino, dijo a Brecha que aún no ha logrado hacerse de una copia del documento, envuelto en una nube de misterio. El argumento que fue dado a la cnfr para restringir su acceso es que contiene cláusulas confidenciales.
El único material que se conoce, y al que accedió Brecha, es el que fue entregado a los diputados Edgardo Rodríguez, representante del mpp por Tacuarembó, y a Pablo Mazzoni, del Espacio 609 por Lavalleja, quienes realizaron pedidos de informes al inia.
En conversación con Brecha, el actual presidente del inia, Álvaro Roel, y el gerente de Vinculación Tecnológica, José Silva, explicaron que lo que se busca es mejorar la productividad de los sojeros locales, que viene rezagada en relación con sus pares de la región, lo que deja a Uruguay fuera de competencia. El convenio forma parte de la estrategia delineada en el plan 2011-2015 del instituto para “fortalecer las actividades de mejoramiento de soja a nivel nacional”. En el marco del acuerdo fueron enviados 500 gramos de semillas a la sede de Monsanto en Puerto Rico para que se les aplique (o introgrese) la tecnología de la soja Intacta rr2 pro. La diferencia entre la soja rr1y la rr2 es que la primera es resistente al glifosato y la segunda suma una resistencia a los lepidópteros, especie a la que pertenece la famosa plaga conocida como lagarta.
Según el informe que recibieron los diputados, las condiciones de Monsanto para que las semillas vuelvan al inia a hacer el proceso de adaptación al medio local son cuatro: que la soja Intacta sea liberada comercialmente en Uruguay, que se le otorgue la patente a Monsanto, que “exista un procedimiento para que Monsanto pueda cobrar las regalías que establezca”, controlado por la Asociación Uruguaya de Obtentores Vegetales (Urupov), y por último que China, la Comunidad Europea, Estados Unidos, Japón, Corea, Malasia y México acepten la importación de este transgénico. Se prevé que las semillas tratadas no regresarán a Uruguay hasta dentro de dos años, y que la posterior adaptación requerirá otros siete años aproximadamente. “Se podría esperar que en torno al año 2020 se produzca la liberación del primer cultivar generado por inia con la tecnología Intacta”, explica el informe.
Pese a que la comercialización de la soja Intacta se liberó el pasado 19 de setiembre, y pese a que el informe plantea que Monsanto se mostró satisfecho con el sistema de Urupov, diversas fuentes –entre ellas el ex vicepresidente del inia– dijeron a Brecha que es improbable que se ponga a la venta antes de que se reglamente un sistema que dé más garantías a la empresa para el cobro de las regalías.
Brecha intentó obtener la visión del subsecretario Benech –que tuvo y tiene activa participación en estos temas–, pero el jerarca se negó a hacer declaraciones si el semanario no se comprometía a enviarle una copia del artículo –para su revisión– antes de que fuera publicado, extremo que entra en contradicción con la innegociable independencia periodística que se practica en este medio.

MÁS QUE LOBBY. El cobro de patentes está causando problemas en Brasil, donde la empresa enfrenta un juicio por apropiación indebida de regalías. El fallo se produjo en abril de este año cuando el juez Giovanni Conti entendió que la patente había caducado en 2003. Monsanto apeló, pero en junio la Suprema Corte de Justicia extendió el fallo a todo el territorio brasileño. De hacerse efectivo, la empresa tendrá que desembolsar 7.500 millones de dólares para devolver las regalías que vienen pagando los 5 millones de productores brasileños desde 2004.
Pero si bien, como en este caso, se han concretado numerosos fallos contra Monsanto, esa no es la norma. Para empujar la liberación comercial de sus productos la empresa es experta en estrategias de lobby y –según se ha denunciado– también en ofrecer coimas.
El mundo según Monsanto, una investigación periodística realizada por la francesa Marie Monique Robin entre 2005 y 2008,** indagó acerca de los productos que la empresa ofrece y las presiones que ejerce sobre la comunidad científica. Una entrevista publicada en Brecha en 2009 iluminó sobre otras prácticas comunes de la multinacional, como el probado caso de corrupción (que se llevó a cabo entre 1997 y 2002) de cien altos funcionarios de Indonesia para que pusieran en el mercado su algodón transgénico. También se mencionó la modalidad de “puerta giratoria” que aplica Monsanto, y para explicarla se citó el caso de Michael Taylor, abogado de la empresa que ingresó a la órbita pública en la administración estadounidense de alimentos y medicamentos (fda por sus siglas en inglés) para redactar la reglamentación que regula los transgénicos en Estados Unidos, y luego de esa “gesta” fue ascendido a vicepresidente de Monsanto.
Las presiones siguen: para comprobarlo sólo hace falta conocer las precauciones a las que tuvo que enfrentarse el grupo de Seralini y el criigen para realizar su investigación (véase Brecha, del 28-IX-12), un estudio que probó que el maíz nk603 (que se vende libremente en Uruguay desde junio de 2011) y el Round up de Monsanto son cancerígenos.
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