¿Qué hacer con la cárcel?

Con Ana Juanche y Miguel Scapusio, de Serpaj

A pesar de las advertencias internacionales y nacionales, de los proyectos anunciados y los augurios de cambio, el Frente Amplio sigue sin poder hacer frente a la necesidad de reformar integralmente el sistema carcelario. En el marco de un curso que organizó Serpaj sobre la violencia en las cárceles, Ana Juanche y Miguel Scapusio conversaron con Brecha sobre el panorama actual, las fallas de las reformas que se han hecho y el futuro que se avecina.

Durante las últimas dos semanas de octubre, el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) organizó el curso “Violencia y sistema carcelario. Lecturas y reflexiones desde un abordaje multidisciplinario”, donde sociólogos, psicólogos y economistas discutieron sobre la violencia estructural de la sociedad y cómo opera en las cárceles.
Brecha conversó con los coordinadores del curso, la magíster en derechos humanos Ana Juanche y el psicólogo Miguel Scapusio, sobre los avances y traspiés del Frente Amplio (fa) para concretar medidas que comiencen a revertir un problema crónico.

 

—¿Cuáles creen que son los ejes centrales de la política actual del fa con respecto al sistema carcelario?
Ana Juanche (A J) —Ojalá lo supiéramos (risas). Yo no sé sobre el proyecto del Frente, pero el Poder Ejecutivo en este momento tiene su norte en el combate al hacinamiento y a las condiciones inhumanas de reclusión.
Esto tiene una cara y una contracara: la cara favorable es que, por fin, alguien pone atención e intenta dignificar, al menos, las condiciones materiales de vida de las personas privadas de libertad. Esto es, que el rancho sea un poco más nutritivo, que la persona no tenga que defecar, bañarse, comer y todo en un mismo espacio de dos por uno, que pueda calefaccionarse o preparar su propio alimento con una instalación eléctrica segura. Estamos hablando de las condiciones en su expresión mínima.
Muy distante está la posibilidad de desarrollar la vida integralmente, en clave de dignidad, ofreciendo respuestas a la persona que quiera trabajar o estudiar, por ejemplo.
No estamos hablando de esa compulsión presente en la retórica del Ejecutivo que se manifiesta cuando el ministro (del Interior) dice: “No los vamos a obligar (a trabajar o a estudiar), pero como nos dirigimos hacia un modelo de derechos, si la persona hoy se niega, va a ser llevada a su celda personal y será visitada tantas veces por el trabajador social que, con las semanas, estará convencida de que es el mejor modelo del mundo”.
De alguna manera es una coacción solapada de la mano de un técnico y ya no del agente policial. Esto se relaciona con ese discurso de pasar de los cuerpos policiales hacia los cuerpos civiles, pero no es por ahí la cosa.
Miguel Scapusio (M S) —Está el riesgo de que la gente que ingrese con excelente formación y con muy buenas intenciones en el marco de la llamada “rehabilitación” quede encorsetada en los moldes diseñados, pre-hechos, de las políticas estatales. El riesgo que se corre es que los equipos no tengan espacio para la creación.
A J —Es el peligro de la estandarización. No se toma en cuenta la complejidad de lo que puede ser, por ejemplo, la diversidad de género e incluso las diferencias entre mujeres muy jóvenes –que están llegando al sistema– y aquellas que son víctimas de violencia intrafamiliar o las que violan la ley de estupefacientes. Son perfiles muy diferentes y por esto los equipos tienen que tener la capacidad de abordar la situación con creatividad, con estrategias alternativas y no desde una intervención prefijada.
M S —Para ser un gobierno de izquierda, tiene mucho miedo a la autogestión.
—Si comparan las dos administraciones del fa con las políticas anteriores, ¿creen que hubo cambios?
A J —Venimos de más de 40 años de crisis del sistema. La situación actual es el producto acumulado de todo este tiempo de desatención con intencionalidad política. No es que no se supiera lo que pasaba dentro de las cárceles; se sabía mucho antes de que viniera (Manfred) Nowak. De alguna forma, poner a Uruguay en la vidriera internacional azuzó al gobierno.
Hay que reconocer que estas dos gestiones pusieron el tema en la agenda, hicieron que se incrementase el gasto público, promovieron la votación de partidas adicionales y el inicio de algunas acciones. No con todas ellas estamos de acuerdo. Entendemos que son medidas que no están articuladas y no hay un plan estratégico que dirija la reforma.
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