Derecho de familia

Con Ricardo Pérez Manrique, ministro de la Suprema Corte de Justicia

Es el primer y hasta ahora único ministro del máximo órgano judicial llegado desde la rama de familia, esa a la que muchos consideran menor pero que sin embargo define buena parte de nuestra vida. Sobre la familia uruguaya, la violencia doméstica y la minoridad infractora conversó Pérez Manrique con Brecha.

—Nuestra Constitución dice que la familia es la base de la sociedad, ¿qué se puede decir de la sociedad uruguaya atendiendo a la familia de hoy? —Lo dice la Constitución y todos los tratados de derechos humanos. El último censo mostró la existencia de una familia de la que no éramos muy conscientes. En la franja joven, el 80 por ciento de las parejas no están casadas, mantienen formas de uniones más o menos libres, en el grueso de la sociedad hay parejas constituidas que no siguen la forma matrimonial. Más del 40 por ciento de los niños no viven con el padre y la madre, lo que quiere decir que la familia monoparental cobra un peso mayor en la sociedad. Hay un 3 o 4 por ciento de parejas del mismo sexo que lo dicen frente al encuestador. Asumen esa forma de convivencia y pretenden que la sociedad la reconozca. Esta realidad tiene que ver con la ruptura de ciertas verdades que se daban como reveladas e indiscutibles. Es un proceso que tiene que ver con los últimos 25 años del siglo xx, donde en América Latina vivimos esta explosión de libertad, primero a través de una doctrina que quería llevar hasta las últimas consecuencias la libertad económica. Pero eso fue acompañado por expresiones que entendían la libertad en sentido más amplio y sobre todo cuestionaban aspectos vinculados con la exclusión de la diferencia en la sociedad. Entonces, creo que es una sociedad que no se apega a formas. Si hay una ley que ha fracasado en el país es la de uniones concubinarias. La mayoría son demandas de reconocimiento de unión posmórtem, para lograr un beneficio social, un porcentaje en la sucesión del fallecido. El fenómeno como reconocimiento de convivencia tal vez tenga que ver con ese núcleo duro de gente que vive en pareja con el mismo sexo y la única salida que tiene es ésta. —¿Qué lectura hace de ese fracaso? —La que le hice en un primer momento: es una ley excesivamente formalista, que pretende domesticar la libertad de tal manera que pone condiciones: cinco años de convivencia, por ejemplo. No reconoce ninguna consecuencia con relación a los hijos de esa pareja, que siguen siendo extramatrimoniales, como si los padres vivieran a mil quilómetros de distancia. En Francia existe la posibilidad de que la pareja diga que se va a someter a tal régimen patrimonial. Dicen “vamos a ver cómo distribuimos los gastos, cómo organizamos nuestra vida”, a través de los pactos de convivencia y solidaridad. Acá hicimos algo que generó una cantidad de problemas que hoy están llegando a los tribunales de apelaciones. Quiero decir, la ley estableció derechos donde no los había, como la posibilidad de que personas del mismo sexo tengan una validación legal, si es que están interesados en ella. Pero hay que admitir que otros no quieren esa validación legal. Y ese es un problema de la ley, porque prevé que una vez fallecido uno de los compañeros, terceros, los herederos, puedan promover el reconocimiento que estando vivos nunca quisieron hacer. Y es una acción que tiene un contenido exclusivamente patrimonial. —Iba a preguntar si la legislación uruguaya corre muy de atrás en los cambios sociales y de familia, pero ahora tengo la duda de si siempre hay que correr tras la realidad. —El tema es cómo interpretamos la realidad con una norma. Acá se hizo de manera demasiado formal y no dejó espacios para un régimen más amplio y de mayor libertad. Cuando hablo de fracaso me refiero al alto número de gente que vive en unión libre y no ha procurado obtener reconocimiento. Porque además esa gente, con dos testigos que aseguren que viven juntos, obtiene los beneficios sociales de las asignaciones y otras leyes vinculadas a la seguridad social, salvo cuando fallece uno de ellos, ahí tiene que hacer reconocer la unión concubinaria. Pero hay avances. Ninguno de los elementos que permitían reconocer a la familia en su identidad propia son determinantes hoy: estar integrada por personas de distinto sexo, que la finalidad fuera la procreación, que el fundamento fuera la maternidad natural… Hoy el fundamento especial es la voluntad que se expresa a través del afecto. Cuando hay afecto entre dos personas entiendo que hay familia, más allá de cuál sea el vínculo legal. Deberíamos repensar y modificar ciertos aspectos de la legislación, como el divorcio. ¿Qué derecho tiene el Estado a dificultar la disolución de una pareja que decide separarse porque desapareció el afecto? El Estado les exige que vayan al menos durante un año y medio a los juzgados a decirle “queremos divorciarnos, queremos divorciarnos”. Si la voluntad está firme, y si resulta un acuerdo básico sobre los temas propios de la disolución (hijos, visitas) el Estado no tiene derecho a seguir demorando esa decisión. —¿Resabios de un pasado que no queremos soltar? —Seguí en Brecha los comentarios de los demógrafos sobre el censo. Esa materia es fundamental para la planificación estratégica, para el desarrollo de la legislación, más en áreas como ésta, que tienen que ver con la familia. Me parece que sería muy bueno tomar los datos de la demografía y la sociología y empezar a legislar para esa realidad. Nuestra sociedad sigue siendo muy conservadora en muchos aspectos. Esta sociedad tiene discusiones muy fuertes planteadas en el debate público, pero sin perjuicio de eso en la realidad cotidiana tiene una actitud mucho más abierta. Me parece que en algún momento tendrá que haber una lectura sincronizada para hacer los cambios de legislación. VIOLENCIAS JUDICIALES —La violencia doméstica se convirtió en uno de los mayores problemas del país, al punto tal que el propio Ministerio del Interior dice que el lugar más inseguro para las mujeres no es la calle sino la casa. Sin embargo el Poder Judicial parece tratar el tema como si fuera un asunto menor. Un informe dejó al descubierto falencias preocupantes* de logística y de concepción de las cosas por parte de los jueces. —Siempre hay una tensión entre ley y realidad. Y hay distintas actitudes: hay personas que piensan que la ley cristaliza cosas para impedir un cambio. Otros piensan que la ley es una fotografía de la realidad sobre la que resuelve, pero no incide sobre ella. Yo entiendo que la ley es uno de los tantos factores que pueden ser factores de cambio. El Poder Judicial está trabajando en un programa de prevención en violencia de género financiado por la Unión Europea y Cooperación Española. En la primera etapa las facultades de Derecho y de Ciencias Sociales harán un estudio crítico del estado del Poder Judicial en cuanto a la lucha contra la violencia de género, tanto a nivel penal como de familia. Se van a sugerir cambios y hay un compromiso de profundizar y estudiar esos cambios y de trabajar en la capacitación para su aplicación. Pienso que esta actitud de abrirse a una mirada externa es un cambio muy importante para la justicia uruguaya. —Algunos problemas no necesitan seguir acumulando informes y diagnósticos. Por ejemplo: 60 por ciento de las denuncias se hacen en el Interior, sin embargo no existen juzgados especializados salvo en la zona metropolitana, y uno en Paysandú. —Desde siempre entendí que en todo el Interior tiene que haber juzgados especializados. La Corte en su presupuesto pidió la creación de una serie de juzgados en el Interior. Hay en las Piedras, Ciudad de la Costa, Pando y Paysandú. Estamos trabajando en los previstos para 2013 y 2014. El Parlamento accedió a un número inferior al solicitado, y en un período que abarca el quinquenio. Lo ideal sería uno por capital departamental. Tenemos un equipo técnico mínimo. Integrado por un asistente social, un psicólogo y un forense. Está regionalizado el servicio de psiquiatría forense. Estamos tratando de ampliar el número de psiquiatras infantiles. Nos falta algún equipo técnico en los juzgados especializados de Montevideo. También hay que pensar que este es un fenómeno cultural. España era un verdadero ejemplo, al menos hasta el anterior gobierno, en cuanto a definiciones de políticas legislativas avanzadas, inversión, soluciones. Sin embargo, es un país que tiene un alto índice de mortalidad por violencia doméstica. Hay que apuntar a trabajar el plano cultural, desde la escuela. Y definir qué hacemos con los agresores. Hay programas exitosos en Europa, y nosotros estamos bastante atrás. —¿Cómo se trabaja en esas experiencias? —Hay grupos que trabajan con los fenómenos derivados del estrés postraumático. Una psicóloga uruguaya, Isabel Fernández, trabaja en Italia sobre aspectos del inconsciente. No a través del psicoanálisis sino de otro tipo de teorías, porque parten de la base de que, contrariamente a lo que sostenía Freud, el inconsciente no se puede expresar en palabras. Como generalmente el núcleo de la agresión está en un fenómeno inconsciente, difícilmente expresable en palabras, manejan técnicas que permitan expresar esas cosas. Sé que ha funcionado, en varios países lo hacen y aquí hay gente que está trabajando. En España también vi cárceles para grupos de agresores, donde el tipo tomaba conciencia de que estaba preso por ser violento y agredir a su pareja. Porque muchos pasan por el fenómeno de la cárcel y siguen culpabilizando al afuera –es decir a la persona que lo denunció– como único responsable de su situación. —Uno de los problemas más relevantes es el bajo porcentaje de audiencias evaluatorias, aunque están previstas en la ley. Los jueces toman medidas cautelares, como impedir el acercamiento del agresor a la víctima, pero raramente hacen el seguimiento para saber si se cumplen o no. —Sé que hay casos que se solucionan mal. La carencia de audiencias evaluatorias es un dato que seguramente sea relevante, y surgirá del estudio que mencioné. Hay casos en que ni el agresor ni la víctima van a la audiencia evaluatoria y se tiende a decir que si no vinieron es porque se arreglaron. Insisto en que la ley de violencia doméstica es de orden público y por tanto ajena a la voluntad de las partes. Ese “arreglo” puede significar volver a la situación de violencia. No deberían archivarse sino que correspondería un informe del equipo social para saber si cesó la violencia, o si cada cual hizo su vida aparte y se terminó el problema, o es que están viviendo juntos y sigue el fenómeno. No niego que hay actitudes que no se corresponden, que son reprochables. En España visité algunos lugares donde había mujeres amenazadas de muerte por sus parejas. Tenían una cantidad de medidas de seguridad, funcionaban en locales de alguna manera encubiertos. El sistema de justicia (incluida la Policía, los fiscales) debe determinar riesgos graduales. Y hay casos en que el riesgo es devolver la víctima a su casa, aun aplicando medidas de exclusión. Uno puede determinar con una mediana dosis de probabilidad que algunos agresores no se detendrán ante una medida cautelar. —¿No hay cierta permisividad con el error judicial cuando se trata de derecho de familia? Parecería que si las decisiones afectan a los bienes patrimoniales es mucho más grave que cuando se refieren a una víctima cuya vida puede correr riesgo. Es como un derecho menor, no pasa nada si te equivocás. —(Queda en silencio.) No puedo ocultar que hay gente que considera que es un derecho de segunda categoría. Creo que el hecho de que yo esté en la Corte es muy importante para revertir esa posición. La Corte actúa contra un juez, en materia disciplinaria, contra denuncia de parte, y otras veces por la trascendencia pública. Tiene un mecanismo que le permite pedir que se informe –sin influir en la opinión el juez– qué es lo que ha pasado con determinado expediente. Si no está de acuerdo y entiende que hay falencias desde el punto de vista administrativo en el proceder del juez puede disponer una investigación administrativa o un sumario. Recientemente se han tomado varias medidas de destitución de jueces. MENORES Y VALORES —Según su experiencia, en los juzgados y tribunales ¿existe algún vínculo entre violencia y minoridad infractora? —Lo que puedo decir es que hay muchos casos de infractores graves en los que ese chico carga consigo una serie de rupturas, donde el Estado y la sociedad han fracasado. Fracasó el sistema educativo, la familia no existe o se ha desinteresado, el consumo es habitual, y donde el medio de subsistir es que ese adolescente robe. También hay adolescentes que teniendo un nivel de estabilidad familiar cometen estos delitos por ganar prestigio en sus círculos, o los cometen por llegar a determinado nivel de consumo (championes, aparatos electrónicos, etcétera). Hay temas vinculados al incumplimiento de los deberes de la patria potestad. Un estudio de nuestro viejo Código Civil dice que frente a la irresponsabilidad de los padres se puede decretar la pérdida. El tema es si eso permite una solución del problema. Creo que en nuestro país se van acumulando generaciones donde esta cultura del esfuerzo se sustituye por la cultura de la satisfacción inmediata. Sumamos generaciones donde la institución familiar (sea monoparental o con ambos padres) se debilita en cuanto a rol formador, de enseñar reglas, de convivencia, para cumplir un papel de amigos, en una relación bastante indefinida en la que el límite no aparece. Y trata de delegarse el límite a instituciones como la escuela, el deporte. Basta ver los expedientes de cualquier menor infractor y leer los estudios sociales para percibir esta cadena de rupturas. Y está el hecho de que las políticas no han funcionado en su rol de inclusión. —No puedo dejar de pensar que los jueces optan mayoritariamente por privar de libertad a los menores. —Ahí hay varios problemas. Nuestro derecho permite que un adolescente que comete una rapiña no sea privado de libertad, y el juez puede aplicar otra medida. Cada vez que un juez adopta una medida alternativa, sale en la prensa. Son duramente cuestionados por otros sectores de la sociedad por aplicar penas mínimas o no privar de libertad. Por otro lado, en Montevideo los delitos que se cometen últimamente son de tal gravedad que muchas veces el juez no tiene otra alternativa que privar de libertad. Y para que la privación no fuera medida excluyente el juez necesitaría un arsenal de alternativas confiables. —¿No hay? —Creo que no estamos en un sistema que permita aplicar las medidas alternativas de una manera confiable. Falta mucho en ese sentido. Hay dificultades para controlar la eficacia de las medidas. En este corsi e recorsi de nuestra sociedad se ha privilegiado que los adolescentes no se escapen para después pensar en la educación. Se han hecho cosas, pero lo logrado es insuficiente. Debemos tener más elementos. El Código prevé más alternativas: la libertad asistida (que es la medida tradicional) y la libertad vigilada (una medida que importamos de Estados Unidos). Allí el joven tiene un oficial de prueba con el que está conectado permanentemente. No quiere decir que el oficial lo siga, pero sí sabe qué hace y controla lo que hace el chico en la calle. Hoy por hoy consiste en que el chico va una o dos veces por semana, cuenta en qué está y cómo está planificando su vida. Esa otra medida podría ser un poco más coercitiva en el sentido de que es un acompañamiento de vida. Estos muchachos muchas veces salen de Berro o de otro establecimiento y vuelven al seno de la comunidad donde tuvieron todos los problemas, y tienen dificultad de armar su vida aun con la voluntad de recuperarse. —¿Se han restringido los derechos de los adolescentes en estos últimos años? Hay quienes dicen que el Código de la Infancia y la Adolescencia está viejo y obsoleto, y otra corriente dice que los jóvenes pierden cada vez más derechos, como con el mantenimiento de antecedentes. —El Código fue aprobado con una concepción que algunos consideran ingenua, pero nadie discutirá que es garantista. Fue aprobado por la unanimidad de los partidos. Nunca se planteó modificar aspectos vinculados con los infractores hasta que vino el último impulso por algunas figuras que públicamente salieron a hacer campaña anti-Código, diciendo que era híper benigno, etcétera. Esas figuras tuvieron buena acogida en la prensa. Y eso derivó en planteos parlamentarios que lograron que se aprobaran una serie de leyes que modificaron el Código en su concepción original. Ahora, las disposiciones que se han tomado sobre adolescentes infractores han sido casi todas por acuerdo político, o sea que todo el sistema político ha estado de acuerdo. Hoy tenemos a estudio del Parlamento en el paquete de seguridad otra ley más, y tenemos un plebiscito. Entonces digo: la concepción del Código ha sido alterada, y diría que hay un deslizamiento hacia una posición de mayor dureza con los adolescentes infractores. —¿Y cuál es el riesgo para la sociedad si la baja en la edad de imputabilidad se concreta? —Por razones del cargo que ocupo trato de no hablar del plebiscito, sin perjuicio de que todo el mundo sabe que estoy en contra de bajar la edad y lo diré cada vez que me lo pregunten. Pero evaluar riesgos, que creo que existen, es un tema que dejo librado al debate político. * “Provisión de información pública sobre violencia doméstica y maltrato infantil por el Poder Judicial”, de Rosana Medina y Tania da Rosa. Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública. Montevideo, 2011.