Garzón

La reconstrucción de los hechos anteriores a la aprobación del puente sobre la laguna Garzón, y la forma en que el inversor argentino Eduardo Constantini logró la aprobación de sus proyectos inmobiliarios, evidencian desprolijidades e irregularidades administrativas.

 

A su vez, queda expuesto el doble rol que cumplieron jerarcas de la anterior administración y allegados al actual gobierno que también asesoraron a las empresas del argentino.

Cuando el empresario argentino Eduardo Constantini completó los trámites para construir un barrio privado en Rocha y obtuvo el apoyo de las autoridades políticas para construir un puente sobre la laguna Garzón –allá por 2008–, sintió que debía mostrarles a sus potenciales clientes cuán extraordinario era su logro. "Este es el primer proyecto de este estilo en la región por dos razones: regulatorias, porque no se permitían proyectos de este tipo, y segundo por la construcción del puente sobre la laguna Garzón cuyo proyecto ya fue aprobado por las autoridades correspondientes", promocionaba la página web del proyecto, casi presagiando el anuncio que el gobierno recién hizo hace dos semanas. Hoy el sitio está fuera de servicio, pero al menos desde marzo de 2010 el empresario promociona en Internet su emprendimiento –bautizado Las Garzas Blancas– tomando la construcción del puente como un hecho, a pesar de que aún no hay una aprobación formal. Lo que Constantini muestra ya como laudado a sus clientes, no obstante, tiene como trasfondo varias polémicas legales, desprolijidades administrativas y una buena dosis de presión política sobre el trabajo técnico.

Todo comienza con la adquisición del predio en donde hoy está en marcha el barrio Las Garzas Blancas, compra realizada en 2006 por la firma Jaswik sa (sociedad controlada por la firma Consultatio sa, propiedad de Constantini). Actualmente aprobado por la Intendencia y la Dinama, el emprendimiento implica el fraccionamiento de un predio de 240 hectáreas en lotes de 2 mil a 4 mil metros cuadrados y la construcción de las llamadas amenities, espacios de esparcimiento comunes como un club-house o un beach-house. "El espíritu es preservar la tranquilidad del área y particularmente la belleza natural que ofrecen el mar y sus playas, la forestación, las cárcavas, y la fauna autóctona, destinando más del 50 por ciento del terreno a espacios verdes y áreas comunes", señalaba el portal. Tranquilidad también preservada por la seguridad privada que vigilará todo el perímetro.

Sin embargo, esa aprobación municipal y ambiental no estuvo exenta de irregularidades. En abril de 2008 es Consultatio, y no Jaswik, la que se presenta ante la comuna y la Dinama para obtener las autorizaciones correspondientes. Ese proyecto promovido por Consultatio obtuvo la clasificación "B", es decir un proyecto con un impacto ambiental negativo moderado, pero que requería que el interesado presentara un informe al respecto. No obstante, la comunicación de la Dinama a la Intendencia en donde se califica a Las Garzas Blancas como un proyecto "B" nunca aparece en el expediente en trámite, lo que hubiese implicado la detención del emprendimiento hasta que no se hiciera un estudio de impacto ambiental (de hecho el ex edil nacionalista Alejo Umpiérrez denunció el extravío de esa comunicación).

Pero más tarde, concretamente en junio de 2008, aparece Jaswik –y no Consultatio– solicitando ante la Dinama que se archive aquel proyecto. Simultáneamente presenta uno nuevo que obtiene clasificación "A", que corresponde a las obras con impacto ambiental negativo no significativo, dentro de lo tolerado y previsto por las normas vigentes.

Por otra parte, a esta altura de la solicitud de permisos ambientales es un hecho que Consultatio tenía en su plantel técnico a jerarcas del gobierno. El ingeniero civil Jorge Camaño firmó en julio de 2008 la propuesta elevada por Jaswik a la Dinama para que se califique a Las Garzas como "A". Al momento de la rúbrica, Camaño figuraba como especialista de gestión ambiental de Consultatio y al mismo tiempo como director nacional de Inversiones y Planificación del MTOP, cargo que había asumido en marzo de ese año. Fue asesor ambiental de la Dirección Nacional de Hidrografía, y hoy es el director nacional de esta repartición.

Ante la probabilidad de que los "hechos, daños u omisiones" de la Intendencia y la Dinama produzcan daños al ambiente, el 25 de febrero de 2009 el estudio SPU Abogados y la asociación civil Vida Silvestre presentaron una acción de amparo contra la Dinama por tramitar dos expedientes para un mismo inversor que no realizó estudios ambientales sectoriales, desconociendo la ordenanza costera, la ley de ordenamiento territorial, y la ley de protección general del medio ambiente. Según los demandantes, los dos proyectos son similares, pero logran una diferente calificación en tiempo récord, lo que le permitió a Constantini empezar a comercializar el emprendimiento prematuramente. También se presentó acción de amparo contra la Intendencia de Rocha por realizar un contrato con un inversor que en realidad tenía una calificación diferente a la comunicada (la "B").

Por otro lado, un decreto de la Junta Departamental declaró a la zona del emprendimiento como un área suburbana, lo que le permitió a Constantini realizar fraccionamientos de dos hectáreas, permitiéndole vender mayor cantidad de lotes. Asimismo, el mvotma dio autorización ambiental sin aplicar la ley de ordenamiento territorial (número 18.308, del 18 de junio de 2008) que mantiene la prohibición de proyectar un barrio privado en un inmueble rural. Resulta que a pesar de que el aval de la comuna al emprendimiento sobrevino dos días más tarde de aprobada la ley, Las Garzas Blancas no fue afectado porque la norma se publicó el 30 de junio. La autorización firmada por la entonces directora de la Dinama, Alicia Torres, supuso otro error, pues fue otorgada a un predio ubicado en el paraje Las Garzas, un balneario situado a quilómetros de Las Garzas Blancas.

Si bien el recurso de amparo no prosperó por no encontrarse un daño ambiental inminente, en la resolución se dejó constancia de la existencia de estas "conductas administrativas más que erráticas y aparentemente tendenciosas" por parte de la Dinama y las autoridades de aquel momento (según el fallo de María Jacqueline Enrique).

La actuación de esa dirección en torno al caso Las Garzas Blancas también sacudió la interna de ese organismo ejecutor. El 19 de febrero de 2009 renunció la arquitecta Mercedes Medina después de comprobar ocularmente que la Dinama había autorizado un emprendimiento que iba a afectar severamente el sistema de cárcavas. Más recientemente, el 23 de diciembre de 2010, el emprendimiento de Constantini fue sujeto a una medida de prohibición de no innovar sobre una faja de defensa costera después de que SPU denunció la construcción del beach-house y otros amenities sobre esa zona protegida.

Del barrio al puente. Los litigios de Consultatio con los demandantes cesaron a mediados de 2011. Las construcciones en tanto continuaron. Pero faltaba la segunda parte del proyecto: el puente sobre la laguna Garzón, que fue pensado junto a Las Garzas Blancas como parte de un mismo emprendimiento. El 16 de diciembre de 2008 se firmó el acuerdo entre Jaswik, el MTOP y las intendencias de Rocha y Maldonado para construir el puente. Cabe recordar que el proyecto de construcción del puente presentado a la Dinama para su autorización ambiental lo hizo el MTOP –paradójicamente– junto con Consultatio.

Del expediente consultado por Brecha se desprende que la intención del mvotma de alejar el puente de la desembocadura –pretensión que se concretará, según lo hizo saber la ministra Graciela Muslera hace dos semanas– fue advertido a los técnicos de Consultatio desde la etapa inicial. Así, en agosto de 2008 el MTOP recomendó a Consultatio "pensar directamente en estudiar una ubicación alternativa más segura, más retirada de la desembocadura, que esté alejada de la frágil zona donde se la propone, donde demande menor complejidad de estudio y se tienda a minimizar los riesgos asumidos".

Las observaciones durante todo el proceso fueron varias. El 1 de julio de 2009, por ejemplo, la división de Evaluación de Impacto Ambiental de la Dinama estimó que la información brindada por Consultatio "era básica y elemental", y encontró "desviaciones y omisiones, como probable consecuencia de no haber realizado una detallada descripción de las actividades". El departamento de gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (snap) dio un paso más y el 10 de agosto emitió opinión contraria a la construcción no ya del puente de Constantini, sino de cualquier otro. "La idea de la conexión de los dos tramos de ruta 10 mediante un puente sobre la laguna Garzón constituye una fuerte amenaza para el ecosistema. Si queremos conservarlo será necesario tomar en consideración la no construcción del puente", estableció el informe del snap.

De observación en observación se llegó a octubre del año pasado, cuando la ministra Muslera pidió nuevamente información ampliatoria. Paralelamente, el presidente Mujica solicitó un informe a Hugo Eguía, un ingeniero de su confianza. Justamente este último pedido ampliatorio de Muslera fue considerado arbitrario por Eguía, quien además criticó a la Dinama por estar "predispuesta a no aceptar otra respuesta que cambiar de lugar el puente". "La Dinama (o algunos de) han decidido no autorizar el puente en el emplazamiento de la ruta 10, independientemente de los estudios que se presenten", sentenció en el informe (véase Búsqueda, 12-I-11). El informe motivó una respuesta del actual titular de la Dinama, Jorge Rucks, por considerarlo "agraviante, incorrecto y sesgado".

El rol de Eguía en todo el proceso no se agota en asesorar al presidente sino que se desempeñó como director del estudio hidráulico del puente en la consultoría elaborada por Consultatio, según el documento al que accedió Brecha. Si bien este semanario pudo saber que se trata de un viejo amigo del presidente que brindó su opinión por fuera y nunca fue un funcionario contratado, Eguía ha actuado a favor de la empresa recomendando al MTOP un puente más corto, de 180 metros de longitud en lugar de la opción de 240 metros inicialmente discutida, lo que obviamente implica un ahorro de inversión. Así en la consultoría, Eguía concluye que "la opción del puente de 240 metros de longitud no ofrece una modificación sustancial (en términos de impactos de erosión) a la opción del puente de 180 metros, e incurre en una mayor inversión".

La impresión de Eguía de que la Dinama se oponía al puente ya se había extendido a otros actores políticos. De hecho, el 17 de diciembre de 2010 un grupo de ediles rochenses del FA dio cuenta ante la Junta Departamental local de una reunión con la Dinama en torno al tema del puente. "Las conclusiones que sacamos es que la Dinama no tiene ninguna voluntad política de resolver el tema favorablemente. (...) Lo que en realidad sí sacamos como conclusión es que la opinión del Ministerio de Obras Públicas sería de mucho peso para la decisión", dijeron según se desprende de las actas de la sesión. Relataron que cuando se reunieron con el jerarca de la Dinama (no aclaran de quién se trata) le preguntaron cuánto pesaba la opinión del MTOP, a lo que el jerarca respondió "que pesa y mucho y seguramente va a ser una cosa que va a definir de una forma u otra el tema".

Pero amén de las tensiones entre las miradas políticas y técnicas, lo cierto es que todo el proceso se detuvo en octubre pasado cuando la ministra solicitó información ampliatoria. De allí en adelante, el mvotma y el MTOP llegaron rápidamente a un proyecto de puente diferente, que ya está a punto de contar con una resolución favorable en la Dinama. Las señales contradictorias, sin embargo, siguen marcando todo el proceso pues el proyecto del puente fue anunciado sin un acto jurídico previo y con un entorno confuso. Según se anunció, el prestigioso arquitecto radicado en Nueva York Rafael Viñoly será el encargado de elaborar el proyecto. Brecha se comunicó con el profesional, quien declinó hacer declaraciones por el momento, aunque sostuvo que no ha tenido ninguna "comunicación oficial sobre esta situación", más allá de lo publicado por la prensa. n