Garzón. Foto: AFP

No hace mucho tiempo, Jesús Quintero ("el loco de la colina"), periodista brillante y libertario, entrevistaba al juez Baltasar Garzón. "¿Cuál es el peor delito que puede cometer un juez?", preguntaba Quintero. Y el magistrado respondía: "Sin lugar a dudas, la prevaricación. Dictar una resolución injusta es la negación en sí misma de la justicia. El juez tiene el poder que le dan las leyes y la Constitución. Utilizar ese poder en contra de alguien o en aprovechamiento propio es absolutamente injustificable".

 

Ahora el propio Garzón se sienta en el banquillo acusado de un presunto delito de prevaricación por la instrucción de los crímenes del franquismo. La acusación, encabezada por el sindicato de abogados ultraderechista Manos Limpias y por Falange Española de las jons (el partido que inspiró el golpe del 36), le atribuye haber realizado una investigación judicial sin tener competencia para ello. Por esta causa se pide una inhabilitación de Garzón de hasta por 20 años, lo que supondría el fin de la carrera de uno de los jueces más importantes en la lucha contra la impunidad de las dictaduras militares latinoamericanas (en especial de Chile y Argentina). De igual modo, Garzón se enfrenta a otras querellas por su actuación en las escuchas del llamado caso Gürtel, una red de corrupción en la que están implicados dirigentes del hoy gobernante Partido Popular, y por la supuesta financiación ilegal de unos cursos que tomó entre 2005 y 2006 en la Universidad de Nueva York.

El caso Garzón es complejo. Su figura es compleja. La propia izquierda y parte de los movimientos sociales han encontrado en la figura de Baltasar Garzón un punto de debate que ha creado amplios movimientos de apoyo y también serias dudas sobre su forma de entender la justicia. Quienes lo atacan lo consideran una estrella mediática que ensombrece la lucha silenciada de numerosos colectivos antifascistas. Dicen también que se ha mostrado desmesurado y poco riguroso, avalando las declaraciones de autoinculpación de presos de Guantánamo o la utilización de terminología un tanto arbitraria a la hora de relacionar el genocidio nazi con el entorno abertzale de eta. Y lo critican por haberse acercado en su momento al poder político socialista, arropado por ejemplo por Felipe González.

Quienes lo ensalzan lo consideran en cambio como uno de los mayores defensores de causas justas, que asumió en un ambiente nada propicio como es el de la judicatura española, heredera de tramas y situaciones afines al franquismo.

En cualquier caso, Garzón parece seguir la estela dejada por jueces como Giovanni Falcone, asesinado por la mafia siciliana en 1992, que defendió en su tiempo que el sentido del deber moral está más próximo a la justicia que la propia institución que la salvaguarda.

Una de las situaciones paradójicas de toda esta historia es que da la sensación de que existe una amplia conciencia de apoyo a Baltasar Garzón que parece focalizar sus esfuerzos en la defensa de la persona, más que en la necesidad urgente de hacer visible las causas de fondo. Esta situación se hace más evidente en el contexto de la ley de la memoria histórica, una ley denostada por la derecha y la Iglesia Católica, y que parece ser uno de los pocos puntos en que los partidos a su izquierda le reconocen al psoe haber sido coherente con su antigua tradición política.

Pero más allá de debates sobre coherencia, medios de comunicación y luchas de poder en el entramado de la política española, más allá de los límites que Garzón haya tenido que traspasar, se encuentra el armazón –ahora visible– del propio sistema judicial, que de repente se encuentra arropando la imposibilidad del ejercicio de justicia sobre los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la guerra civil y la dictadura de Francisco Franco.

El propio Garzón ha construido su defensa no tanto en la ilegitimidad del proceso seguido en su contra sino en la causa de fondo, la que ha motivado sus actuaciones. Garzón ha defendido ante el Tribunal Supremo la obligación de atender las miles de denuncias que desde diciembre de 2006 recibió en su juzgado por detenciones ilegales, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, ocultamiento sistemático de cadáveres y tortura de miles de personas, un conjunto de hechos que el juez ha calificado como genocidio y crímenes contra la humanidad. En los últimos meses se ha sumado un nuevo drama: el de los miles de niños dados por muertos en hospitales españoles a fines de los treinta, cuando en realidad estaban siendo entregados a familias adineradas, militares, empresarios afines al régimen, en un contubernio entre la Iglesia Católica y las propias autoridades franquistas.

De prosperar las acusaciones contra Garzón, lo preocupante, más allá de lo que suceda con el propio juez, sería fundamentalmente la pesada puerta que tras de él se estaría cerrando: la de la posibilidad de que por fin se reconozcan las atrocidades del franquismo y se permita investigar y hacer visible el hecho de que muchos de los que siguen en el poder, en los juzgados, en los cuarteles están allí por sus vínculos con aquella dictadura.

De un lado del banquillo está claro que están sentados anarquistas, comunistas, socialistas, inte­­lectuales y obreros, maestros, curas rojos, republicanos, campesinos pobres; también, incluso, quienes vivieron en la ignorancia.

Y en el otro lado, ¿quién está sentado? 

Una sociedad marcada por el miedo

Tras la muerte del dictador Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, las elites políticas que gestionaron el retorno de las libertades en España acordaron una amnistía que dejó en las cuentas del olvido a 113 mil hombres y mujeres asesinados por la represión de los militares fascistas.

Cuando en 1979 conquistaron el poder municipal partidos que habían sido clandestinos durante el franquismo, algunos familiares iniciaron la exhumación de fosas comunes. Lo hicieron sin medios técnicos, movidos por el impulso de dar un entierro digno a sus seres queridos.

En diferentes provincias surgió un movimiento social que se vio truncado el 23 de febrero de 1981, con el golpe de Estado del teniente coronel Tejero, que, pistola en mano, entró en el parlamento al grito de "¡Quieto todo el mundo!". Así, como un reflejo condicionado, despertó el miedo acumulado por las familias que habían sufrido cuarenta años de vigilancia y castigo, y se paralizó la relación con ese pasado traumático. Los partidos políticos convivieron perfectamente con el silencio, mientras la elite de la dictadura conservaba sus privilegios y blanqueaba su biografía. Al tiempo comenzó a construirse el mito de la transición; el retorno a la democracia se había llevado a cabo en España y era el modelo a imitar. Una ficción que evitaba contar, por ejemplo, que entre 1976 y 1981 fueron asesinadas 600 personas, fundamentalmente por la extrema derecha. El repunte del miedo hizo que hubiera que esperar casi veinte años para que la generación de los nietos de los asesinados rompiera el silencio, cuestionara el relato oficial de la transición y mirara hacia el pasado a través de los derechos humanos.

El 21 de octubre de 2000, en un pequeño pueblo de la provincia de León llamado Priaranza del Bierzo, un grupo de arqueólogos y forenses exhumó los restos de 13 civiles, militantes de izquierda. Allí se puso en marcha un movimiento social que no ha dejado de crecer y que, casi sin apoyo institucional, ha exhumado en estos 11 años los restos de 5.700 personas en más de 300 fosas comunes a lo largo y ancho del territorio español.

A partir de julio de 2002 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentó decenas de casos ante el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de la onu, y, con el asesoramiento de alguno de los abogados argentinos que habían promovido los juicios desde España en los casos de Argentina y Chile, inició sus primeras denuncias. Según la ley de enjuiciamiento criminal española, cuando aparecen restos humanos con signos de violencia un juez se tiene que presentar inmediatamente en ese lugar. Pero decenas de jueces en estos años han incumplido conscientemente su obligación.

El 14 de diciembre de 2006 un grupo de asociaciones presentó en la Audiencia Nacional una denuncia acompañada de varios listados de desaparecidos. El reparto que se da en ese tribunal llevó el caso al Juzgado 5, del que entonces era titular Baltasar Garzón. El magistrado se declaró competente para investigar esos crímenes el 16 de octubre de 2006. A partir de ese momento comenzaron a producirse situaciones inverosímiles que lo obligaron a inhibirse y a repartir su causa por decenas de juzgados. Unos meses después, Garzón fue denunciado por el sindicato Manos Limpias, organización recientemente premiada por la Fundación Francisco Franco.

La sociedad española vive todavía marcada por el miedo. La elite del franquismo ha conservado todos sus privilegios, incluido el del olvido. La investigación de Garzón supuso una amenaza para una estructura social surgida de una terrible violencia. Mientras tanto, miles de víctimas han muerto sin existir para los poderes del Estado y eso aumenta la deuda con los descendientes de quienes crearon nuestra primera democracia durante la Segunda República. n

Emilio Silva Barrera*

* Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de España. Nieto de la primera víctima de la represión franquista identificada mediante una prueba de adn.